Nahuel “Ciruja” Basualdo, un cuidacoches que hasta su detención –hace tres años– merodeaba un sector en barrio Alvear, está siendo juzgado por una incursión en el sicariato que podría costarle una pena superior a los 20 años de prisión.

Desde la semana pasada se encuentra en el banquillo ante un tribunal que lo juzga como presunto autor de la ejecución de Ismael Barboza, un joven de 19 años que integraba una familia vinculada al narcomenudeo. La escena del crimen fue una vivienda de oscuro historial que el año pasado terminó prácticamente inhabitable en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico.

Pero el caso tiene una particularidad: no hay un móvil que explique por qué el trapito habría decidido asesinar a la víctima, salvo que haya recibido un encargo por dinero. Y ese es un punto en el que la pesquisa no logró arrojar luz, al menos antes del inicio del debate.

Según la investigación, que finalmente recayó en el fiscal Lisandro Artacho, el 9 de mayo de 2022 Basualdo se presentó en la vivienda de barrio Alvear donde residía Barboza, a quien conocía de la calle.

Eran las seis y veinte de la tarde cuando el cuidacoches golpeó la puerta –que había sido destrozada durante un allanamiento días antes– de Biedma 2825.

“Negrito, ¿todo bien? ¿Está el Isma?”, preguntó Ciruja, que solía cuidar autos frente a unas canchitas de fútbol 5 de Seguí al 2900. Tras el aviso de su amigo, el dueño de casa salió confiado. Pero cuando tuvo al visitante enfrente recibió tres disparos en el pecho sin que mediara palabra alguna.

Barboza alcanzó a caminar hasta su habitación y murió pocos minutos después. Al rato, los noticieros abrían los informes nocturnos con la noticia de su homicidio, en un año que alcanzó el récord de 290 muertes violentas.

“Moreno, con un lunar en la mejilla izquierda, una mancha en la derecha y la falta de un diente superior izquierdo”, describió el testigo al cuidacoches devenido sicario, a quien meses después señalaría en una rueda de reconocimiento.

Una pariente de Ismael también declaró que el cuidacoches –a quien conocía de vista– ya había aparecido en la casa horas antes ese mismo día preguntado por Ismael.

“Estamos ante una ejecución directa, premeditada y planificada”, sostuvo el fiscal ante los jueces Mariano Aliau, Carlos Leiva y Pablo Pinto.

Aunque Ciruja cayó preso en octubre con esa pesada evidencia en su contra, nunca se estableció un móvil claro que explique por qué ejecutó a Barboza, lo que alimentó la sospecha de que fue un instrumento en una trama que le era ajena.

El domicilio de Biedma 2825 –identificado por carteles de kiosco 24/7– no era una casa cualquiera.

Señalado en múltiples denuncias como boca de expendio de drogas, había sido allanado días antes del homicidio, en el marco de una causa provincial que investigaba una organización tributaria a los mandos de Máximo Ariel “Viejo” Cantero, el antiguo jefe de Los Monos, y su esposa Rosa “Bibi” Montero. Ambos fueron acusados de comandar una asociación ilícita de unas cuarenta personas vinculada a balaceras, extorsiones, cobro de protección territorial, narcomenudeo, riñas de gallos, cinchadas y hasta maniobras oscuras con cajas de planes alimentarios.

Fue el 27 de abril, durante aquella redada contra la banda del Viejo, que cayó detenida Brenda Barboza, hermana de Ismael (el joven zafó de la prisión). Brenda fue acusada de vender drogas junto a su madre, Viviana Camejo, y de operar en sociedad con su pareja, el transero condenado por homicidio Nelson “Pandu” Aguirre, quien impartía órdenes desde la cárcel de Coronda. Todo en el marco de los intereses delictivos del Viejo Cantero, quien fue allanado en un operativo en Avellaneda al 4500 y años después condenado a una década en prisión.

El domicilio de barrio Alvear donde mataron a Ismael volvió a ser allanado en julio de 2024. Esta vez la persona demorada fue Yamila, una suboficial de la Policía Motorizada que, según declaró, había comprado la casa meses antes (diciembre de 2023).

La mujer quedó bajo sospecha por un cuestionado amor tumbero con el interno Brian “Cebo” Flores, aunque la imputación por supuestas actividades delictivas de la ahora ex policía no prosperó. De todos modos, el Estado “inactivó” la propiedad en julio de 2024.