Dos expresidentes de la empresa láctea Sancor fueron procesados esta semana por la Justicia Federal, acusados de apoderarse indebidamente -durante años- de aportes sociales que debían hacer para los empleados de la firma. Se trata de José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estaban al frente de la firma cuando se cometieron los delitos investigados, entre 2020 y 2024.

El caso se inició a principios de 2024, cuando trabajadores de la planta ubicada en Sunchales (provincia de Santa Fe) tomaron conocimiento de que su empleador no estaba realizando los depósitos correspondientes de las sumas retenidas en concepto de aportes al Sistema de Jubilaciones y Pensiones y al Sistema de Obras Sociales.

La denuncia fue presentada ante la justicia provincial el 9 de febrero de ese año, pero por razones de competencia por los delitos investigados las actuaciones terminaron en el Juzgado Federal de Rafaela.

Casi en forma simultánea, empleados de la planta de Don Torcuato (provincia de Buenos Aires) hicieron otra denuncia similar en el Juzgado Federal de San Isidro.

La causa se unificó en el fuero rafaelino.

El fiscal titular de la Unidad Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, y el fiscal coayuvante Federico José Grimm reunieron suficientes elementos como para solicitar la indagatoria de los acusados y solicitar los procesamientos.

El trámite se concretó el pasado 12 de noviembre y los imputados, representados por el abogado Pablo Francisco Salvatori, decidieron no hacer uso de la palabra.

El doctor Salvatori planteó en la oportunidad que “no basta (como para pedir el procesamiento) con que el titular de la acción penal acredite meramente que no se ingresaron a las arcas del fisco determinadas sumas de dinero imputables a un impuesto concreto y a un período fiscal específico en tiempo útil, sumado a haber demostrado a través de ciertos informes que Gastaldi y Sánchez en dichos períodos revistieron, respectivamente, la calidad de presidentes de la cooperativa SanCor. No basta con esto. A fin de evitar en los hechos la creación de un tipo de responsabilidad objetiva, toca al fiscal demostrar que mi pupilo efectiva y personalmente como individuo intervino dolosamente en dichas omisiones”.

El defensor solicitó la suspensión del proceso a prueba y citó jurisprudencia.

Además, señaló que en paralelo existe una causa en trámite por ante la justicia ordinaria provincial por el concurso preventivo de la empresa, “en la cual el principal interesado en el avance de esta cuestión penal, léase fisco nacional (ARCA, que es querellante en el proceso penal) ya se ha presentado a verificar sus créditos en un escrito de 130 páginas, los cuales incluyen lo que se discute aquí, con lo cual está intentando por una doble vía cobrar dos veces su acreencia”.

Voluntad

El juez interviniente, Aurelio Cuello Murúa, rechazó los planteos de la defensa, incluida la posibilidad de la “probation” o suspensión de juicio a prueba.

“Estimo que los nombrados, habiendo sido presidentes del Consejo de Administración de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas, por un lado, conocían la calidad de agente de percepción y retención de los aportes con destino al sistema de la seguridad social, que revestía la firma a la época de los hechos investigados; y, por otro lado, tuvieron la voluntad de no cumplir con el mandato preceptivo (depositar), es decir en su ánimo existió la intención de eludir las obligaciones con el propósito de una mejora patrimonial, teniendo especialmente en cuenta en este punto, que la suma total evadida asciende a $1.644.440.882,68”, puntualizó el magistrado.

“En definitiva -agregó-, cabe concluir, sin más, que las conductas investigadas se presentan como un obrar intencional y libremente realizado, por lo tanto, voluntario, no habiendo dudas en esta instancia de la instrucción de que Gastaldi y Sánchez contaban con el dominio de los hechos que se le atribuyen.

“En efecto, con el obrar propio y voluntario de los nombrados, dentro del marco de la posición jerárquica que ocupaban en la Cooperativa durante los períodos fiscales en cuestión, se encuentra probado holgadamente la retención y la omisión de ingresar los aportes al Sistema Único de la Seguridad Social, correspondientes a los montos y períodos fiscales indicados por parte de aquellos en tal calidad”, concluyó.

Cabe destacar que los delitos investigados contemplan una pena que puede ir de los dos a los seis años de prisión.

Procesados

Finalmente, el juez dictó el procesamiento de Gastaldi y Sánchez por considerarlos presuntos autores penalmente responsables del delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social.

Ambos permanecerán en libertad, pero tendrán la obligación de prestar promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación y también de hacer saber todo cambio de domicilio mientras dure este proceso.

También, el magistrado dispuso trabar embargos sobre los bienes de los imputados, por 90 millones de pesos cada uno.