Más de cincuenta reclamos administrativos de empleados del Poder Judicial fueron presentados este jueves ante la Mesa de Entrada de la Casa de Gobierno, y la lista se ampliará en los próximos días. La formalización se dio tras una protesta de trabajadores (no de jueces ni magistrados) en las escalinatas del Palacio de Tribunales, que se trasladó luego hasta la propia sede gubernamental.

El sector pide por la firma de un centenar de decretos que implican ascensos, promociones y designaciones de unos 400 agentes. Para llegar a tales nombramientos se deben superar instancias de exámenes pero que tienen un vencimiento; cuando dicho plazo opera, los agentes deben volver a rendir, y ésa es otra de las situaciones que se denuncian. En el listado, hasta aparecen familiares directos de al menos dos integrantes del gabinete provincial.

En la agenda

El aspecto descripto que generó los reclamos administrativos citados es uno de los planteos esbozados por la Corte Suprema al ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, cuando se reunieron semanas atrás. Allí también se habló de las vacantes no cubiertas y de las partidas presupuestarias insuficientes, que afectan esencialmente la continuidad de algunas obras de infraestructura.

Los tres temas volverán a estar en la reunión que mantendrán los magistrados con el gobernador, después de que Maximiliano Pullaro concediera la audiencia solicitada para este domingo a las 7.30 de la mañana. Hasta el momento, habían sido notificados para asistir los seis ministros; no así el Procurador.

Más allá de las suspicacias generadas a partir de lo inusual – «insólito», a juzgar por el propio presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez- del día y horario elegidos por el mandatario, el encuentro genera expectativa porque se consuma en el momento más álgido de la relación entre ambos poderes, desde que comenzó la gestión de Pullaro.

Por la renovación

La intención del actual gobierno de renovar el máximo tribunal sobre la base de que cinco de sus seis miembros superan el tope de edad impuesto por la Constitución (65 años) fue enunciada desde el inicio de la administración. Durante estos meses, se conocieron «gestiones de buenos oficios» de interlocutores del gobierno para intentar – según la interpretación oficial- una salida «decorosa» de los magistrados. Pero ante lo que el Ejecutivo interpretó como una «resistencia» de los cortesanos, comenzaron a registrarse acciones que la Corte descifró como represalia. De allí, el «ahogo financiero» y las «designaciones pisadas» que se citaron.

La relación no volvió a encauzarse y los tiempos podrían precipitarse, atentos a la inminente sanción de la nueva ley previsional, que también motivó quejas del Poder Judicial. La litigiosidad que dicha norma generará en la práctica ya fue advertida desde el propio Colegio de Magistrados. Y una Corte hostil al actual gobierno podría poner en riesgo el futuro de dicha reforma, así como el de otras – la constitucional, por ejemplo- que también tiene en agenda el gobierno. De allí, que en el seno del Poder Ejecutivo exista un convencimiento – según pudo saber El Litoral- respecto de que la variable «tiempo» es clave de aquí en más tanto para el futuro de las reformas que encara la gestión, como para el propósito de renovar la Corte. Los plazos podrían acelerarse…