La propiedad de al menos uno de los dos campos de Pozo Borrado, en el departamento 9 de Julio del norte provincial, del que la Justicia Federal rescató a principios de mes a 31 personas sometidas a trabajo esclavo es de la familia Vicentin, titular de la agroexportadora que entró en cesación de pagos en 2019 y cuyos directivos fueron convocados esta semana a declaración indagatoria por presunta defraudación al Estado con créditos millonarios en dólares a través del Banco Nación. “Desde el primer momento nosotros tuvimos indicios de que se estaba cubriendo a alguien, alguien cercano al poder económico o al poder político, o bien parte del poder político y económico de la provincia de Santa Fe. Y, sobre todo, del norte santafesino”, dijo a Rosario/12 el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Fabián Palo Oliver, quien presentó un pedido de informes, justamente, para conocer quiénes eran los dueños de las explotaciones agrícolas que sometían a condiciones infrahumanas a sus trabajadores.

La respuesta está en el Boletín Oficial de la Nación del 22 de julio pasado. La publicación da cuenta de que el 26 de junio de este año la sociedad anónima La Isabelina -identificada en la investigación del fiscal federal Gustavo Onel como propietaria de unos de los campos allanados el 4 de setiembre- designó nuevas autoridades en su directorio. De acuerdo al acta de asamblea, hasta el 22 de febrero de 2028 el presidente será Federico Castellarin; el vice Tomás Moschen Padoan; la directora titular Carina Galarza y el suplente Roberto Joaquín Vicentin.

Tomás Moschen Padoan es licenciado en Agronegocios por la Universidad Austral, que también le otorgó una diplomatura en Comercio internacional. Entre 2018 y 2024 trabajó en el frigorífico familiar, Friar. Roberto Joaquín Vicentín es contador.

Antes, en 2018, la conducción de la sociedad estuvo conformada por Máximo Javier Padoan como presidente, Cristian Andrés Padoan como vice, mientras que los directores fueron Amado Luis Moschen y Clelia Mireya Vicentin.

Los dos primeros fueron imputados en marzo de este año –junto a otros 13 directivos de Vicentin Saic- por presuntas maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019 cuando se declaró el default de la agroexportadora y fines de 2024, por medio del cual se habrían desviado ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos para solventar el patrocinio letrado y las fianzas impuestas por la Justicia a la cúpula del grupo. Así lo entendieron los fiscales de Delitos Complejos Miguel Moreno y Sebastián Narvaja.

Máximo Padoán ya había sido imputado por los mismos fiscales en 2023 como miembro de una asociación ilícita destinada a defraudar a productores, clientes y bancos vinculados a Vicentin SAIC, a quienes les habrían ocultado mediante la confección de balances falsos la verdadera situación financiera de la compañía, que en diciembre de 2019 se declaró en “estrés financiero” y en febrero siguiente solicitó iniciar su propio concurso preventivo de acreedores, proceso que aún no concluyó.

El mismo directivo también figura entre los 23 convocados por el juez federal Julián Ercolini, quien cinco años después del dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que acusó a la cúpula de la firma de defraudar al Estado nacional por al menos u$s 264 millones a través del otorgamiento de créditos incobrables del Banco Nación, entendió esta semana que era hora de indagarlos.

Gente de campo

El caso que reveló condiciones infrahumanas de empleo en dos campos del norte santafesino se inició el 4 de septiembre cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de Arca (ex Afip) notificó a la fiscalía federal de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en un campo identificado como establecimiento «Santa Ana”, en cercanías Pozo Borrado, en el límite santafesino con la provincia de Santiago del Estero.

Allí identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. “Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños (solo tenían tachos para hacer sus necesidades) y dormían en el piso sobre mantas o colchones”, señaló la Fiscalía a cargo de Onel en un comunicado.

Dormían en el piso o en precarias tolderías, carecían de baños y de suministro de agua y percibían un ingreso de $300.000 por quincena, “al cual se le descontaba el valor de la comida”, según la investigación judicial que recordó a La Forestal.

Con esos datos, Onel solicitó allanar el establecimiento Santa Ana SRL. En un campo lindero, que en realidad es una estancia y se llama “La Revancha”, encontraron al resto de los trabajadores similares condiciones. En la comunicación oficial se informó que se trataba de “La Revancha e Isabelliana SA”, lo cual movió a confusión.

Esa explotación rural está a cargo de la firma La Isabelina SA, empresa de las familias que integran el grupo Vicentin, originario de la localidad santafesina de Avellaneda, cuyos vecinos se embanderaron con la consigna “Somos todos Vicentin” en 2020 cuando el entonces presidente Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto de expropiación al Congreso.

Pero al momento de los allanamientos no se conocía quiénes eran los propietarios de los establecimientos rurales que explotaban en condiciones similares a la esclavitud al personal “golondrina” traído de Santiago del Estero.

Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores dijeron ser oriundos de la localidad de Los Juríes de Santiago del Estero; contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena, “al cual se les descontaba el valor de la comida”.

“De esos testimonios surgió que los trabajadores no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social”, agregó el comunicado de la Fiscalía.

Misteriosa propiedad

“Nos llamó la atención que había un bagaje muy importante de información, producto de una primera inspección de rutina que hace personal de Uatre, el sindicato de peones rurales, con la gente del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales, y a partir de ahí surge toda la información el 4 de septiembre”, recordó Palo Oliver.

“Pero lo que no estaba en ningún lado -explicó- era quiénes eran los dueños, o sea los titulares de los dos campos. Se sabía que eran dos campos linderos en Pozo Borrado, y aparecen ahí en la información dos emprendimientos. Esos dos emprendimientos no se sabían quién eran los que componían la sociedad anónima y la SRL”.

El diputado provincial agregó que “concretamente el campo se compra en el 2018 de parte de los accionistas de Vicentín, del directorio. En el 2025 se modifica la composición, porque están todos imputados”.

Tras conocerse públicamente el allanamiento solicitado por el fiscal Onel, el legislador del FAS presentó un pedido de informes en la Cámara baja provincial en el que pregunta al Ministerio de Trabajo santafesino “si existen antecedentes de controles efectuados por esa dependencia en las explotaciones agropecuarias referidas, si se encuentran registrados como empleadores las firmas La Revancha e Isabelliana S.A. y Santa Ana y en caso de ser así, quienes son los responsables de las mismas”.

Según explicó el diputado, en ese momento persistía la confusión entre el nombre de la estancia, que es “La Revancha”, y el de la sociedad, denominada La Isabelina y radicada con domicilio legal en Maipú 359, 6º piso, oficina 89, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Esa dirección, ubicada a pocas cuadras del Obelisco, figura en bases de datos públicas como domicilio de la contadora Laura Verónica Fresneda, quien en la red social Linked In se presenta como “responsable de gestión en LF Consultora” y ofrece “soluciones integrales para Pymes y emprendedores”.