El Observatorio Social, Económico y Productivo (OSEP) y Casa Patria Santa Fe publicaron su informe correspondiente al segundo semestre de 2025, en el que describen un escenario de profundo deterioro social, económico y productivo en la provincia, como resultado de las políticas de ajuste aplicadas a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei y replicadas en el plano provincial por la gestión de Maximiliano Pullaro.

El documento, elaborado a partir de datos oficiales y de centros de estudios especializados, señala que Santa Fe se encuentra entre las provincias más afectadas por la pérdida de empleo industrial. Según el Ministerio de Trabajo provincial, hay 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas, y más de la mitad de esos establecimientos pertenecen al sector metalúrgico. En total, 26 firmas recurrieron al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite suspensiones con reducción de jornada y salarios.

La crisis productiva se expresa con fuerza en el sur santafesino. En Venado Tuerto, la fábrica de ollas Essen despidió a 35 trabajadores por la caída de ventas y el aumento de importaciones desde Asia. En la misma ciudad, Corven desvinculó a 150 operarios en seis meses, afectando a las líneas de amortiguadores y motocicletas. En Rufino, la empresa Artemetal cerró definitivamente tras seis décadas de actividad, luego de vender apenas siete unidades en todo 2024. En Sastre, la metalúrgica Cramaco (DBT) despidió al 90% de su personal y abandonó la producción nacional para dedicarse a la importación desde China, golpeando de lleno a una ciudad de apenas 6.000 habitantes.

El informe también destaca la situación del sector de electrodomésticos. En Rosario, Electrolux prorrogó por tres meses las suspensiones rotativas de 400 operarios, mientras que, según Apyme, las importaciones de línea blanca crecieron 322,6% respecto de 2024 y 188,4% frente a 2023. Productos fabricados en Santa Fe, como heladeras y lavarropas, registraron subas de importación del 923% y 2.583%, respectivamente, en un contexto de reducción arancelaria.

En el plano social, el OSEP advierte una fuerte caída del poder adquisitivo. Santa Fe se ubica entre las seis provincias con mayor destrucción del salario docente, con una pérdida real del 27,5% entre junio de 2023 y 2025. Los trabajadores estatales, en tanto, acumulan un deterioro que, según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), implica una pérdida cercana a los 6,2 millones de pesos por empleado desde el inicio de la actual gestión provincial, aun considerando el pago de bonos extraordinarios.

El ajuste previsional impacta sobre más de 483.000 jubilados santafesinos. De acuerdo con Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el bono previsional permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, cuando debería haber alcanzado $177.482 en diciembre de 2025. Esto implicó que cada jubilado dejara de percibir, en promedio, $1.471.648 entre abril de 2024 y diciembre de 2025.

La crisis del sistema de salud ocupa un lugar central en el informe. Afiliados y jubilados de Iapos denunciaron aumentos del 550% en órdenes de consulta y del 1.185% en internaciones, con nuevos bonos que pueden elevar los costos de tratamientos entre $300.000 y $400.000. A esto se suma una deuda superior a los $6.000 millones que obras sociales y prepagas mantienen con hospitales y Samcos, concentrada en un 80% en establecimientos de alta complejidad.

El endeudamiento de los hogares aparece como un fenómeno estructural. Según el CentroRA de la UBA, el uso de tarjetas de crédito en supermercados pasó del 39% al 46% desde diciembre de 2023, mientras que las ventas mayoristas cayeron 19% y las de supermercados un 7% acumulado. En paralelo, los alquileres en Rosario aumentaron en 2025 hasta un 66,7% interanual, y un docente destina cerca del 56% de su salario al alquiler de un departamento de dos ambientes.

El informe también advierte sobre el impacto del ajuste en vivienda e infraestructura: en la provincia permanecen paralizadas 1.452 viviendas del plan Procrear desde enero de 2024, con una pérdida estimada de entre el 10% y el 15% de su valor, y una inversión necesaria de unos $145.000 millones para finalizarlas.

Otro abordaje de coyuntura que aborda el informe del Observatorio es la expansión de la planta política provincial. Según datos del CEPA, entre 2023 y 2025 las autoridades superiores  en el Gobierno de Santa Fe crecieron un 33%, y los asesores técnicos de designación directa aumentaron un 265%, llevando la planta política total de 662 a 2.115 cargos, en contraste con el ajuste aplicado sobre trabajadores, jubilados y servicios públicos.

Como conclusión, el informe sostiene que el segundo semestre de 2025 muestra a Santa Fe inmersa en “un proceso de ajuste que combina desindustrialización, pérdida de ingresos, endeudamiento creciente de las familias y debilitamiento de las políticas públicas”. “Cuando se destruye la producción –concluye–, se rompe el territorio; cuando falta trabajo, se desmoraliza a la población; cuando las decisiones se toman desde afuera, se pierde soberanía”, resume el documento, que convoca a un debate colectivo para construir alternativas de desarrollo para la provincia.