Tras las duras críticas lanzadas al gobierno provincial por la distribución de fondos a los municipios y comunas que no son de signo oficialista; los principales referentes que pretenden confluir en armado opositor del Frente de Frentes preparan un cónclave en Rosario para la semana próxima. La idea es discutir allí un tema candente y central que el gobernador Omar Perotti incluyó en el temario de las sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina: La prórroga hasta fin de año de la emergencia en Seguridad y para el Servicio Penitenciario. «No se le quiere atar las manos al Poder Ejecutivo pero Perotti debe explicar porqué no usó en todos sus alcances la emergencia en el 2022». dijo el radical Maximiliano Pullaro. Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el radical Juan Cruz Cándido advirtió que en el mensaje el gobierno «habla del tema seguridad, pero en el texto no se plantea ningún plan de acción ni objetivos concretos de las políticas públicas».

El mensaje fue enviado esta semana al Senado y más allá de que ambas cámaras están en receso hasta el 31 del corriente, la oposición pretende tener una postura unificada para dar el debate. La diputada socialista Lionella Cattalini manifestó su preocupación por la «incapacidad de Perotti para avanzar en una cuestión prioritaria como es la seguridad de los santafesinos»,le dijo al diario El Litoral.

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el radical Juan Cruz Cándido advirtió que en el mensaje el gobierno «habla del tema seguridad, pero en el texto no se plantea ningún plan de acción ni objetivos concretos de las políticas públicas». Subrayó que «en seguridad pública no enumera acciones como sí lo hace en materia de Servicio Penitenciario: compra de mobiliario, construcción de espacios nuevos, tecnología para modernizar el funcionamiento y la administración e incorporación de personal como objetivos».

El mensaje 5.019 firmado por Perotti y el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, tiene cinco carillas de fundamentos y un proyecto de ley de once artículos donde resaltan nuevos montos para compras o adjudicaciones directas de obras así como plazos más estrictos de comunicación de las operaciones a las comisiones de Seguridad de ambas cámaras (72 horas) y de pronunciamientos del Tribunal de Cuentas (20 días).

En los fundamentos, se explica que el objetivo es «poder disponer de mecanismos tendientes a paliar las necesidades más urgentes en la materia, garantizando a la ciudadanía la plena efectividad del derecho humano a la seguridad ciudadana, entendida ésta como el marco propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, posibilitando la realización de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad». Menciona «la obligación del Estado Provincial de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles tendientes a asegurar este derecho humano, priorizando la profundización de las políticas públicas, en el entendimiento que los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor». Acota que «es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal -vinculada o no a hechos delictivos».

Tras reconocer la situación delictual en las ciudades de Rosario y Santa Fe considera que «el primer paso para paliar de manera rápida, mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada, es reconocer y hablar del tema, tomando cartas en el asunto sin distinciones de filiaciones, tal como lo sostiene el Poder Ejecutivo».