Los abogados de Amado Boudou y Roberto Baratta pidieron en la causa de Lomas de Zamora, donde se investiga el espionaje carcelario, que se cite a la cofundadora de Cambiemos por su vínculo con la AFI macrista. Su rol en la Operación Puf y la filtración de escuchas ilegales.
En el marco de la causa por espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora, abogados que representan a la querella pidieron que se cite a prestar declaración indagatoria a Elisa Carrió. Le achacan haberle dado “cobertura” al espía ilegal Marcelo D’Alessio y su banda paraestatal. La cofundadora de Cambiemos, tal como publicó este medio, había recibido en tiempo récord escuchas ilegales que la AFI tomó del penal de Ezeiza. La Casa de Espías se las hizo llegar apenas se produjo el allanamiento en el domicilio de D’Alessio. Las transcripciones de esas grabaciones fueron las que utilizaron Carrió y el fiscal procesado Carlos Stornelli para darle impulso a la Operación Puf, el caso con el que se buscó derribar el D’Alessiogate.
Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes representan a los querellantes Amado Boudou y Roberto Baratta, dos de los espiados en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, pidieron el miércoles que “se cite también a prestar declaración indagatoria a Elisa María Avelina Carrió”. Lo hicieron en el marco de la tanda de 25 indagatorias que comienza este viernes en los tribunales de Lomas de Zamora, que incluye a la cúpula de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a la del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Básicamente, se indagará “a los que se considera responsables de las escuchas ilegales en los pabellones IRIC y su utilización en el marco de las maniobras de espionaje y persecución política”.
Parte de esas mentadas escuchas ilegales son las que terminaron en manos de Carrió y provocaron que se abra la Operación Puf, que si bien fue archivada en primera instancia, hoy se discute en la Cámara Federal porteña. Rúa y Peñafort le adjudican responsabilidad a Carrió “en la maniobra ilegal desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el espía D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.
Las escuchas, Carrió y la Operación Puf
El 6 de febrero de 2019 se produjo un hecho que activó todas las alarmas en el Gobierno de Mauricio Macri. Aquel día, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla allanó el domicilio del espía ilegal Marcelo D’Alessio, en el country Saint Thomas. El procedimiento se extendió hasta el día siguiente. Apenas unas horas después de que finalizara el operativo, el 7 de febrero del año pasado, Carrió subió un tuit en el que sostuvo que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”. La “Operación Puf” empezaba a mover sus engranajes. Para ese entonces, la dirigente de la Coalición Cívica ya había recibido el material que la AFI macrista había recopilado de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza. Eran las transcripciones de las escuchas ilegales que Carrió llevó al día siguiente a Comodoro Py –vía Mariana Zuvic y Paula Oliveto- para darle impulso a la causa que creó la exSIDE para derribar el caso D’Alessio.
Una serie de datos revelan la desesperación del macrismo cuando se destapó el D’Alessiogate: las transcripciones que utilizaron para esa presentación de Carrió incluían conversaciones del 5 de febrero. La AFI retiró de la Dajudeco el cd 539 con la grabación ilegal de esos diálogos el 6 de febrero a las 15.33. Es decir, en 24 horas el organismo de inteligencia se encargó de desgrabar el material y hacérselo llegar a la cofundadora de Cambiemos para activar un plan que obstaculizara el trabajo de Ramos Padilla. La AFI tuvo esa escucha en su poder apenas un día. Y nunca pasó por un juzgado. Era una escucha ilegal.
Por eso, “Operación Puf” se transformó en un expediente paradigmático de persecución judicial en el que articularon su accionar los servicios de inteligencia, medios de comunicación hegemónicos y jueces y fiscales del Lawfare, que pronto mostraría todos sus hilos.
En la causa de los “Super Mario Bros” que tramita en Lomas de Zamora se comprobó que las escuchas que se utilizaron en Puf fueron ilegales, las tenía la AFI y luego llegaron las transcripciones a manos de Stornelli y Carrió. Reconstruyeron el circuito de las grabaciones y el rol que jugó una dirección puntual de la exSIDE: la de Jurídicos, a cargo de Juan Sebastián De Stéfano, un hombre cercano a Daniel “Tano” Angelici, y quien está citado para prestar declaración indagatoria el 30 de noviembre a las 12.
Es en ese marco, que Rúa y Peñafort requieren que se convoque también a Carrió.