La lista, publicada en la nota, incluye desde industrias a constructoras, pero hay pocos financistas.
Si bien hasta ahora la causa por «espionaje ilegal» que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva contra el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, se centró en los dirigentes políticos que el funcionario habría fichado, en la lista de 661 posibles víctimas aparecen integrantes de al menos 36 directorios de empresas con negocios en la provincia. La lista de las compañías que tienen directores cuyos datos recopiló Saín y a la que accedió Rosario3 es la siguiente:
AIR (aeropuerto)
Brimax (industria)
Catering Gourmet (gastronomía)
Cidal (industria)
Cofco (agroexportadora)
Cotar (láctea)
Daminato (financiera)
El Centinela (Seguridad)
Escobar (concesionaria de vehículos)
Fundar (constructora)
Milkaut (láctea)
Minervino (constructora)
Montehelado (alimenticia)
Mor Arquitectura (desarrolladora inmobiliaria)
Multimedios La Capital (medios)
Natalio (concesionaria de vehículos)
Nation Litoral (concesionaria de vehículos)
Ombú (maquinaria agrícola)
Obring (constructora)
Paladini (Frigorífico)
Pecam (constructora)
Petroquímica Bermúdez (industria)
Pesado Castro Dealer (concesionaria de vehículos)
Pilay (desarrolladora inmobiliaria)
Profertil (agroquímica)
Prosegur (seguridad)
Prost (concesionaria de vehículos)
Randstad (selectora de recursos humanos)
Reno (industria del mueble)
Rosetti (desarrolladora inmobiliaria)
Sanatorio de la Mujer (salud)
Sanatorio Parque (salud)
Sanatorio Plaza (salud)
Sancor (láctea)
TPR (concesionaria de puerto rosario)
Terragene (biotecnología)
Vicentin (agroexportadora)
¿Razones para espiarlos?
La lista de hombres vinculados a los negocios puede extenderse porque también aparecen fichados empresas porteñas (como la editora del diario La Nación) y dirigentes empresarios de la ciudad, como Ricardo Diab, titular de la Asociación Empresaria de Rosario (AER).
Con todo, es llamativa la lista porque salvo Vicentin, Mor Arquitectura y Catering Gourment (del empresario Dutra), ninguno de los directores tiene paso por los Tribunales, aparecen vinculado a investigaciones penales, organizaciones criminales ni similares, y su actividad se conoce públicamente desde hace años en la ciudad.
Aparecen contratistas de obra pública que algunos funcionarios del gobierno provincial catalogaban de muy cercanos al anterior gobierno socialista, y concesionarias públicas (como TPR). También se especula que los directorios de sanatorios haya sido fichados a pedidos de operadores del negocio vinculados al poder politico con planes de expansion en la ciudad. Pero esas son especulaciones que se alimentan más en los corrillos políticos.
Aparece Cofco, dato no menor porque se trata de un gigante chino del negocio aceitero y se pude abrir allí un malestar diplomático. También sobresale que en la lista haya pocas financieras bajo observación.
La investigación no se centra en escuchas ilegales ni -en la mayoría de los casos- seguimientos. Es la recopilación sistemática de información sobre personas físicas y jurídicas sin causa abierta ni control judicial, de forma discrecional, a dedo y desde bases de datos abiertas o cerradas pero centralmente desde oficinas y con personal provincial.
Las carpetas de Saín surgen a partir de la detección de informes y búsquedas desde el propio Ministerio y el Organismo de Investigaciones de datos sobre patrimonios, viajes, sociedades y más de las posibles víctimas.
Los investigadores sospechan y buscan constatar si efectivamente se realizaron sin jueces o fiscales solicitantes. Tampoco se conocen fines institucionales, por lo que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez lo siguen de cerca.
En declaraciones públicas, Sain negó la acusación, aseguró que es víctima de lawfare y resaltó que todas las investigaciones se hicieron en el marco de asistencia a la Justicia. «Otra cosa es decir «vamos a hacer el perfilamiento de determinada persona» y buscar información de sus cuentas, de sus propiedades, eso es ilegal. Y negamos rotundamente ese tipo de actividades», dijo a El Litoral.