El diputado provincial de Hacemos Santa Fe, Marcos Corach, cuestionó la política del Gobierno de Unidos para la Empresa Provincial de la Energía -y también para Aguas Santafesinas (Assa)- al afirmar que “aplican tarifazos, recortan la tarifa social, la morosidad se dispara y benefician a grandes desarrolladores, mientras no se cobran deudas millonarias y la falta de transparencia es total”. El bloque de legisladores presentó un pedido de informes en la Cámara baja para saber si es cierto que la empresa estatal de energía dejó de cobrar el cargo por expansión a desarrolladores inmobiliarios y constructoras, lo que supone dejar de percibir unos $8.000 millones mensuales. “(Maximiliano) Pullaro es sin dudas el mejor alumno de (el presidente Javier) Milei”, dijo Corach a Rosario/12, ya que “mientras a miles de familias les cuesta cada vez más pagar la luz su única política en la EPE es ajustar y subir tarifas”, justificó.

La política oficial para las empresas públicas de energía eléctrica y agua y saneamiento apunta, al menos en la relato gubernamental, a la eficiencia en su administración y la gestión superavitaria de sus recursos. A fin del año pasado, el Gobierno firmó un decreto por el cual limita los consumos de las personas que acceden de la tarifa social. La Casa Gris lo promocionó como un recorte a usuarios que abusaban del beneficio.

Para el diputado Corach, en cambio, se trata de la aplicación de “una doble vara”, mediante la cual la EPE es “débil con los fuertes y fuerte con los débiles”. El legislador dijo en diálogo con este diario que “en el caso de la provincia, por un decreto definen un tope bimestral a la gente para que pueda acceder a la tarifa social. En enero de 2024, la deuda de gente que está en el régimen de tarifa social era de 43 millones de pesos”, dijo. Pero, puntualizó, “hoy la deuda acumulada es de 37.000 millones de pesos, es decir, la gente que tiene hoy tarifa social, en total debe 37.000 millones de pesos, y eso es porque no lo puede pagar”.

Para unos sí, para otros no

“Definitivamente la solución al problema de pagar el consumo, en el caso de las tarifas sociales, no es ni recortando los topes, ni retocando los subsidios”, opinó el legislador de Rafaela y ex ministro de la gestión de Omar Perotti. “Hay información que surge de parte de la EPE donde dice que recortaron a gente que estaba colgada de la luz. Me parece perfecto, está muy bien, pero no me quieras contar que sos la empresa más eficiente del mundo cuando hay doble vara, fuerte con los débiles y débil con los fuertes”.

El planteo está plasmado en el pedido de informes elevado al Poder Ejecutivo. Es que, en paralelo al recorte de al menos 1.500 usuarios beneficiarios de la tarifa social, el diputado cree que el Gobierno dejó de percibir un cargo que pagaban grandes empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario y la construcción.

El texto legislativo pregunta “si es cierto que la administración provincial eliminó el cargo por expansión de la EPE a favor de los grandes desarrolladores inmobiliarios y constructores

de edificios y barrios privados”. Y agrega que “en caso de ser afirmativo, especifique la normativa que sustenta dicha medida y detalle la estimación del costo económico anual que esta exención representa para el presupuesto de la EPE, siendo el monto estimado de $8.000 millones de

pesos anuales”.

La diferencia es marcada en relación a quienes abusan de la tarifa social. En el caso de los 21 usuarios con mayores consumos que detectó la EPE, de hasta 7.000 kw, generaron facturas de más de 17 millones de pesos y pagaron por 3 millones. Lo que absorbió la empresa fueron 14 millones.

“No logro saber, porque no me contestan, si es cierto que han dejado de cobrar este cargo por expansión que la EPE había aplicado a los desarrolladores y a las constructoras, y esto significa en términos de pérdida de ingreso de 8 mil millones de pesos mensuales”, puntualizo el diputado opositor.

Grandes deudores

El pedido de informes también apunta a lo que la EPE deja de percibir por morosidad de grandes consumidores, que van desde cooperativas eléctricas hasta empresas, varias de ellas en crisis. Según los diputados de Hacemos por Santa Fe, la Cooperativa Eléctrica de Villa Gobernador Gálvez tiene una deuda de $5.000 millones con la empresa estatal provincial; Algodonera Avellaneda (Grupo Vicentin) $5.000 millones; la láctea Sancor $1.600 millones; Celulosa Argentina $1.400; Vicentin SAIC $600 millones.

“La pregunta sigue siendo la misma, ¿qué es lo que se está haciendo con eso? Yo no digo que cierran la cooperativa, pero tampoco me quiero comer el relato”, despotricó Corach. En esa línea, cuestionó “esta idea de vender para afuera que la empresa supervitaria, que son eficientes y demás”, cuando en el mejor de los casos eso se logra presionando a los usuarios residenciales y financiando la morosidad de los grandes consumidores.

El diputado recalcó que “lo que yo no quiero es comerme un relato. A mí me gustaría que me digan, nosotros en términos productivos vamos a hacer esto. Cuando me cuentan todas las buenas, cuéntenme también qué van a hacer con Vicentín”.

Aportes del Tesoro

Así como el Gobierno nacional aplicó un ajuste brutal para conseguir superávit primario, la gestión del gobernador Pullaro convalidó esa política en Santa Fe, con menor severidad en el sector público, pero traslado de “costos” a los particulares. Los tarifazos de EPE y Assa en 2024 superaron ampliamente la inflación y los incrementos salariales vía paritarias, mientras Unidos avanzó en la Legislatura con la “reforma presivional” de la caja provincial.

A mediados del año pasado, el gobernador anunció que Assa había conseguido equiparar sus cuentas y convertirse, incluso, en superavitaria. “Los últimos dos meses, la empresa de agua de la provincia de Santa Fe tuvo un pequeño superávit operativo de 4.000 y 8.000 millones de pesos”, sostuvo Pullaro el 28 de julio de 2025.

Corach no considera que eso sea así, y no cree que tenga que serlo necesariamente. “Ambas empresas (EPE y Assa) funcionan con aportes del Tesoro. No hay manera, son deficitarias. No es cierto que sean superavitarias, ninguna de las dos empresas”, enfatizó, y aclaró que “está bien que así lo sea”.

Además, aportó un dato que extrajo del Presupuesto provincial: “En el caso de la EPE, por ejemplo, en el presupuesto el gobierno de la provincia le va a mandar $ 8.200 millones. ¿De dónde salen? Se sacan de educación”.