La curva descendente que exhiben los ingresos de las provincias tiene una relación directa con la efervescencia del clima social y gremial en cada distrito, una consecuencia que en Santa Fe es bien palpable en lo que va del año. Un informe del Centro de Economía Política (Cepa) halló esta causalidad a partir de relevar lo ocurrido durante el primer trimestre de 2026. Santa Fe asoma como una de las provincias atravesadas por reclamos gremiales activos en áreas sensibles del Estado como educación, salud y seguridad.

“Vimos que a nivel nacional está cayendo la recaudación y que eso es producto de la caída del consumo”, explicó la economista Lucila Rivolta, una de las autoras del informe. “Cuando vemos lo que se recauda por IVA o por Ganancias, son impuestos directamente ligados al consumo y al ingreso de los trabajadores. Todo eso se relaciona con los datos de la economía real: cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo y caída del poder adquisitivo”, agregó en diálogo con Rosario/12.

El diagnóstico parte de un dato estructural: más de la mitad de los recursos provinciales depende de transferencias nacionales, que en los últimos meses mostraron una retracción significativa como tendencia general, a pesar de otros gestos que buscan contrapeso, como el reciente acuerdo de Nación con el gobierno de Maximiliano Pullaro al convenir un pago de $120 mil millones en 12 cuotas para reanudar el envío de fondos por el déficit de la Caja Previsional provincial.

El 42,5 por ciento de los recursos tributarios nacionales que percibe Santa Fe corresponde a la coparticipación federal. El 8,3% son transferencias no automáticas como programas de asistencia financiera o aportes del Tesoro nacional (ATN). En marzo, las transferencias del Tesoro a las provincias cayeron 3,8% interanual en términos reales, mientras que la coparticipación federal retrocedió 7%. En el promedio del trimestre, la baja fue de 6,1% y 8% respectivamente, apunta el estudio.

“En la provincia de Santa Fe vemos que hay una caída del consumo y que esto está relacionado con la caída de la recaudación, principalmente a nivel nacional por la coparticipación federal –los impuestos principales que la componen son IVA y Ganancias–, pero también por recortes específicos como el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) o la falta de envío de fondos a la Caja de Jubilaciones”, detalló Rivolta. “Todo eso afecta directo a las arcas provinciales. Lo mismo pasa con Ingresos Brutos, que depende del consumo y es el principal impuesto provincial”, añadió.

A esa merma se suma la caída de los recursos propios de las provincias, que desde el inicio de la gestión de Javier Milei acumulan un descenso real promedio del 7,3%. El resultado es un escenario de fuerte restricción fiscal que impacta directo en el corazón del gasto público: salarios, jubilaciones, salud, educación y seguridad, que concentran entre el 70% y el 80% del presupuesto provincial.

En ese contexto, el informe del Cepa identifica un crecimiento sostenido de los conflictos laborales en todo el país. Desde comienzos de 2026 se registraron al menos 92 conflictos de trabajadores estatales, de los cuales el 80,4% permanecen activos, sin resolución en las paritarias. La cifra no solo da cuenta de la magnitud del fenómeno, sino también de su persistencia: incluso los acuerdos alcanzados aparecen como transitorios, con riesgo de reabrirse en el corto plazo ante la pérdida de poder adquisitivo.

Santa Fe no escapa a esa tendencia. Según el relevamiento, la provincia presenta al menos cuatro frentes de conflicto abiertos: educación, empleados municipales, salud y fuerzas de seguridad. En todos los casos, el denominador común es el rechazo a las ofertas salariales por considerarlas insuficientes frente al avance del costo de vida.

“Cuando analizamos la provincia de Santa Fe, vemos que Pullaro está replicando el mismo ajuste que Milei a nivel nacional. Con menos recursos, tiene que ajustar por algún lado”, sostuvo Rivolta. “El poder adquisitivo de docentes y policías viene cayendo desde que asumió, y los jubilados que cobran el haber promedio ya perdieron alrededor de 16 puntos porcentuales”, puntualizó. Vale decir que el pago de sueldos al personal compone el grueso del presupuesto provincial.

Entre los ejemplos más visibles aparece el retorno de la “Carpa Blanca” docente (ver aparte), una modalidad histórica de protesta que volvió a instalarse como símbolo del conflicto educativo y que por estos días recorre la geografía santafesina. A esto se suman paros de 48 horas impulsados por trabajadores municipales, incluso desafiando instancias de conciliación obligatoria, y reclamos dentro de la propia Policía de Santa Fe, donde el personal más joven –agentes y suboficiales– denuncian salarios por debajo de la línea de pobreza.

El Cepa también subraya que la conflictividad no es un fenómeno aislado ni sectorial, sino transversal a toda la administración pública. Educación, salud, seguridad y justicia aparecen como los principales focos de tensión en casi todas las jurisdicciones del país, replicando una dinámica que combina deterioro salarial, ajuste presupuestario y negociación paritaria trabada.

En paralelo, el Gobierno nacional comenzó a instrumentar mecanismos de asistencia financiera a las provincias, como adelantos de coparticipación. Sin embargo, desde el Cepa advierten que se trata de soluciones de corto plazo. “Es un círculo vicioso: si no hay reactivación real de la economía, esos gobernadores se quedarán sin recursos porque los adelantos se descuentan después”, explicó Rivolta. “Además, forman parte de una negociación política que cada vez les deja menos margen”, agregó.

El informe concluye en que la caída de la recaudación, impulsada por la retracción económica, no solo reduce la capacidad de gasto de las provincias, sino que tensiona de manera directa las relaciones laborales en el Estado. En ese escenario, Santa Fe se inscribe en una tendencia nacional donde el ajuste fiscal encuentra su correlato en un malestar que se expresa en la calle a pesar del relato oficial que procura desenfocarlo.