La reforma de seguridad de Maximiliano Pullaro pasó la zaranda finalmente en Diputados y con media sanción se encamina a ser ley en el trámite del Senado. Pero el costo político que le infligió al frente Unidos todavía quizás no se haya terminado de conocer. La diputada Lucila De Ponti es una de las voces más incisivas a la hora de interpretar e interpelar la maniobra que empujó el jefe de la Casa Gris. “Borran con el codo lo que escribieron con la mano”, reprochó al poner blanco sobre negro que el mismo gobierno que el año pasado habilitó la reforma constitucional ahora arremetió con una ley que pone en tensión las garantías de la Carta Magna.

La legisladora no ahorró ironías para cuestionar al gobernador, que durante el debate había mandado a estudiar la Constitución a quienes objetaban su iniciativa. “Le diría que la empiece a leer él, así la conoce un poco y revisa las leyes que manda a la Legislatura antes de hacerlo”, retrucó De Ponti. Y recordó que Pullaro no fue un espectador de la reforma de 2025: fue convencional constituyente y participó de las discusiones que terminaron incorporando nuevas garantías al texto provincial.

La contradicción –marcó la legisladora peronista– está en que aquella Constitución estableció de manera expresa el control de convencionalidad y amplió el marco de protección de los ciudadanos frente al Estado. Ya no alcanza con observar las constituciones provincial y nacional: también deben respetarse los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina. “¿Acaso pensaron el año pasado, cuando hicimos la reforma constitucional, que lo que poníamos ahí era letra muerta, o que en la primera de cambio íbamos a desconocer todo?”, inquirió.

De Ponti sostuvo que el proyecto original enviado por el Ejecutivo no era simplemente una mala ley, sino “lisa y llanamente inconstitucional”. Aunque reconoció que el texto finalmente aprobado es “infinitamente mejor” que el que había mandado Pullaro, advirtió que las modificaciones negociadas en Diputados no alcanzaron para despejar las objeciones de fondo. Entre los puntos que siguen generándole preocupación mencionó la exclusión probatoria, los allanamientos sin autorización judicial, el régimen agravado de detención y las medidas no privativas de la libertad.

Su cuestionamiento tampoco se limitó a una disputa entre oficialismo y oposición. La diputada recordó que los reparos fueron planteados por los ministros de la Corte Suprema de Justicia provincial que asistieron a la Legislatura, por siete jueces, más la Defensora General Estrella Robinson, representantes del Ministerio Público de la Acusación, colegios de abogados e institutos de investigación universitarios. “No lo decimos nosotros solamente ni los abogados penalistas. Lo dijeron todos los actores que tantas veces están legitimados en otras discusiones sobre el funcionamiento del sistema penal”, remarcó.

De Ponti cuestionó que el ministro de Seguridad hubiera defendido la posibilidad –luego descartada en la puja interna con el bloque Socialista– de las llamadas “áreas especiales de intervención policial”, eufemismo para nombrar una situación de estado de sitio. “Es una locura que estemos en este nivel de discusión en Santa Fe”, lanzó.

La diputada contrapuso esa excepcionalidad con los propios indicadores oficiales de seguridad. Recordó que el último informe del Observatorio de Seguridad Pública señaló que 2026 registra la menor tasa de homicidios de los últimos doce años. “Entonces, ¿cuál es la situación de emergencia y excepcionalidad que justifica dictar estas medidas tan extremas?”, planteó. La pregunta apunta al corazón del argumento oficial: si los índices mejoraron, ¿por qué avanzar con facultades estatales que, según la oposición, recortan garantías?

Para De Ponti, detrás de la reforma hay menos una necesidad concreta que una operación de posicionamiento político. “Me parece que esta ley, mucho más que a una necesidad, responde a una voluntad de hacer marketing con la política de seguridad”, acusó.

Y le atribuyó a Pullaro la intención de ponerse en el centro de la escena política, en un contexto en el que, según su mirada, no consigue hacerlo con otras acciones de su gobierno.

También puso en duda que las nuevas herramientas sirvan para avanzar sobre las estructuras económicas de las organizaciones criminales. Recordó que el propio gobernador había planteado la necesidad de perseguir a contadores y abogados que colaboran con el blanqueo del dinero del delito, pero sostuvo que ninguna de las disposiciones aprobadas el jueves pasado apunta efectivamente a ese objetivo. En cambio, ironizó, las herramientas podrían terminar utilizándose para perseguir “a los trapitos”.

La crítica de la diputada es que, bajo la promesa de ir contra el crimen organizado, la reforma termina ampliando la capacidad de intervención del Estado sobre los ciudadanos comunes, sin garantizar controles suficientes. “Lo único que se logrará es dejar más desprotegidos a los santafesinos frente a la acción del Estado”, advirtió.

De Ponti cuestionó que la política de seguridad de Pullaro tenga como respuesta casi excluyente el encarcelamiento. Y eligió una ironía con destino directo al legado político del gobernador: “Así como hubo gobernadores que son recordados por hacer hospitales, otros por puentes o escuelas, Pullaro será recordado por hacer una cárcel, El Infierno”.