Por medio de un comunicado, las autoridades nacionales del justicialismo expresaron su repudio contra el paquete de leyes del presidente Milei que desregula la economía, «entrega la soberanía» y “criminaliza la protesta social, limita el derecho a huelga» y reinstala «el Estado de sitio».
El Partido Justicialista Nacional (PJ) rechazó “enfáticamente” la Ley Ómnibus» enviada por Javier Milei al Congreso, a la cual definieron como un proyecto que “avasalla derechos adquiridos y condena a los argentinos a una crisis más profunda”. Así lo afirmaron a través de una comunicado publicado en todas sus redes sociales.
Las autoridades del principal organismo del movimiento peronista apuntaron que el proyecto “profundiza y amplía el inconstitucional DNU 70/2023 que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes laborales y allana el camino a la privatización de las empresas públicas” lo cual representa «una pérdida de derechos y de soberanía para los argentinos y argentinas«.
“Lejos de plantear una solución a la grave situación que atraviesa nuestro país, el proyecto enviado agrava los problemas de los argentinos imponiendo un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que ya ha sido aplicado en otros momentos de la historia, y que provocó enormes tragedias sociales”, aseguraron desde el PJ Nacional.
Según el texto, “el Presidente quiere apropiarse de las facultades del Poder Legislativo, pisoteando la Constitución Nacional y la división de poderes. Asimismo, reduce la representación de las provincias en el Congreso, dando por tierra con la paridad de género y la multiplicidad de voces”. En este sentido, la proclama partidaria sostuvo que la «Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, así bautizada por el gobierno nacional, “pone en venta el patrimonio de todos los argentinos y argentinas privatizando las empresas públicas; y habilita al Gobierno Nacional a endeudarse sin necesidad de consultar al Congreso” y “justifica el despido de miles de trabajadores del sector público que actualmente sostienen políticas públicas que resultan esenciales para garantizar derechos.
El PJ además subrayó que el nuevo proyecto de ley “permite la entrada de tropas extranjeras al país sin autorización del Congreso; dispone la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES al Tesoro Nacional para utilizar la plata de todos los jubilados en la timba financiera; y elimina la fórmula jubilatoria para establecer aumentos discrecionalmente por decreto”, además de que “criminaliza la protesta social, limita el derecho a huelga, agrava las penas a ciudadanos que participen de manifestaciones y habilita a que el Estado pueda detener a quienes organicen reuniones ‘de tres o más personas’” lo cual reinstaura “el Estado de sitio en nuestro país. Lejos de representar el orden, esto conllevaría al caos social”.
“En síntesis, el resultado de la aplicación de estas medidas no va a ser distinto al que ya hemos vivido los argentinos con recetas que fracasan continuamente y que sólo lograrán la destrucción del empleo y el entramado PyME, la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio y los bienes naturales, y atenta contra los derechos y el sistema democrático”, sentenció el comunicado.