A las 13.45 comenzó la sesión especial, que se espera que se extienda hasta las 3 de la madrugada. El Frente de Todos cuenta con el acompañamiento en general de bloques aliados y sectores del radicalismo. Sin embargo, el oficialismo no llegaría con los votos para los incisos referidos a cobrarle Ganancias al Poder Judicial y la atribución del Ejecutivo para fijar los precios de la retenciones.
La Cámara de Diputados de la Nación inició esta tarde la sesión especial para debatir el proyecto de Presupuesto 2023, que proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y que destinará más del 70% de los recursos a gastos sociales.
Impulsada por el Frente de Todos, la sesión comenzó a las 13.45 y podría extenderse por espacio de 20 horas, con lo cual la votación en general se produciría cerca de las 3 de la madrugada, para luego avanzar con los artículos en particular. La sesión comenzó con la presencia de 130 legisladores en el recinto pertenecientes al Frente de Todos, Provincias Unidas, Evolución Radical y la UCR.
Desde el bloque oficialista, el titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Heller, sostuvo que “el crecimiento es fundamental para poder encarar los diversos problemas que tenemos por delante, aunque está claro que hace falta un Estado activo que actúe en la regulación de la puja a favor de los que menos tienen y más necesitan”.
Del lado de la oposición, el diputado del Pro Luciano Laspina opinó que el presupuesto «se queda a mitad de camino: no prioriza el gasto y el ajuste recae fundamentalmente en tarifas, hay muy poco de ajuste en términos de reformas del gasto del Estado, recortando la educación, las universidades, las provincias”.
Sobre la exención impositiva para los trabajadores del sindicato de Camioneros, en el artículo 104, Laspina lo consideró “un sinsentido poner este privilegio en el medio de la crisis social, política y económica”. “Este Congreso no puede ser rehén de una corporación, mucho menos las que tienen comportamiento extorsivo y mafioso”, subrayó.
Luego, instó a construir “una nueva mayoría que nos saque de esta pesadilla del descontrol fiscal que nos ha llevado el kirchnerismo”, donde insistir con “las mismas recetas nos va llevar al fracaso”. Y, apelando a una frase del libro del ex presidente Mauricio Macri, concluyó: “O somos el cambio o no somos nada”.
A su turno, el legislador radical Hugo Romero señaló “este Presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina”.
Por su parte, el diputado de Identidad Bonaerense Alejandro Rodríguez anunció que acompañarán el presupuesto en general, pero rechazaron las facultades delegadas para establecer retenciones y al pago de impuestos a las ganancias para el Poder Judicial.
También adelantaron el voto positivo en general el diputado Luis Di Giacomo, del bloque Juntos Somos Rio Negro, y de Frente de la Concordia Misionero Diego Sartori, ambos parte del interbloque Provincias Unidas.
A su turno, el diputado de Avanza Libertad José Luís Espert cuestionó los fondos del estado que se destinan a la energía. En ese sentido, reclamó «cerrar ENARSA» y definió a Cammesa como «el pato de la boda de empresarios corruptos y provincias inviables». También cuestionó que se haya previsto un «60 por ciento de inflación» para el 2023, cuando sea «probablemente el doble» y acusó a la gestión de Alberto Fernández hizo «crecer» la deuda pública en «cien mil millones de dólares»
Por su parte, el diputado de la La Libertad Avanza Javier Milei anunció que desde su bloque expresan su rechazo «a este mamarracho nefasto», por «inconsistencias, por los problemas morales y técnicos y la montaña de barbaridades que dicen.
«El déficit fiscal es inmoral, porque hay que financiarlo. Es cargarle la fiesta de las generaciones presentes a las futuras», lanzó, a la vez que observó que que se espera un índice inflacionario «del 60%», cuando «el gasto público sube un 70». «La inflación vive acelerandose», protestó, afirmando que «eso tiene que ver con la monstruosidad de la emisión monetaria».
Por el lado del Frente de Izquierda y los Trabajadores, el legislador Nicolás Del Caño ratificó el voto negativo al presupuesto, al que definió «de ajuste» y cuyo objetivo es pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Según afirmó, el proyecto «no está pensado en función de la educación y la salud, donde el recorte acumulado para la salud pública es del 35%, en términos reales, entre 2021 y 2023”.
También rechazó la iniciativa para que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. «Ningún trabajador debería pagar el impuesto a las ganancias», protestó. Su compañera de bancada, Romina Del Pla insistió en que «se separe a jueces y funcionarios de los empleados».
En forma previa a la sesión, se reunió la comisión la Comisión de Labor Parlamentaria -encabezada por Cecilia Moreau– donde se definió que habrá once horas de debate y luego, tras la votación general, comenzará la discusión en particular. El oficialismo ya tiene garantizada la aprobación del proyecto debido a que cuenta con 117 legisladores del FdT, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y espera sumar dos de la bancada Ser, con lo que tiene asegurados más de 130 votos.
Evolución Radical y Encuentro Federal son dos de los diez bloques que votarán en general a favor del proyecto, mientras que el PRO se abstendrá y la Coalición Cívica y Republicanos Unidos lo hará en contra. La bancada radical que conduce Mario Negri aun discute si lo hará a favor o se abstendrá en la votación general.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones. Entre las distintas fuerzas políticas, el debate estuvo también centrado en la pauta de inflación del 60% proyectada por el oficialismo para 2023, así como sobre los subsidios al transporte a las provincias, la facultad para aumentar las retenciones y los recursos destinados a gastos sociales y educación.
Respecto al artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias de la que gozan los miembros del Poder Judicial, se estima que la cifra ronda un monto total estimado en alrededor de $ 237.000 millones.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran desde ese momento en adelante al Poder Judicial comenzaran a tributar Ganancias. Sin embargo, como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.
Ayer se realizó una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda con la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que explicitaron su rechazo al artículo incluido por el Frente de Todos en el dictamen de mayoría.
La sesión puede seguirse en vivo en:
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