El tope para los bancos y empresas emisoras de tarjetas quedó establecido en 66,44% nominal anual que se cobrará a partir de septiembre, mientras la mora de los hogares continúa en niveles elevados y el financiamiento al consumo se utiliza cada vez más para cubrir gastos corrientes.
El Banco Central estableció en 66,44% nominal anual la tasa de referencia que funcionará como límite para las financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito otorgadas por empresas no financieras durante el ciclo de facturación de septiembre de 2026. El valor surge del promedio mensual ponderado por monto de las tasas correspondientes a préstamos personales sin garantía real del sistema financiero durante agosto y fue comunicado por el organismo a través de la normativa que regula las tasas de interés en las operaciones de crédito en medio de una explosión en los niveles de morosidad.
La cifra no implica que todas las tarjetas puedan cobrar automáticamente 66,44% ni constituye un tope general idéntico para todas las entidades. La normativa establece que, para las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y de compra, la tasa de interés compensatorio no puede superar en más de 25% el promedio de tasas del sistema financiero para préstamos personales que publica mensualmente el Banco Central.
En el caso de las entidades financieras, el límite se determina de otra manera: la tasa aplicada a la financiación de tarjetas no puede superar en más de 25% la tasa que el propio banco cobra por sus préstamos personales, en función de la moneda utilizada. Entre las emisoras no financieras se destacan Cencosud S.A., Carrefour Argentina, Tarjeta Naranja X, Coto CICSA y Falabella, entre otras.
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La decisión llega después de un período en el que el costo del financiamiento volvió a ocupar un lugar central en las cuentas de los hogares. El propio BCRA informó que en junio la mora de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,8%, mientras que la correspondiente a las empresas alcanzó 3,5%. El indicador agregado de irregularidad del crédito al sector privado fue de 7,6%. Aunque el organismo destaca que la morosidad se redujo levemente en términos mensuales y que el sistema financiero mantiene una cobertura elevada frente al riesgo crediticio, el nivel de incumplimiento de los hogares sigue siendo considerablemente superior al observado antes del proceso de deterioro iniciado durante los últimos años.
El dato adquiere otra dimensión cuando se observa la trayectoria reciente. En enero, la mora de las familias era de 10,6% y la de las empresas de 2,8%, según el Informe sobre Bancos del BCRA. Para marzo, los indicadores habían trepado a 11,5% y 3,1%, respectivamente; en abril llegaron a 12,1% para las familias y 3,3% para las empresas, mientras que en mayo la morosidad de ambos segmentos se ubicó en 12,8% y 3,5%.
El crédito dejó de operar solamente como una herramienta para adelantar consumo o financiar una inversión y pasó, para una parte creciente de los hogares, a funcionar como una forma de completar ingresos que no alcanzan para cubrir los gastos habituales. En febrero, el aumento del financiamiento al consumo, la expansión de las billeteras virtuales y la caída de los ingresos habían llevado a que más de la mitad de la población adulta tuviera deudas, mientras la morosidad alcanzaba niveles que no se observaban desde antes de la pandemia.
Ese proceso tiene una relación directa con el costo financiero. En agosto del año pasado 2025, este medio ya había advertido que las familias estaban destinando una proporción creciente de sus ingresos al pago de intereses. Según aquella reconstrucción, el peso de los intereses de préstamos personales y tarjetas había pasado de representar 5% del presupuesto familiar en mayo a superar 8% en julio. La suba de tasas, en ese contexto, no operaba solamente como una variable financiera sino como un mecanismo que absorbía una parte cada vez mayor de los ingresos disponibles de los hogares.
La discusión sobre el 66,44% anunciado ahora por el Central se complementa, por lo tanto, junto a ese proceso y no como una medida aislada de regulación financiera. La tasa que comunica el BCRA es nominal anual y refiere al interés compensatorio. El costo efectivo que enfrenta un usuario puede ser diferente porque intervienen otros componentes del financiamiento, como seguros, gastos, impuestos y la forma de capitalización. Por eso, comparar exclusivamente una TNA con otra puede ocultar una parte del costo real de refinanciar un saldo impago.
El problema adquiere mayor relevancia cuando la persona que utiliza la tarjeta no dispone de ingresos suficientes para cancelar el resumen en su totalidad. En ese caso, la financiación deja de ser una elección vinculada a la conveniencia de postergar un pago y pasa a convertirse en una obligación que se renueva mes a mes. El capital pendiente genera nuevos intereses y el usuario puede terminar destinando una parte creciente de sus ingresos futuros a cancelar consumos realizados anteriormente.
El escenario se extendió hacia los canales de financiamiento que se encuentran por fuera de los bancos. Carrillo señaló que la cartera irregular de los proveedores no financieros de crédito había llegado a 26,9% en febrero y que ese nivel prácticamente duplicaba el registrado seis meses antes. En ese universo se encuentran fintechs, billeteras virtuales que otorgan préstamos, emisoras no bancarias de tarjetas, cooperativas, mutuales, empresas de factoring, firmas de leasing y cadenas comerciales que financian compras.