El proyecto de “tolerancia cero” contra las picadas ilegales en Rosario, impulsado por la concejal Samanta Arias (LLA) comenzó a tomar volumen político y va construyendo acuerdos. La iniciativa, que propone un esquema integral de control, sanción y persecución penal, ahora es empujada por el oficialismo y suma aportes de distintos bloques y del propio Ejecutivo, lo que acelera su tratamiento en comisión.

El eje de la ordenanza presentada en febrero es la creación de un Protocolo Antipicadas que plantea un cambio de enfoque frente a una problemática persistente en la ciudad. La idea es pasar de los operativos aislados a una estrategia sistemática basada en “tolerancia cero”, con intervención coordinada de distintas áreas municipales y herramientas más agresivas para disuadir y sancionar a los infractores ante pruebas de velocidad ilegal y conducción temeraria en la ciudad.

«Queremos terminar con las picadas ilegales en nuestra ciudad. En Rosario, el que crea que puede usar la calle como pista de carreras, tiene que saber que vamos a ser inflexibles», sentenció Arias, impulsora de la iniciativa.

Carreras clandestinas

El proyecto surgió en un contexto de reiteradas denuncias vecinales por descontrol vehicular, especialmente en zonas como bulevar Oroño y Lamadrid o la avenida Carrasco entre Puccio y Pintor Musto, en inmediaciones de La Florida.

En esas arterias de alto tránsito en las zonas sur y norte, durante las madrugadas se registran concentraciones de autos y motos que corren a alta velocidad y convierten el espacio público en pistas clandestinas.

De acuerdo con los testimonios, cuando el control municipal llega, los conductores se quedan esperando en el cantero central, y apenas se levanta el operativo, vuelven a correr generando riesgos constantes para terceros y alterando la vida cotidiana de vecinos y comerciantes.

En tanto, en la estación de servicio ubicada en el cruce clave del sur rosarino y que es utilizada sistemáticamente como «punto de encuentro» y zona de espectadores, tuvo que ser vallada en reiteradas oportunidades para evitar ser tomada por los infractores que la usan también como una especie de “zona de boxes”.

«Esto no puede suceder más. Los vecinos denuncian que además del peligro en sí por carreras el entorno es complejo, toman alcohol y hay ruidos molestos, ensucian los barrios y familias y comerciantes se sienten obligados a permanecer en sus domicilios. Necesitamos dotar a las fuerzas de control y de seguridad de herramientas operativas fuertes, con operativos cerrojo que los acorralen, se secuestren los vehículos y se tomen medidas correspondientes», agregó la edil.

Operativos cerrojo

Desde el oficialismo local respondieron que hoy en día se trabaja de dos maneras: por un lado con operativos de punto fijo que cumplen una función preventiva y para los cuales se delimitan zonas en función de denuncias previas; y, por el otro, cuando se reciben denuncias, se constatan y se actúa en el momento y de manera coordinada entre la Municipalidad y el 911.

Por eso, entre los puntos centrales, la iniciativa establece operativos tácticos de saturación permanente de la Secretaría de Control y Convivencia durante fines de semana y vísperas de feriados, pero no de manera predecible ni estática, sino que el despliegue de los agentes se guiará por el mapa de calor del delito y las denuncias vecinales al 147.

El esquema incluye operativos cerrojo para bloquear las vías de escape, secuestrar vehículos en el acto y evitar maniobras evasivas acorralando a los infractores, una de las principales falencias de los controles actuales según el diagnóstico de la autora del texto.

Uno de los aspectos más duros del proyecto es la denominada “adecuación técnica obligatoria”. En caso de secuestro, los jueces de faltas deberán ordenar el decomiso y la destrucción de autopartes no homologadas, como sistemas de óxido nitroso, turbocompresores o escapes modificados, antes de devolver el vehículo. Además, el infractor deberá afrontar un cargo por el desmantelamiento de esas piezas ilegales, incorporando otro componente económico a la sanción.

Sobre este punto, Arias fue categórica: «El Estado no puede devolverle a un infractor el vehículo con el que puso en riesgo la seguridad e incluso la vida de los rosarinos. Si el auto está modificado para correr, debe desmantelarse«. Además, la propuesta contempla que las multas aumenten considerablemente frente a la reincidencia, duplicando la multa frente a la primera reincidencia y, luego de una segunda reincidencia, promoviendo la inhabilitación judicial definitiva para conducir.

Los concejales oficialistas que intervienen en las comisiones donde se debate el expediente ven con buenos ojos la posibilidad de generar un protocolo que establezca el marco de acompañamiento entre control local y la fuerza policial, pero remarcaron la importancia que tiene la denuncia a tiempo por parte de los vecinos. “La denuncia en el momento es lo que les permite a las autoridades de control y a la policía actuar de inmediato para que la medida sea efectiva” señalaron.

Sanción penal

En paralelo, el protocolo prevé un avance en el plano penal. El municipio quedaría obligado a actuar como denunciante ante el Ministerio Público de la Acusación, utilizando evidencia como imágenes del sistema de monitoreo para impulsar causas bajo el artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona este tipo de conductas. Se buscará impulsar causas penales, multas económicas y la inhabilitación judicial de los conductores, aunque sobre este punto es donde el proyecto encuentra la mayor resistencia por parte de los concejales oficialistas.

El tratamiento legislativo también sumó modificaciones en las últimas semanas. En la comisión de Obras Públicas, se incorporaron cambios en los montos de las multas y la obligatoriedad de realizar talleres de educación vial en casos de reincidencia, propuestos por la edil justicialista Norma Lopez, en un intento por complementar la lógica punitiva con instancias de concientización.

Si bien se descarta que llegue esta semana a votarse en el recinto, con el respaldo creciente dentro del Concejo y la participación de distintos sectores políticos en su redacción, el proyecto empieza a consolidarse como una de las respuestas más estructuradas frente a las picadas ilegales. El dato político es clave: el oficialismo decidió avanzar con la iniciativa y construir consenso para su aprobación, en un escenario donde la presión vecinal y la reiteración de episodios empujan definiciones más contundentes.

«El espacio público es de los ciudadanos de bien, no de las mafias ni de los que se creen dueños de la noche. Con este protocolo, queremos dar un mensaje claro a quienes incumplen sistemáticamente las normas: en Rosario, la ley se respeta y el orden se impone», concluyó la concejal.