Niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos y cuidados en su condición de persona menor de edad. Ese deber de cuidado corresponde tanto a los adultos, a la comunidad y -como parte de nuestra sociedad-, por ende también al Estado.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño impone a los países firmantes la responsabilidad de garantizar el cuidado y protección integral a una población que necesita de andamiajes para su constitución subjetiva en cada una de las etapas de su vida.
Cuando un niño o un adolescente comete un acto aberrante, doloroso y que daña a otros, el Estado está obligado a la intervención racional y medida.
No puede atrasar con los mismos efectos dañosos. Porque el efecto de justicia adviene considerando ese dolor de la víctima y reparando en las circunstancias que se sucedieron.
El Estado no debe revictimizar. El Estado tiene que cuidar a todos.
Sí sólo hay sanción dentro del registro de castigo, no hay cuidado.
Sí frente a un delito grave, la respuesta estatal es la reclusión en lugares aberrantes y crueles de hacinamiento, se produce más de lo mismo y entonces podemos decir que esto vuelve a pasar, en el sentido de repetición de la violencia.
Sin alimento, abrigo, techo, salud, educación y trato humanitario, no hay seguridad para nadie.
Tal vez puede haberla para las personas que pueden pagarlo, que cuentan con un plato de comida caliente, abrigo, techo, afecto y una existencia holgada.
“A delito de adulto pena de adulto” no sólo es una falacia, sino que se ha convertido en un producto comprable por el electorado.
Los adultos tenemos la obligación de encontrar respuestas para que esto no vuelva a pasar. Y si se trata de niños, niñas o adolescentes el miramiento es otro, justamente porque somos los adultos quienes debemos brindar condiciones de seguridad humana.
Una respuesta que castiga más temprano, es un abandono más temprano.
Hagamos el ejercicio de preguntarnos:
¿Cómo generar niñez en el terreno de la legalidad y la responsabilidad?
¿Qué nos pasó como sociedad para llegar a creer que encarcelar a un niño es una solución?
¿Puede el castigo, cuando llega antes que los cuidados básicos, generar seguridad?
¿Qué nos pasó como sociedad para pensar que el castigo y la cárcel reemplaza a la responsabilidad social?
Bajar la edad de punibilidad ofrece una respuesta rápida al enojo social, pero no resuelve el problema que dice atacar.
Es fundamental cuidar a las víctimas y a sus familias.
También es fundamental acompañar a la niñez y a la adolescencia y en singular a aquellos que cometen actos gravísimos con algo más consistente que los encierros.
En cuanto a las políticas aludidas, resulta indispensable, dada la vulnerabilidad de las infancias, que ellas se sostengan y sean alojadas en una perspectiva de derechos, que requiere la no regresividad en los derechos consagrados por la legislación vigente. Tratándose de niños, niñas y adolescentes, la respuesta no puede ser sólo la sanción punitiva.
Algunas preguntas y respuestas que nos la da la experiencia cotidiana:
¿Qué nos pasa y cómo es trabajar con niños y adolescentes con hambre, con dolores, en situación de desamparo? ¿Qué cara tiene un chico con hambre? ¿Qué formas adquieren los ojos del sufrimiento? ¿Qué dolores llevan acumulados?
¡Esto no puede volver a pasar!
Cuidado no es control. ¡Cuidado no es gestión de las miserias!
La seguridad es seguridad humanitaria (económica, habitacional, educativa)
La seguridad se construye con cuidado, ¡no con cárceles!
La evidencia acumulada en nuestra región y en Argentina demuestra que el delito juvenil disminuye cuando existen:
*Políticas integrales de primera infancia.
*Escuelas con recursos, equipos interdisciplinarios suficientes y políticas de inclusión.
*Dispositivos comunitarios en barrios populares sostenidos en el tiempo.
*Sistemas de salud mental accesibles y con recursos.
*Acompañamiento familiar y territorial sostenido, que permita proyectos de las familias.
*Políticas activas de empleo para jóvenes.
Cuando estas políticas faltan, el sistema penal aparece como respuesta tardía y fallida.
El Estado se corre de las funciones que debe ejercer, al proponer como salida ante situaciones aberrantes bajar la edad de punibilidad, ya que es el responsable de los lineamientos en las políticas públicas integrales para infancias y adolescencias.
El Estado queda reducido a su función más violenta, delegando en la cárcel lo que no se garantiza como derechos básicos: abrigo, techo, alimento diario, no sólo para la subsistencia diaria.
Estas situaciones nos obligan al debate. ¿qué está pasando con nuestras infancias y adolescencias? ¿Cuáles son sus miedos reales? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cuáles son las problemáticas diarias que los aquejan?
Algo de esto ya lo venimos diciendo hace varios años… Hay documentos que fundamentan la gravedad que vienen atravesando los niños, las niñas y los adolescentes.
Un llamado final desde la responsabilidad colectiva
Si nosotros, como trabajadores del campo de las infancias y adolescencias, la iglesia, los jueces, las organizaciones sociales, los sindicatos, los colegios profesionales, la FEPRA, el Órgano de Revisión de Salud Mental y el Consejo de Niñez de la Municipalidad de Rosario, insistimos con la primacía de los cuidados.
¡Esto no puede volver a pasar!
Los estamos abandonando, y cada vez más temprano.