El gobierno provincial puso en marcha esta semana todos los mecanismos necesarios para aumentar las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía: convocó a una audiencia pública para discutir el Valor Agregado de Distribución (lo que gana la EPE dentro de la factura), mientras sigue pendiente de una definición oficial de la gestión del presidente Javier Milei sobre la suba de los insumos energéticos en generación, es decir, en el mercado mayorista.

La EPE inició el camino para actualizar lo que le cobra al usuario por llevarle electricidad, pero aún no sabe (aunque se descuenta que se duplicará y más) qué aumento tendrá el valor del megavatio en generación. Y esa otra suba nacional será materia de más costos a trasladar al usuario final.

Para el llamado a audiencia pública la EPE debe proponer nuevos cuadros tarifarios para sus usuarios residenciales (divididos en N1,N2 y N3), comerciales e industriales, así como para la subdistribución a cargo de empresas cooperativas. Son extremadamente complejos.

Hasta ahora, la información que ha dejado trascender la EPE consiste en dar algunos ejemplos concretos referidos a usuarios residenciales, y ha optado por no brindar un porcentaje. La explicación es que la complejidad de la segmentación de los subsidios causa una dispersión de valores de difícil exposición. De todos modos, existe el compromiso y así lo indica la resolución que convoca a la audiencia pública de que esa información sea proporcionada en febrero, antes de la convocatoria que será solo virtual (no habrá debate presencial entre usuarios y funcionarios).

Así, para un hogar que carezca de subsidios nacionales, bajo la categoría de usuario residencial N1, por mes a partir de marzo $ 7.800 más, siempre que su consumo por mese no supere los 400 kw/h, por sobre los valores actuales.

Los N1, de mejores ingresos según la segmentación tarifaria, no tienen ayudas del Estado Nacional desde mediados del año pasado pagan la tarifa plena por los kilovatios que consumen. Si hoy no superan por bimestre los 400 kw/h abonarán por estos días $ 24.549 por, por ejemplo, los consumos de diciembre y enero. De prosperar el pedido de la EPE (sin considerar lo que suba el megavatio a nivel nacional) en el bimestre siguiente ese llegará a $ 40.304. Es un impacto del 64%.

Otro ejemplo, también explicado de manera extraoficial, indica que un hogar N1 de hasta 300 kw/h bimestrales pasaría de un bimestre al siguiente de unos 17 mil pesos a 27 mil, con un impacto del 59%. Pero se trata de niveles de consumo bajos o muy bajos para un hogar que dispone de lo necesario para ser considerado de altos ingresos.

Números en rojo

El informe que ya elevó al Ministerio de la Producción, que llevó todo el expediente a la Secretaría de la Energía, a cargo de la licenciada Verónica Geese, contiene las cifras del déficit de la EPE. Y sostiene que de no tomarse una medida como la planteada el rojo trepará para marzo próximo a los $ 30 mil millones. Desde octubre la EPE recauda menos de lo que paga y es el tesoro provincial quien licua sus pasivos. Se supone que con las subas previstas esas cuentas serían equilibradas, pero luego falta considerar la inflación de 2024.

Por eso, el pedido de aumento de la empresa habla de dos etapas: un primer fuerte sacudón como el que plantean los ejemplos que llegaron a este diario y un período más complejo, de actualizaciones bimestrales, a partir de marzo.

La compañía estatal sostiene que para que las tarifas acompañen el crecimiento de sus gastos corrientes y sus inversiones será necesario retocarlas a partir del tercer bimestre. (Algo así han pedido las compañías privadas de electricidad Edenor y Edesur en Caba y el Gran Buenos Aires, y en el sector de la distribución y el transporte del gas natural).

Con el dólar oficial a más del doble de diciembre, hoy se registran subas en los principales insumos de la Epe que son enormes: los cables subieron 290%, las celdas y transformadores del 300% al 400%, explicó una fuente confiable.

Y los números de la empresa no se comprenden si no se tiene presente que de cada 100 kw/h distribuidos (sin considerar pérdidas técnicas propias de cualquier sistema eléctrico) se cobra apenas el 85% de lo facturado. La diferencia se explica por el aumento del hurto de energía y por otro fenómeno por ahora controlado pero creciente: el no pago.

Medidas en torno a mejorar la cobranza y el recupero de la energía frente al robo, así como a eliminar gastos que no son imprescindibles -se habla de dejar de usar unos 300 autos con el consiguiente ahorro de combustible, repuestos y seguros- se espera que en 2024 no se dañe el servicio por falta de fondos.

La EPE habla de aplicar en la segunda etapa de los aumentos un índice combinado que contemple las subas en materiales y los salarios. Algo así se aprobó en las dos audiencias públicas pasadas, y desde esta columna se lo denominó «cláusula gatillo» porque se disparaba según la inflación, antes de terminar el ejercicio. Ahora se piensa en tres actualizaciones automáticas para la segunda parte del año en curso.