Los líderes del PRO y la UCR celebraron los 29 votos que mostraron para bloquear la ley de alquileres e impedirían que se vote al nuevo procurador. Los que aún están en zona gris.
Desde su casa, una de las principales autoridades de la UCR festejó en un zoom la votación del Senado que bloqueó los dos tercios e impidió tratar dos proyectos de ley que habían tenido respaldo de Cambiemos: el que protege a los inquilinos y el que habilita la educación online.
La intención, explicaba, era exhibir unidad, después de dividirse en varias votaciones, y capacidad de impedir la mayoría especial que Cristina Kirchner necesita para aprobar el pliego de Daniel Rafecas como procurador general, aunque eso significara darle la espalda a dos demandas populares. «Se van a sancionar la semana que viene y nadie se acordará», minimizaban.
Lograron su objetivo con creces: además de los 25 propios, que eran suficientes, se plegaron los 4 del peronismo federal, un bloque creado hace dos meses e integrado entre otros por Carlos Reutemann y el salteño Juan Carlos Romero, que se cruzó de vereda para consolidar una oposición más grande y unida.
Lo otros dos integrantes, la riojana Clarita Vega y la neuquina Lucila Crexell, estuvieron en la mira del oficialismo como posibles socios por sus enfrentamientos con los radicales de sus provincias, pero empezaron a marcar distancia. Cristina se mostró sorprendida con la votación, porque si el acuerdo no estaba cerrado, lo normal era esperar los 7 días reglamentarios, usar su mayoría simple no exponerse a una derrota.
«No me juego la casa y el auto; pero hay un 99% de posibilidades de que (Daniel) Rafecas no sea procurador. Logramos que pase el tiempo e hicimos hoy hicimos una demostración de fuerza», celebraba la autoridad radical, en su propia teleconferencia. Fue lo que habían acordado el miércoles los senadores de Cambiemos, en otro zoom, coordinado por Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, jefes de la UCR y el PRO.
Pantalla de por medio, varios de sus dirigidos advirtieron que Cristina había exhibido su mayoría la semana pasada para saldar cuentas pendientes aun cuando las sesiones remotas iban a restringirse a temas del coronavirus, según el acuerdo que ella misma había avalado. Los debates por la deuda que dejó Macri y el rol del ex ministro de Justicia Germán Garavano en el juicio por encubrimiento de la AMIA fueron una señal de alarma.
Creían que si no daban un mensaje de unidad la vicepresidenta avanzaría con el pliego de Rafecas, que necesita dos tercios para aprobarse, pero antes puede pasar por mayoría simple en la Comisión de Acuerdos. Su presidenta, Anabel Fernández Sagasti, evaluaba una modalidad de audiencia pública virtual.
Desde diciembre que en el oficialismo creen que los votos para aprobarse en el recinto ya están, porque confían en los cercanos a Enrique «Coti» Nosiglia, como el pampeano Juan Carlos Marino y Martín Lousteau; en los que pudiera acercar Horacio Rodríguez Larreta, como Guadalupe Tagliaferri; y en los leales a gobernadores radicales, tal es el caso de los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo.
Señales hubo. Alberto Barbieri, rector de la UBA, adhirió formalmente al pliego de Rafecas. Su secretaria académica es Catalina Nosiglia, hermana del Coti. El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez intentaba un vínculo fluido en la Casa Rosada para arreglar sus cuentas y le preguntaban por la senadora Pamela Versay. Ya no lo hacen y entienden que sigue leal a su antecesor Alfredo Cornejo, presidente de la UCR.
Y el gobernador Gerardo Morales parecía no tener chance de ayudar para que no avance la intervención a la justicia de su provincia, impulsada por su cuñado y senador peronista Guillermo Snopek, que en la sesión de este jueves la recordó. Está demorada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la kirchnerista María de los Ángeles Sacnun.
Desde que estalló la pandemia, el jujeño ayudó para que activen las sesiones online en el Congreso y anticipó que podría respaldar el impuesto a la riqueza, si Máximo Kirchner acuerda con los suyos y lo presenta. Pero no volvió a hablar de Rafecas y en la teleconferencia, varios senadores pincharon a sus coterráneos y no los notaron con la misión de defenderlo. Tampoco se mostró colaborativo Lousteau. «Los fuimos buscando de a uno y no aparecieron», relató a LPO uno de los senadores encargados de provocar.
En la UCR advierten de todos modos que la presión de la Rosada aún puede hacerse sentir porque la cuarentena dejó a las provincias con muchos problemas financieros. Se agregan las dificultades de Jujuy y Mendoza para afrontar sus vencimientos de deuda tomada en los albores del macrismo.
Por si acaso, en su discurso de cierre, José Mayans, jefe del oficialismo en el Senado, les recordó sus pesados cronogramas de intereses. «Pregúntenle a los que gobiernan esas provincias si están en contra de los superpoderes del Gobierno para girarle partidas», les dijo a los radicales, que ya se habían desconectado.
El nombramiento de Rafecas asusta a Cambiemos por el avance sin prisa y sin pausa de Alberto y Cristina en la justicia, donde abrieron investigaciones sobre una presunta mesa judicial de Macri para armar causas y el presunto espionaje ilegal de los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que empezó con una denuncia por correos pinchados y tiene muchísimos capítulos por delante.
El juez de Lomas de Zamora Federico Villena acercó a la bicameral de control de inteligencia a un narco que confesó atentar contra el ex agente José Luis Vila, cercano a Nosiglia. Lo habría enviado el abogado y confeso ex espía Facundo Melo, interesado en describir como perseguía oficialistas y opositores.
Los diputados oficialistas Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade acumularon tantos datos contra Arribas y Majdalani que se propusieron dosificarlo y, si es posible, evitar golpes bajos a los espiados que puedan desviar la atención. Si quisieran, podrían darlos.
La semana pasada terminó con el fallido intento de Cambiemos por vetar los superpoderes en Diputados y Graciela Camaño, que apoyó esa sesión, retaceando su voto para el jury al juez Rodolfo Canicoba Corral, por un imprevisto corte de luz. Y esta empezó con el proyecto de Adolfo Rodríguez Saá para ampliar la Corte Suprema con cuatro jueces del interior del país.
El máximo Tribunal también está en la mira del kirchnerismo. En la sesión de este jueves, la mayoría oficialista del Senado rechazó el decreto que en 2016 le transfirió el sistema de escuchas y, en la voz de Fernández Sagasti, acusó a los supremos de filtrarlas a los medios de comunicación.
Oscar Parrilli dijo que si el ex presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti eligió las autoridades de la dirección de escuchas a dedo, incurrió en el delito de adulteramiento de documento público. O sea, podría venirse un juicio político.
Si Diputados también elimina estos decretos, como se presume, las escuchas pasarán a la procuración, ahora a cargo de Eduardo Casal, que asumió en 2017 en forma interina ante la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Si asumiera Rafecas, las tendría él. Falta que lo voten.