Niñez en riesgo: consumo problemático de drogas y la consecuencia de la falta de políticas públicas
La separación de 11 bebés de su centro de vida, en varios casos tras detectarse cocaína trasladada por sus madres a través de la lactancia, abre un debate social y nos pone de cara a una problemática que se vuelve pandemia

La noticia de que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia provincial separó en los últimos días a once bebas y bebés de su centro de vida para preservarlos y en algunos casos detectaron en ellas y ellos sustancias prohibidas transferidas a través de la lactancia por sus madres, impactó fuerte. La data surgió este miércoles y desde el organismo su titular, Patricia Chialvo, brindó algunos detalles de la metodología que pone en práctica el Estado al intervenir y también describió los casos: “Muchas veces esos embarazos son producto de abusos, de haber sido parte de una red de trata, no se han animado a practicar una interrupción del embarazo”. Por su parte, el cura Fabián Belay, que trabaja en barrios populares sobre los consumos problemáticos, hizo una dramática descripción de lo que observa en la periferia de la ciudad, luego de dos años de pandemia, en los que las redes de contención se replegaron: “Esto excede a una gestión y a un partido político, estamos viviendo una crisis social que como sociedad tenemos que responder todos”.

La funcionaria Chialvo explicó que bebas y bebés fueron separados de sus madres a través de medidas de protección excepcional, que son medidas legales para las que están facultados por la ley de Niñez. “Esto significa separar a los chicos de su centro de vida porque entendíamos que en algunos casos había riesgo de vida de estos niños y niñas”, afirmó a LT8, luego de ser consultada por una nota en el diario La Capital que reveló la situación.

Añadió que las razones varían: “En general, podemos decir que la mitad tenía que ver con haberle detectado algún tipo de estupefacientes, en general cocaína, lo que implica que hubo consumo de esta sustancia durante el embarazo”.

Explicó que los casos llegan a la Secretaría a través de denuncias que hace el área de Salud. Dijo que de los 11 hay un bebé que tuvo una situación de maltrato; los otros tienen que ver con que la progenitora manifiesta la intención de darlos en adopción en el último momento del embarazo o en el parto.

Tras la denuncia en Fiscalía, el MPA los convoca como órgano administrativo de la provincia para tomar las medidas correspondientes, detalló la funcionaria.

En cuanto a estos casos, dijo Chialvo: “Las mujeres, las familias tienen historias de vida. Entendemos también que no todos los padres son buenos ni todas las mujeres quieren ser madres y de repente se encuentran con esa situación por distintos hechos de su vida y bueno, en ese momento hay que tomar decisiones límite, sobre todo cuando entregan a los chicos en adopción”.

Y agregó la funcionaria: “Muchas veces esos embarazos son producto de abusos, de haber sido parte de una red de trata, no se han animado a practicar una interrupción del embarazo; nosotros tenemos todos los protocolos vigentes, sobre todo cuando es una situación de abuso. La interrupción del embarazo está absolutamente vigente y tenemos los protocolos en marcha cuando esas situaciones se detectan tempranamente”.

Respecto de los bebés afectados, explicó que se traza un programa de acción, que significa hacer algunos acuerdos que padres y madres tienen que cumplir en un plazo no mayor de 6 a 9 meses. “En general se recurre a la familia ampliada y cuando esto no ocurre los chicos son ubicados en familias solidarias o como nos ocurrió ahora, no dimos abasto con las familias solidarias y algunos de ellos están en centros residenciales”, desglosó.

“La idea es poder trabajar tanto con sus progenitoras como con su grupo familiar, tratar de revertir esta situación para volver a estos chicos a su centro de vida”, explicó.

La visión de la Iglesia católica en el territorio
El cura villero Fabián Belay trabaja sobre la problemática de consumo de sustancias a través de la Pastoral de Drogadependencia de la Iglesia católica. Dijo el sacerdote sobre este caso y muchos otros similares: “Estamos viendo todas las consecuencias de la pandemia. Creo que tenemos que tomar conciencia de la gravedad y todo lo que arrasó en cuanto a las redes de contención en los barrios, y estamos viendo las consecuencias de los dos años de la ausencia de la escuela, en las ausencias de trabajo territorial y de Estado por la pandemia. Lamentablemente vemos que está mas complejo todo”. refirió.

Explicó el religioso que muchas veces se asocia el consumo de drogas a un problema individual. “Muchas veces se piensa que en realidad es un derecho de la persona, si quiere o no consumir, entonces muchas políticas públicas van sobre el derecho individual de la persona y lamentablemente, por una lejanía de alguna clase política, no se ve el diagnóstico de la realidad, en cómo el consumo de drogas fue deteriorando todo el entramado social y en los barrios vulnerables el desastre que está haciendo el consumo de drogas, porque hay familias que están todas atravesadas, sea por el consumo, por la venta y se generan relaciones tan enfermas que lamentablemente no hay quien pueda acompañar la crianza de una criatura”, consideró Belay, de larga trayectoria en los barrios populares.

El cura dijo que no se trabaja en la prevención, ni en la asistencia. “Las consecuencias son estas”, evaluó, para de inmediato afirmar: “Hay una carencia de diagnóstico mientras se siga viendo el problema del consumo de sustancias como algo individual; y a su vez la pobreza y el gran problema de las armas y, a su vez, en cómo vamos a acompañar a estos chicos en lo educativo”.

“Insisto: no hacemos prevención, no hacemos asistencia, no tenemos equipos. Esa mamá con problemas de drogas pasó por el hospital ¿Qué acompañamiento se le ofreció? Hoy vemos estos casos, los accidentes de tránsito que hay por consumo de sustancias; el maltrato de la mamá a sus hijos, habría que ver si no está atravesado por el consumo de sustancias, la violencia intrafamiliar; los casos de suicidio que hay por no poder parar en el tema del consumo. Todo ese registro no está, no se hace”, dijo, desesperanzado.

“El sistema educativo no registra cuántos chicos están atravesados por el consumo, el sistema de salud tampoco lo hace. Es una realidad que todos vemos y no se quiere reflejar en datos, porque serían tan alarmantes que pondrían en evidencia lo que el Estado no ha hecho en estos últimos 30 años”, aseguró.

Si bien contó que se vienen reuniendo con la provincia y tienen una mesa de diálogo refirió que esto no es un problema del gobierno municipal o provincial, los oficialismos. “Acá o se sientan todas las fuerzas políticas y sociales y vemos cómo trabajamos este tema o va a seguir siendo un spot de campaña: no hay una solución real. Esto excede a una gestión y a un partido político, estamos viviendo una crisis social que como sociedad tenemos que responder todos”, definió Belay.

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