«Yo le decía Juan Pancho, lo conocía del barrio. Hay muchos Juan Pancho que se fueron antes y son muchos más los que se van a seguir yendo. ¿Qué hacen el Estado y las organizaciones sociales para cortar esa brecha de cuántos más o cuántos menos?». La pregunta la hizo un militante social de barrio Ludueña que había mantenido un vínculo con Sebastián Vallejos, para él Juan Pancho, un pibe de 17 años asesinado de un balazo en la cabeza a comienzos de la semana pasada.

De los 129 homicidios dolosos registrados en lo que va del año en el departamento Rosario, en al menos en 38 casos las víctimas tenían menos de 25 años y 12 de ellos eran menores de edad. Muchos tenían relación con organizaciones sociales o pequeños clubes, unos de los pocos espacios de contención en los barrios populares donde ocurrieron el total de estos casos.

Se trata de un aspecto que da cuenta de que las consecuencias letales de la violencia urbana no siempre se expresan sobre personas vinculadas únicamente al delito. Incluso en los casos en los que las víctimas tenían una historia conflictiva, con antecedentes penales o pasos por el sistema penal juvenil, también aparecen relaciones con el Estado u organizaciones sociales. La vida de los jóvenes expuestos a la violencia tambalea entre la exposición al peligro y la contención que muchas veces no alcanza para evitar desenlaces fatales.

 

Sebastián Vallejos tenía 17 años y vivía en Gorriti y Campbell, en el barrio Ludueña. Al anochecer del lunes le avisó a su mamá que salía para ver un partido de fútbol que sus amigos iban a jugar en la canchita de French y Cullen. Un rato después, pasadas las 21, tres chicas golpearon la puerta de la casa de Sebastián para avisarle a sus familiares que el chico había sido baleado en la cabeza, herida por la que murió dos días más tarde.

En la descripción preliminar del hecho la versión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se ajustó a una dinámica habitual: los homicidas, al menos cuatro, pasaron a bordo de un auto, dispararon e hirieron a la víctima. Lo que dijeron los vecinos el día después fue que los tipos tiraron durante tres cuadras, tal vez con el grupo que integraba Sebastián como principal blanco, pero que así también pudieron haber herido a cualquier vecino. Hablaron de que el ataque «fue para el barrio». En la escena del crimen se levantaron 39 vainas servidas.

Que el ataque no haya estado dirigido puntualmente hacia Sebastián, que es lo que indican los testigos, puede ser un indicador más de que no todos los hechos de violencia callejera se ajustan a un conflicto lineal que supone la rivalidad entre personas o grupos. Lo que no quita que la víctima tuviera su historia vinculada al delito, aunque ese aspecto no esté relacionado a su asesinato. Sebastián además tenía lazos con organizaciones sociales, y eso también habla de la complejidad de los contextos en los que ocurren estos hechos.

Los pibes y el territorio

Federico López tiene 30 años y hace varios que milita en barrio Ludueña, donde nació. Su principal espacio de referencia es el centro comunitario San Cayetano, que hace casi 40 años lleva adelante un comedor y otras actividades para jóvenes y adultos. Sus años de recorrida por el barrio lo llevaron a conocer a muchos pibes y pibas. Tantos de ellos, dice, fueron víctimas letales de la violencia. La más reciente es Sebastián Vallejos, a quien él le decía Juan Pancho.

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Este sábado el chico iba a participar con sus amigos de un encuentro interbarrial de organizaciones sociales en el barrio Fontanarrosa, la ex Zona Cero de la zona nortoeste de la ciudad. Sebastián, muy futbolero, iba a jugar un partido con pibes de otros barrios. Enterado del asesinato del chico, Federico escribió en sus redes sociales: «Mirás la realidad y pensás que mientras más jóvenes van matando, será muy difícil seguir adelante. Hoy se va otro más para arriba, es muy triste y doloroso ver cómo se matan entre los pibitos del barrio».

En diálogo con La Capital, Federico recordó a Sebastián como «un buen pibe, de buena familia y muchas luces». Lo conocía desde hace varios años, cuando el chico formó parte del programa Juventudes Incluidas que llevaba adelante la Secretaría de Seguridad Comunitaria. Con el paso de los años, aunque continuaron en contacto y ligado a actividades sociales, en paralelo Sebastián transcurrió otros caminos. En sus redes sociales, por ejemplo, solía mostrar fotos manipulando armas de fuego.

«Hay que preguntarse por qué el pibe cae en la joda, en tener un fierro», indicó Federico. «Los pibes del barrio no nacen ni chorros ni narcos. Eso depende de las posibilidades que el Estado les da», agregó. En ese sentido compartió una metáfora: «Bolsa vacía no se para». «Una bolsa vacía se cae o se la lleva el viento, y una bolsa llena no se dobla. Cuando llenás a esos pibes al menos con sus necesidades básicas, van a ser menos propensos a caer en esas redes», analizó.

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«Uno de los grandes problemas que vemos entre las muertes de los pibes es el territorio. Hay pibes que son de barrio Triángulo y no pueden ir a Bella Vista, o son de Ludueña y no pueden ir a Empalme Graneros», indicó López. Con la vista en esas complejidades es que se organizan los encuentros interbarriales entre organizaciones. «Cuando se encuentran los jóvenes con similitudes en el trabajo que cada organización social viene haciendo es más fácil llegar a ellos», agregó.

La importancia de un Estado presente

«Tenemos que entender lo que implica la ausencia del Estado en los barrios. Donde hay un Estado presente no gana el narco. Hoy pasa lo que pasa por el corrimiento del Estado de algunas políticas públicas que se venían llevando adelante», indicó López. Lo cierto es que el contexto de pandemia de Covid19 provocó el debilitamiento del vínculo de muchos jóvenes con áreas del Estado u organizaciones sociales que muchas veces funcionan como nexo a programas sociales tanto del ámbito municipal como provincial.

En la dinámica intensa de la vida de los pibes y las pibas resulta muy difícil que esos lazos, una vez deteriorados, vuelvan a reforzarse. A veces el único vínculo que queda es el necesario para que los chicos continúen accediendo a las becas que cobran a partir de su participación en dichos programas, como el Nueva Oportunidad a nivel local y el Santa Fe Más a nivel provincial.

Federico López cuenta que en su espacio de militancia, el Centro Comunitario San Cayetano de Ludueña, hay al menos 90 jóvenes vinculados al programa Santa Fe Más. Desde que entre los años 2012 y 2013 se comenzó a impulsar el Nueva Oportunidad hubo un mínimo de 250 que fueron vinculados al mercado laboral, y según López al menos 200 alcanzaron trabajos efectivos. En ese sentido apuntó la crítica a las declaraciones recientes de Carolina Losada, precandidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio, acerca de que los chicos de la provincia «sueñan con ser narcos o sicarios». «Los pibes no quieren ser narcos, eso depende de las posibilidades, de su entorno, de cómo está su barrio, de cómo funcionan las escuelas», indicó López.

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«Hay que dar otro tipo de discusión sobre por qué se matan los pibes. Más allá de que los jóvenes son asesinados, serían muchos más si no estuvieran las organizaciones sociales», agregó. En esa línea insistió: «Hoy no estalla la ciudad porque están estas organizaciones, y el Estado no tiene que ausentarse de esos espacios».

Otros casos

Así como ocurrió con la vida y muerte de Sebastián Vallejos hubo otros casos de jóvenes asesinados en lo que va de 2021 que habían mantenido algún tipo de vínculo con áreas del Estado, organizaciones sociales o ambos. Sin ir más lejos aparece el caso de uno de los jóvenes asesinados en villa Flammarión el 1º de agosto.

Rodrigo Sebastián Velázquez, de 18 años, esperaba su turno para entrar a una peluquería de Lamadrid y Flammarión cuando los agresores pasaron en un auto, balearon el lugar e hirieron de muerte al chico. En ese ataque murió también otro joven, de 26 años. Según confirmaron a este diario, Velázquez participaba de un programa estatal a través del vínculo con un espacio social ubicado en Bermúdez y Arijón.

La noche del viernes 26 de febrero Gabriela Frasoli, de 24 años, fue asesinada a balazos en medio de una zona de pasillos laberínticos en Cepeda y bulevar Seguí, en el sudeste de la ciudad. Dos jóvenes aparecieron a pie por el pasillo y gatillaron en dirección a Gabriela, que estaba con su hija y otra mujer. La víctima formaba parte de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), espacio desde el cual después del crimen contaron que Gabriela días atrás había estado preparando los carteles para movilizarse el 8 de marzo en el marco del Día de la Mujer.

 

«Matan por diversión», fue el comentario de un adolescente después del asesinato de Lucas Elías Rolón, un muchacho de 27 años asesinado de un balazo a fines de febrero pasado en Presidente Quintana y Dorrego. El muchacho integraba la organización social Territorios Saludables, que trabaja en esa zona desde hace más de una década cuando eran parte del Movimiento 26 de Junio, espacio en el que participaban las víctimas del recordado triple crimen de Villa Moreno, ocurrido el 1º de enero de 2012. «Es terrible lo cotidiano que resulta una muerte joven fuera del centro, se naturaliza. El dolor se queda en el barrio, donde nos conocemos y siempre intentamos ayudarnos», dijeron sus compañeros en ese momento.

El 10 de mayo Matías Ezequiel Ibáñez, de 21 años, fue asesinado a metros de donde en 2019 habían matado a un amigo suyo y herido de gravedad a otro. A Matías lo balearon en el techo de una casa vecina a la suya, en bulevar Seguí y Provincias Unidas, donde intentaba refugiarse de personas que lo habían seguido durante unas cuadras. Un familiar contó a La Capital que el chico había ido con su hermano mellizo a comprar marihuana a la zona conocida como La Lagunita cuando con los propios vendedores se desató un conflicto. Con el paso de los días se supo que el joven había participado de uno de los primeros espacios creados por el programa Nueva Oportunidad, desde donde estuvo al frente del grupo que conformó una cooperativa que fabrica baldosas.

 

El domingo 23 de mayo por la tarde Marcos Basabilbaso, de 16 años, estaba en su casa de Lincoln al 2900, en el barrio Tablada, en compañía de su novia cuando al menos dos personas ingresaron a las patadas y gatillaron en dirección a la pareja. Marcos murió producto de los balazos y la chica, de 18 años, fue herida en una mano. Unos días después quedó detenido como presunto partícipe del homicidio otro menor de edad y el hecho se enmarcó en una disputa por narcomenudeo. Tiempo atrás, hasta la pandemia de Covid19, el chico había participado de un taller de cine de la organización social Rancho Aparte, que en los últimos meses se quedó sin el espacio físico que tenían a dos cuadras de la casa de Marcos.

El sábado 17 de julio por la tarde Milagros Aylén Cáceres, de 22 años, fue asesinada a balazos cuando iba como acompañante en una moto por Guillermo Tell y Salva, en la zona de Ayacucho al 6400. Por ese hecho quedó a disposición del Juzgado de Menores Nº 1 un chico d 16 años que desde un principio fue mencionado como partícipe del crimen. Milagros era jugadora de fútbol en el Club Infantil Oriental, espacio de la zona sur ubicado en Buenos Aires al 5800. También militaba en el Movimiento Evita, donde estaba a cargo de un ropero popular para brindar prendas de vestir a chicos y adultos del barrio Saladillo.