Una escucha judicial expone al ejecutivo buscando asesoramiento legal ante la posibilidad de que le abran una caja fuerte interdicta en un allanamiento.
Omar: Hola. Tengo a mi hijo con el tema de la caja de seguridad ¿Cómo lo ves?
Sergio: Y si vos no tenes nada raro adentro, yo te diría que le metas para adelante que le hagas un pedido al fiscal.
Omar: Sí, pero el tema es la plata.
Sergio: ¿Y qué origen tiene?
Omar: Qué se yo
Sergio: ¿Es mucha?
Omar: Son doscientos mil más o menos, verdes. Pero el fiscal no tendría porque meterse con cosas que no corresponden a la causa.
Sergio: Y sí, porque es fiscal y porque el lavado es delito de orden público; y si vos no tenés respaldo de esa guita lamentablemente te tengo que decir que te la van a secuestrar.
Omar: ¿Y qué respaldo podría tener?
Sergio: Un contrato de compra venta por el supuesto precio que vos cobraste o una seña que vos recibiste.
Omar: ¿Y podría ser por ejemplo una certificación contable de fondos de la empresa?
Sergio: Eso no acredita el origen. Tiene que haber algo en blanco. Tendrías que tener algún documento que respalde en fecha cercana al último acceso a la caja el ingreso de los fondos. Si vos entraste por última vez, ponele el 20 de noviembre, el 15 de noviembre tendrías que tener algo que acredite por lo menos parcialmente la existencia de esos fondos ahí, como para que cuando te pregunten vos puedas decir: bueno yo los cobré en tal operación, fui a los tres días a la caja y los deposité ahí por tema de seguridad.
Omar es Omar Scarel, quien hoy es presidente de Vicentín y para el momento del default de la agroexportadora era el síndico de la empresa. Y su interlocutor es Sergio Pavicich, un abogado. La escucha figura entre los argumentos a los que recurrió el fiscal Miguel Moreno en la imputación por estafa que esta semana le impuso a los 14 ejecutivos que estaban al mando cuando la empresa cayó en 2019.