La ministra Stanley recibió una carta de la CGT dirigida a Macri y se comprometió a responderla el lunes.
El Gobierno abrió ayer una ventana para ampliar la asistencia alimentaria a comedores y sectores sociales vulnerables ante la oleada de reclamos multisectoriales en esa línea. Fue en una negociación que mantuvo ayer la CGT con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en paralelo con una nueva movilización al centro porteño de organizaciones piqueteras y mientras otros sectores de las iglesias Católica y evangélica, el empresariado, el sindicalismo y los movimientos sociales emitían, por su parte, una declaración para exigir la implantación de la emergencia alimentaria.
En vista de que parte de los postulados de la norma, sancionada en diciembre de 2016 y vigente desde mayo del año siguiente, vencerán en diciembre, el Gobierno podría acelerar una prórroga y aumentar algunas de las partidas presupuestarias. Para hacerlo, explicaron los funcionarios, se requerirá coordinación entre Nación y las provincias que son corresponsables de las políticas de seguridad alimentaria. De todos modos, el Ejecutivo intentará manejar los tiempos para brindar esa respuesta y no cederles la iniciativa a los sectores que presionaron en los últimos días con ese argumento.
A través de un comunicado que difundió ayer por la mañana, la CGT advirtió que “resulta impostergable tomar medidas urgentes y extraordinarias” para paliar el hambre del que dan cuenta “los balances sociales efectuados por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Iglesia, por prestigiosas universidades nacionales, por organismos e instituciones de reconocida trayectoria, todos ellos confirmados por los datos oficiales del INDEC”. Y destaca la “larga tradición en redes de solidaridad, con vasos comunicantes en todo el país, de incontables actores sociales con gran experiencia en la materia e infraestructura disponible, instituciones públicas, privadas y religiosas, capaces de actuar en la emergencia”.
Ante ese panorama la central sindical, con la firma de sus dos cosecretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, demandó “la urgente declaración de la emergencia alimentaria y nutricional y la inmediata convocatoria, a todos los actores sociales con responsabilidad, probada experiencia e infraestructura disponible, a coordinar acciones en forma conjunta para atacar el flagelo social del hambre”.
En paralelo, y mientras una masiva marcha de organizaciones sociales capitaneadas por el Polo Obrero manifestaba frente a Desarrollo Social y montaba un acampe a la espera de una respuesta formal de Stanley a sus reclamos, una mesa multisectorial organizada por la Pastoral Social de la Iglesia Católica se congregó para discutir los lineamientos de un reclamo conjunto por la emergencia alimentaria. Aunque al finalizar las deliberaciones se difundió un comunicado en el que aparecían como signatarias entidades como la CGT, las dos CTA, la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades patronales, varias de ellas luego desmintieron haberlo firmado. Fue el caso de la entidad fabril, de la principal central obrera y de la Federación Agraria, entre otras, que si bien dijeron haber formado parte de deliberaciones de esa mesa no habían estampado su firma en ningún documento formal.
Se trató, como había anticipado este diario, de un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo y Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna que desde el año pasado delibera bajo las convocatorias de la Pastoral Social y que ya hacia diciembre le había reclamado al Gobierno nacional un cambio de rumbo. Si bien la Pastoral y Cáritas emitieron la semana pasada un documento con el reclamo de la sanción de una emergencia alimentaria, en esta ocasión se intentó un comunicado multisectorial. Con el correr de la tarde, sin embargo, varios de sus participantes se ocuparon de aclarar que no contaban con el aval de sus respectivas instituciones para involucrarlas en todos los párrafos del texto.
Por Mariano Martín