Diputados nacionales por Santa Fe del peronismo y Ciudad Futura impulsan en la Cámara baja una declaración para “promover acciones destinadas a la preservación de la Quinta de Funes como Sitio de Memoria”, en relación a la casa de fin de semana ubicada en la localidad lindera a Rosario, que en 1977 fue alquilada y utilizada como centro clandestino de detenciones para un “experimento” del entonces jefe del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, quien luego fue presidente de facto de la última dictadura. A la vez, el Gobierno de Santa Fe anunció que el 25 de marzo los sobre con las propuestas para la recuperación del lugar con el propósito de “jerarquizarlo como un lugar de promoción de derechos”.

El proyecto de declaración en Diputados procura que el Gobierno nacional reconozca las actividades de construcción de memoria que allí se desarrollan, y que emprenda acciones tendientes a la preservación del precio como Sitio de Memoria. No es antojadizo el planteo, sino que se funda en lo dispuesto en la Ley 26.691 de “Preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado” y su decreto reglamentario N°1986/2014, ambos vigentes.

“La Quinta de Funes fue un centro clandestino de detención durante la última dictadura. Por allí pasaron al menos 17 personas, muchas de ellas aún desaparecidas”, recordó uno de los firmantes del proyecto, el diputado Agustín Rossi, para agregar que “desde ese lugar operaron tareas de inteligencia del Ejército, con participación de altos mandos como Leopoldo Galtieri”.

El legislador indicó que “sostener la memoria no es una opción” sino que se trata de “una responsabilidad democrática” del Estado nacional, a quien le solicita “reconocer las actividades de memoria que allí se desarrollan”, a la vez que le exige “su preservación como Sitio de Memoria”.

El proyecto de declaración también lo firman los diputados santafesinos Germán Martínez -presidente del bloque de Unión por la Patria-; Caren Tepp de Ciudad Futura; Diego Giuliano; Florencia Carignano; Alejandrina Borgatta y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, hijo de desaparecidos y nieto recuperado gracias a la labor de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

En sus fundamentos, señala que “durante la última dictadura cívico-militar instaurada en la República Argentina el 24 de marzo de 1976, el aparato represivo estatal organizó una red de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio distribuidos en todo el territorio nacional”. En el caso puntual del “sur de la Provincia de Santa Fe, este sistema estuvo bajo la jurisdicción del II Cuerpo de Ejército, con sede en la ciudad de Rosario, que coordinó acciones represivas junto a unidades militares, fuerzas policiales y estructuras de inteligencia”.

El proyecto recuerda que dentro de este esquema operó “un circuito represivo regional que conectaba diversos centros clandestinos” ubicados en Rosario y su área metropolitana, incluyendo la ciudad de Funes. Se trata de lo que en los juicios por delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar en la ciudad se conoció como el circuito represivo a cargo del entonces Batallón de Comunicaciones 121, que operó en forma diferenciada del Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario, cuyo principal campo concentracionario funcionó en la céntrica esquina de Dorrego y San Lorenzo.

Circuito represivo

En cambio, el circuito de centros clandestinos al que refiere el proyecto legislativo incluye “La Calamita”, en Granadero Baigorria; La Intermedia, en la zona de Villa La Ribera, un predio cedido al Ejército por la familia del teniente coronel Daniel Amelong (condenados en múltiples causa por delitos de lesa humanidad); la Escuela Magnasco de Ovidio Lagos y Montevideo; y la propia Quinta de Funes, ubicada en la Ruta Nacional Nº 9 y calle San José.

Entre los dos últimos hubo una conexión directa: cuando una periodista de un diario mexicano llamó a la Quinta de Funes para preguntar si allí había un centro clandestino de presos políticos, Galtieri -que tenía a 17 jefes montoneros detenidos allí- tomó la decisión de levantar de inmediato el lugar por miedo al escándalo internacional.

Los detenidos en forma ilegal en la Quinta de Funes fueron trasladados a la Escuela Magnasco, cuyo director tenía simpatías con la dictadura. Era enero de 1978 y el establecimiento no tenía actividad por las vacaciones. Ninguno de los militantes políticos que estuvieron allí sobrevivió. Según contó en varias causas judiciales el Personal Civil de Inteligencia (PCI), Eduardo “Tucu” Constanzo, fueron trasladados a La Intermedia, ejecutados a tiros y arrojados al mar desde un avión.

El único sobreviviente de la Quinta de Funes fue el ex diputado chaqueño Jaime Dri, quien fue “cedido” por el Ejército a la Marina y logró fugarse en la frontera argentina. Su testimonio es la fuente del libro Recuerdos de la Muerte que escribió en la recuperación democrática el periodista Miguel Bonasso.

Puesta en valor

El 13 de marzo pasado, el secretario de Derechos Humanos de la Santa Fe, Emilio Jatón, presentó el llamado a licitación para la puesta en valor y construcción del Sitio de Memoria Quinta de Funes. Las ofertas de las 8 empresas interesadas en los trabajos se conocerán el 25 de marzo, un día después del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Según informó el Gobierno, la iniciativa busca refaccionar y conservar integralmente el predio que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, transformándolo en un espacio de transmisión cultural y colectiva para la ciudad y la región. El presupuesto oficial es de 500 millones de pesos.

“Hoy recorrimos este Espacio de Memoria junto a la Unidad de Gestión Provincial y 8 empresas interesadas en la licitación. Un paso inmenso y necesario para la historia de nuestra provincia”, posteó Jatón aquél día en su cuenta de X.