Dos policías del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron encontrados de civil y con sus armas reglamentarias dentro de una vivienda de Brandoni al 1900 que estaba siendo allanada por Prefectura Naval Argentina en el marco de una investigación por venta de drogas al menudeo. El hallazgo derivó en el secuestro de sus teléfonos, el retiro de las armas, exámenes toxicológicos, una causa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, y el pase a disponibilidad dispuesto por el Gobierno provincial. Pero el interrogante central continúa abierto: qué función cumplían realmente los dos efectivos dentro de esa propiedad.

La versión oficial del Ministerio Público de la Acusación es, hasta ahora, más limitada que algunas de las afirmaciones que circularon públicamente. El fiscal Diego Giro investigaba la vivienda de la zona sur por presunto narcomenudeo y no tenía a los policías bajo sospecha antes del procedimiento. De hecho, según fuentes de la investigación, la presencia de los efectivos sorprendió a los investigadores.

Dentro de la casa había tres personas: el hombre que reside en el lugar y los dos agentes policiales. La droga tampoco estaba a la vista. Durante el allanamiento se encontraron 11 gramos de cocaína, 21 gramos de marihuana, una balanza de precisión, elementos de corte y fraccionamiento y dinero en efectivo. Parte del material estaba escondido en un placard.

El residente quedó detenido y será llevado a audiencia imputativa. Los policías, en cambio, recuperaron la libertad y quedaron a disposición de la Fiscalía. El fiscal ordenó el secuestro de sus teléfonos y armas, pidió exámenes toxicológicos y dio intervención a Asuntos Internos. La diferencia de situación no es menor: mientras uno era el blanco de la investigación previa, los otros dos aparecieron inesperadamente durante el allanamiento.

A partir de ese momento comenzó a circular una sucesión de versiones sobre el papel que cumplían en la vivienda. Se dijo que estaban allí para consumir drogas. También que habían ido a comprar. Otras publicaciones fueron todavía más lejos y los ubicaron como supuestos custodios o encargados del punto de venta. Sin embargo, esas hipótesis describen situaciones completamente diferentes y, hasta el momento, no aparece en la información difundida por el MPA una prueba que permita establecer cuál de ellas es la correcta.

La sola presencia de dos policías en una vivienda investigada por narcomenudeo constituye, por supuesto, un dato de gravedad institucional y justifica que se determine con precisión qué hacían allí. Pero estar en el lugar no prueba por sí mismo que fueran compradores, consumidores, vendedores, protectores o encubridores de una actividad ilegal, teniendo en cuenta la poca cantidad de droga incautada. Salvo que hayan ido a avisar sobre el posible operativo, o a retirar algún elemento que les entregaría el ciudadano paraguayo.

El Gobierno provincial, sin embargo, avanzó públicamente con una definición más precisa. Al anunciar el pase a disponibilidad sostuvo que los policías habían acudido al lugar “a consumir”. Esa afirmación quedó expuesta a una contradicción: la propia investigación había ordenado exámenes toxicológicos cuyos resultados no habían sido difundidos. Si existían otras evidencias sobre consumo, todavía no fueron explicadas públicamente.

También será decisivo establecer si los teléfonos secuestrados revelan una relación previa con el hombre detenido o con una eventual actividad de venta de drogas. Ese punto puede aportar una respuesta al interrogante principal: si los policías eran simplemente conocidos del residente, como indicaron fuentes del caso, o si mantenían algún tipo de vínculo con la actividad que se investigaba.

La acusación provisoria por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento también requiere ser precisada. Para sostener una hipótesis de encubrimiento será necesario determinar qué hecho concreto habrían conocido y qué conducta habrían realizado para favorecer, ocultar o proteger una actividad delictiva. La condición de policías y la presencia dentro de la vivienda no alcanzan, por sí solas, para establecer esa responsabilidad.

El caso expuso además una rápida mutación del relato público. La investigación original estaba dirigida a determinar si en Brandoni al 1900 funcionaba un punto de venta de drogas. El procedimiento terminó con el secuestro de una cantidad reducida de estupefacientes y elementos compatibles con fraccionamiento. Pero la aparición de dos integrantes de la Policía de Santa Fe desplazó inmediatamente el foco.

El allanamiento dejó de ser analizado por la investigación previa que lo había originado y por los elementos reunidos contra el residente. Toda la atención pasó a concentrarse sobre los policías y sobre las distintas versiones acerca de su presencia en el lugar.