Los vecinos del entorno del Monumento a la Bandera le torcieron el brazo, al menos por ahora, al lobby inmobiliario que pretendía flexibilizar las normas urbanísticas del área protegida, con el acompañamiento del oficialismo en el Concejo Municipal. El bloque Unidos retiró del sumario de temas prioritarios de la comisión de Planeamiento el proyecto que impulsaba una reforma de la normativa edilicia para el Área de Protección Histórica (APH) Parque Nacional a la Bandera. El expediente, de ese modo, quedó sin el impulso parlamentario que venía teniendo cada vez con más tropiezos, y la regulación vigente permanece en pie.

El desenlace corona una disputa que comenzó el año pasado alrededor de la casona de avenida Belgrano 548. Sus cinco propietarios, hermanos de apellido Agüero, pretenden vender el inmueble para un desarrollo inmobiliario proyectado por los arquitectos Andrés Lufft y Marcela Lovera. La iniciativa contempla un edificio de hasta 35 metros de altura, unos 11 pisos, cuando la normativa vigente permite en ese sector un máximo de 14,50 metros, equivalente a planta baja y cuatro niveles.

El Ejecutivo municipal hizo propio inicialmente el pedido y lo llevó al Concejo como una excepción particular. Ante la resistencia que encontró en la comisión de Planeamiento, la estrategia cambió: en mayo, el oficialismo dejó de intentar abrir una excepción para un solo lote y propuso modificar las reglas urbanísticas de todo el APH. La maniobra pretendía ampliar el margen para construir en un área especialmente sensible por su relación visual, paisajística y patrimonial con el Monumento.

Pero el cambio de escala tampoco consiguió perforar la resistencia. Desde el comienzo, la Asociación Vecinal Monumento sostuvo que no se trataba de un problema particular de los propietarios, sino de una discusión sobre qué ciudad se quiere preservar y qué reglas deben regir para todos. Su presidenta, Ilka Luetich, cuestionó que problemas patrimoniales o económicos de un propietario pudieran trasladarse al conjunto de los vecinos mediante una excepción o un cambio de normativa.

A esa oposición se sumó el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario, que advirtió sobre el riesgo de desnaturalizar el régimen de protección. Su presidente, Rubén Palumbo, había planteado una comparación gráfica: “¿Alguien imagina la torre Eiffel rodeada de edificios?”. Para la entidad, la altura es un indicador decisivo en la preservación del paisaje urbano del Monumento y una excepción sentaría un precedente difícil de contener.

Con el correr de los meses, además, el rechazo dejó de ser exclusivamente local. Icomos Argentina (relacionada con Unesco en materia patrimonial), la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) y otras instituciones especializadas objetaron la flexibilización. La Comisión Nacional advirtió que una modificación de este tipo podría constituir un “precedente sumamente negativo” y reclamó respetar la normativa vigente y realizar estudios de impacto patrimonial y ambiental. Fadea, por su parte, alertó sobre la alteración de los criterios de protección de uno de los espacios urbanos y simbólicos más relevantes del país.

También la Defensoría del Pueblo de Santa Fe intervino para reclamar al municipio información sobre los estudios técnicos y las instancias de participación ciudadana que respaldarían el cambio normativo. El organismo llegó a insistir mediante un pronto despacho ante la falta de respuesta municipal.

La resistencia institucional coincidió con la presión sostenida de los vecinos en cada reunión de Planeamiento. Allí plantearon además dudas sobre la capacidad de los servicios de infraestructura del área (luz, agua, cloacas) para absorber nuevas construcciones en altura y cuestionaron que se pretendiera privilegiar la recaudación por compensaciones de mayor edificabilidad por encima de instrumentos ya existentes, como los Derechos de Edificación Transferibles (DET).

La concejala María Fernanda Gigliani había señalado precisamente la contradicción entre una reforma aprobada por el propio oficialismo para reducir las excepciones y el posterior impulso de un pedido excepcional. Y advirtió que aprobarlo podía generar un “efecto contagio”: que otros propietarios reclamaran el mismo trato y que, finalmente, las excepciones terminaran reemplazando a las normas.

Ahora, el retiro del proyecto del listado prioritario de Planeamiento representa un retroceso concreto para la ofensiva oficialista. No implica el cierre definitivo del expediente ni garantiza que la discusión no vuelva al recinto, pero sí deja firme, por ahora, el límite de 14,50 metros que rige en el área. Es que –advierten los vecinos– el proyecto no pasó al archivo, lo que sí significaría quedar en el olvido. Solo lo retiraron de la mesa, y nadie descarta que algún edil lo retome en el mediano plazo.

La casona de Belgrano 548 seguirá allí como símbolo de una disputa que excedió por mucho sus paredes. Lo que quedó en evidencia es que, frente a la alianza entre desarrolladores y poder político, los vecinos consiguieron sumar a su reclamo a buena parte del mundo profesional y patrimonial. Y, por ahora, consiguieron frenar la torre.