En Rosario se aguarda que las tres empresas completen la mitad del sueldo pendiente de abril. Hoy, nuevo Zoom entre Fatap, UTA y Nación.

 

Mientras el gremio de los choferes rosarinos confirmó que continúa el cese de actividades hasta que se perciba la totalidad del sueldo de abril, a partir de las 13 de hoy, la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el gobierno nacional retomarán la audiencia que iniciaron el lunes. Allí, el Ministerio de Trabajo de la Nación recordó que giró los 1.500 millones de pesos mensuales en subsidios que correspondían y dejó en claro que «el interior del país tiene autonomía, por lo que las partes deben efectuar sus reclamos y gestiones ante las jurisdicciones pertinentes».

Pese a que las empresas solicitaron un fondo extra de otros 2.500 millones de pesos al mes para atender los reclamos salariales, las medidas que se aplican para paliar la pandemia ponen al transporte en un segundo plano y lejos de la urgencia.

En forma inédita, un paro en los colectivos urbanos no sacude el movimiento de Rosario y tampoco exaspera a los funcionarios y empresarios del sector. Los 55 días de cuarentena han dejado a los ómnibus relegados a un sistema de traslado no preferencial, ya que pueden darse situaciones de amontonamiento que atenten contra las buenas estadísticas sanitarias que tiene la ciudad en materia de coronavirus. Y esta medida de fuerza, tiene esa paradoja: se lanza porque hay miles de choferes que no cobraron el sueldo, pero sostiene el distanciamiento social de quienes quieran moverse por las calles.

Entre la promoción de medios alternativos (autos particulares, motos y bicicletas) y el escaso 15 por ciento de usuarios que utiliza las unidades, la difícil situación financiera prepandemia se transformó en asfixia e imposibilidad en el pago de los sueldos de abril. En rigor, los choferes percibieron la mitad de los haberes del mes pasado y lanzaron un paro por tiempo indeterminado que hasta anoche no tuvo respuestas de los funcionarios.

«La pandemia ha golpeado a todos económicamente. Si el Estado no permite funcionar a todo el sistema de transporte, debería asistirlo. Nuestro reclamo es hacia la empresa con la que tenemos relación laboral. Si la compañía tiene que hacer un reclamo para que Nación, provincia y la Municipalidad la asista, no está relacionado a nosotros», dijo ayer el responsable de UTA local, Sergio Copello.

Ayer en un escueto comunicado de prensa el gremio local decidió extender el corte del crédito laboral estirando el paro en los colectivos «hasta que los trabajadores perciban la totalidad de sus haberes».

En la reunión vía Zoom que celebraron el lunes las tres partes en conflicto, subyacen las posturas de empresarios, choferes y gobierno nacional. Los primeros recordaron la promesa de un fondo extraordinario (se habló de 2.500 millones de pesos) , denunciaron discriminación al interior del país en relación al Amba y explicaron sus pérdidas; el gremio ratificó la medida al resumir que sus afiliados y sus familias viven de su salario, y el Ministerio de Transporte descargó las responsabilidades a los gobernadores y jurisdicciones del país.

«Se ha cumplido en todo momento con las obligaciones asumidas, haciendo el Estado Nacional para su cumplimiento en tiempo y forma un gran esfuerzo dentro del marco sanitario y económico en el que nos encontramos. Negamos que exista preferencia entre el Amba y el interior del país. Y se reitera que el transporte urbano del interior tiene autonomía, por lo que las partes deben efectuar sus reclamos y gestiones ante las jurisdicciones pertinentes», sostuvieron en el gobierno para ir de lleno al conflicto con las empresas: «Negamos que sean las autoridades, las únicas que puedan generar los auxilios necesarios para sostener las remuneraciones de los trabajadores».

Una puja por el envío de los fondos

Tras habérsele solicitado un fondo extra de 2.500 millones, la Casa Rosada mira a los 60 mil millones de pesos que envía en concepto de ATN al interior.

   En Balcarce 50 argumentan que las provincias reciben unos 120 mil millones de pesos en asistencia de los que unos 60 mil millones son ATN. Es por eso que el fin de semana pasado se “bajó” la idea de un fondo extra para subsidios al transporte y se giró la responsabilidad a las provincias.

Estos 1.500 millones de pesos en subsidios mensuales que se giran en subsidios representan el 35 por ciento de los ingresos cuando el costo salarial es el 70 por ciento del esquema de costos.

“Es un tema de puja entre los gobernadores y la Jefatura de Gabinete. Veremos en qué desemboca, pero no se ve a nadie demasiado preocupado”, graficó una alta fuente.

A nivel local, el sistema ya perdió más de 200 millones de pesos.