El diputado nacional Eduardo Toniolli presentó un proyecto en el Congreso que busca declarar la emergencia vial sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia. La medida apunta a que se continúen las obras de reparación y mantenimiento sobre 18 trazas nacionales, que se encontraban en ejecución durante el 2023. El proyecto de ley también establece criterios de priorización de obras, prohíbe despidos en el área de Vialidad, y fija las pautas de financiamiento de las obras a realizar. Para el legislador del peronismo, la situación más grave se da en las rutas nacionales 11, 33 y 34, que según el Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) aumentaron su siniestralidad en el último año. «Lo que intenta este proyecto es desandar el proceso de desinversión y vaciamiento del Estado nacional sobre las políticas en materia de vialidad y desinversión en las rutas nacionales», expresó Toniolli y remarcó que siguen sin avanzar en la provincia las obras conveniadas entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos: «El gobierno provincial no le pone demasiada enjundia a la hora de reclamarle a Nación».

El proyecto, que fue presentado este viernes y al que accedió Rosario/12, plantea declarar la emergencia pública en materia vial «para todo el trazado de la Red Vial Nacional correspondiente a la jurisdicción de la provincia de Santa Fe» por dos años. La normativa comprende a los tramos de las rutas nacionales 2, 7, 8, 9, 11, 19, 33, 34, 95, 98, 168, 173, 175, 177, 178, A007, A008 y A012 que atraviesan el territorio santafesino, y ordena adoptar «las medidas necesarias para garantizar la continuidad de todas las obras públicas» sobre la red vial nacional santafesina, que se encontraban en estado de ejecución durante el año 2023.

Entre las acciones a implementar se establece un relevamiento del estado de las rutas nacionales en la provincia, así como también la implementación de obras de rehabilitación y mantenimiento «en tramos de rutas cuya evaluación de estado sea malo a muy malo». Además, se plantea la ejecución de obras de conversión a rutas de terceros carriles para vías de tránsito mediano, y garantizar el cumplimiento efectivo de todas las obligaciones asumidas por los concesionarios viales.

El proyecto propone priorizar la realización de obras sobre los tramos de alta transitabilidad vehicular y de acceso a localidades; luego los tramos nodales para el tránsito productivo, comercial y turístico; y por último, los tramos nodales de interconexión provincial y regional. A la vez, se establece que mientras dure la emergencia, el gobierno nacional no podrá despedir, ni suspender, ni cesantear al personal de la Dirección Nacional de Vialidad, independientemente de su modalidad de contratación

Uno de los puntos fuertes del proyecto es sobre el origen de los fondos para costear la emergencia. En el escrito se propone utilizar los recursos disponibles y no ejecutados del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y los que se recauden a futuro del impuesto a los combustibles. Según el marco normativo vigente, el 50% de esos recursos deben destinarse al Sistema Vial Integrado. «La utilización de una porción de los recursos del impuesto a los combustibles para fines distintos a los previstos en la ley vigente ha sido materia de público reclamo por parte de las autoridades provinciales», se destaca en los fundamentos de la ley.

En la misma línea, el texto de la norma da cuenta del «inequitativo e innecesario» ajuste del gasto público, donde el gobierno paralizó la gran mayoría de las obras que estaban en ejecución sobre la red vial nacional. «Se trata de una situación grave que afecta a todas las provincias del país», señala el texto y añade: «En el caso de Santa Fe, las rutas 11, 33 y 34 por mencionar las más significativas, sufren un deterioro ostensible debido a la falta de inversión en obras y de mantenimiento adecuado».

Desinversión

«Lo que intenta este proyecto es desandar el proceso de desinversión y vaciamiento del Estado nacional sobre las políticas en materia de vialidad y desinversión en las rutas nacionales. A lo largo de la provincia, las rutas nacionales están totalmente detonadas y el gobierno nacional se niega a transferirlas, pero tampoco las arregla o mantiene», expresó en diálogo con Rosario/12. «Ha habido algunos fallos, por ejemplo el del juez Aldo Alurralde de Reconquista, que obliga al Estado nacional a atender la ruta 11, así como también fallos que obligan al gobierno a mantener la circunvalación de Rosario. Lo que planteamos con este proyecto es una salida integral a esa situación», añadió.

El legislador del peronismo también recordó que vienen denunciando el abandono por parte del gobierno nacional de las 189 obras nacionales que se estaban realizando en la provincia, muchas de las cuales eran viales. De ese universo, el gobierno santafesino hizo un convenio con el gobierno nacional, rubricado por Francos, para retomar unas 25 obras, pero que al momento no han tenido avances significativos. «El gobierno provincial no le pone demasiada enjundia a la hora de reclamarle a Nación», expresó y agregó: «Es un reclamo anémico, frente a todos los atropellos de un gobierno que es profundamente antinacional, antipopular y antifederal. Y no parece haber una reacción acorde con ese ataque al interior del país».

En ese sentido, Toniolli sí reconoció un reclamo sostenido de Provincia por tema rutas, llevado adelante por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico: «Coincidimos y entendemos que este proyecto es concurrente con ese reclamo. Lo que nosotros planteamos es un enfrentamiento integral con el gobierno nacional, porque el mismo gobierno que desatiende las rutas nacionales, es el que ha eliminado casi a cero las transferencias no automáticas, que producto de su política recesiva también ha bajado las recaudaciones y por lo tanto mandan menos coparticipación. Vemos esto como una suma de reclamos que deberían sostenerse y que requieren de una mayor insistencia de parte de los gobiernos provinciales».

El dirigente rosarino también explicó que ante cada carga de combustible, alrededor del 12% se va en impuestos que se destinan al Fondo de Infraestructura para el Transporte. Pero además, de ese fondo fiduciario el 28% debe invertirse en la red vial nacional. «El año pasado el gobierno se comió 200 mil millones de pesos que eran de ese fondo y que tenían que ir a vialidad», remarcó y agregó: «Nuestro planteo es que se inviertan esos fondos. Todos los que no se invirtieron en su momento y los que vengan de acá en adelante, con el fin de reparar las rutas nacionales en territorio santafesino».

Siniestralidad

El reclamo se circunscribe en un contexto de aumento de la siniestralidad en la provincia. Un informe elaborado por el Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial da cuenta de un aumento de los siniestros fatales sobre la Ruta Nacional 34 y la Ruta Nacional 11. Según el organismo, entre enero y noviembre del 2024, hubo 60 fallecidos entre ambas rutas. En el caso de la 34, el guarismo implica un aumento de casi 30% en relación a 2023, con una tasa de 7.64 personas fallecidas cada 100 kilómetros. En el caso de la 11, el relevamiento arroja una tasa de 4.87 personas fallecidas cada 100 kilómetros.

«El Observatorio de Seguridad Vial de Santa Fe señaló públicamente que durante 2024 se dio un aumento de la siniestralidad en la ruta nacional 34, que junto con la 33 y la 11 son algunas de las que están más detonadas, al mismo tiempo que son de gran importancia para distintas regiones de nuestra provincia», recalcó Toniolli. «El no mantenimiento de las rutas evidentemente tiene un impacto sobre ese aumento de la siniestralidad. Y de seguir así, va a ir de mal en peor», sentenció.