Recién el 26 de julio de 2018, a poco de cumplir 32 meses como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich le envió a la policía federal un protocolo de ciberpatrullaje para detectar posibles delitos en las redes sociales.

El texto nadie lo había visto hasta hace dos meses, cuando su sucesora, Sabina Frederic, le pidió a los jefes de las fuerzas algún registro de las normas que cumplían para rastrear información en internet. No había encontrado nada cuando revisó la legislación y derogó otras 7 resoluciones.

En la dirección de inteligencia, «sobredimensionada» en el organigrama, le explicaron que había una secreta, que sólo podía ver en papel y a la que accedió  La firmó el ex secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y por eso nunca fue publicada en el Boletín Oficial, como hubiera sido necesario si la suscribía Bullrich.

Tiene tres carillas, es más bien genérica y toma como base la convención de Budapest sobre ciberdelito, de 2001, cuando empezaban los primeros casos de fraude informático y las redes sociales eran aún una fantasía estudiantil.

Prevé la cooperación entre los países y la ex ministra, interpretan en el Ministerio, la apuró cuando tenía que organizar un operativo para el G20 y no sabía cómo hablar con sus colegas de todo el planeta. Pero antes de su redacción, los testimonios en las redes sociales habían derivado en procesamientos y hasta en la detención de Nicolás Lucero, el joven que estuvo preso por amenazar de muerte de Macri en un tuit de 2016.

Frederic tuvo que rastrear el protocolo después de su frase desafortunada en la Comisión de Seguridad de Diputados, el 7 de abril, cuando en el marco de la pandemia informó que había ordenado tareas de cyberpatrullaje, «o patrullaje en las redes» para «detectar el humor social y las zonas donde es preponderante».

Al filo del cañón, como está desde que asumió la presidencia del PRO, al día siguiente Bullrich le preguntó qué código penal penaba el humor social. «Eso se llama espionaje y es un gravísimo delito. El ciberpatrullaje se utiliza contra el terrorismo, narcotráfico, grooming, violencia de género, amenazas, etc. Si quiere medir el humor social haga una encuesta, ministra».

Frederic pidió saber cómo cumplía su antecesora las tareas que le recomendaba y supo que usaban un protocolo reciente y escondido, de sólo cuatro artículos: el primero enumera los posibles delitos a detectar en las interacciones en redes sociales, aclara que el patrullaje no puede exceder las fuentes abiertas ni violar la intimidad.

Luego se obliga a los policías a enviar información comprometida a la justicia y destruir la que no tuviera utilidad, una de las exigencias del convenio de Budapest. Otra, que no se cumplió, es promocionar los protocolos para comprometer a la sociedad con el combate a una modalidad delictual que avanzaría a pasos agigantados y escapa al control de los Estados.

Lo urgencia de Frederic por revisar las redes al inicio de la cuarentena fue la abundante venta de material médico falso, en semanas en que parecía que pronto no alcanzarían los respiradores y barbijos industriales. «No tuvimos más opción que llamar a las cuatro fuerzas federales para que investigaran en fuentes abiertas de internet pero no imaginábamos que no existía un protocolo publicado», admitieron a LPO desde Seguridad.

Este miércoles, en otra comisión de Seguridad de Diputados, el secretario Gabriel Fuks reconoció que hubo un «uso inercial» de la resolución 31 y derivó en medidas como la detención de Kevin Guerra, un joven de 20 años de la ciudad bonaerense de Balcarce, procesado por un irónico tuit.

«Che, que onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos. Sigue en pie lo del saqueo, no?», posteó y lo procesaron por infringir el artículo 211 del Código Penal, que prevé una pena de hasta seis años de prisión y curiosamente no está citado en la resolución secreta, que finalmente fue derogada el 31 de mayo.

La reemplazó la resolución 144 se creó el «Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas», tras un diálogo con organizaciones de la sociedad civil como el Cels, Fopea y Aministía Internacional.

Una de las diferencias es la prohibición explícita a «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».

El nuevo protocolo tampoco permite intervenir ciberpatrullar al área de inteligencia de la fuerza, que las autoridades dicen que era la más relevante y actuaba en tándem con la Agencia Federal de Inteligencia, cuyas ex autoridades afrontan causas por presunto espionaje ilegal. En una acusan de crear ficheros de periodistas que cubrieron la cumbre del G20, material que habría sido policía por la policía. Lo investigará la justicia.

La matriz, explican en Seguridad, es investigar hechos, no personas. Pero prefirieron no dar ese debate en la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por el macrista Waldo Wolff, quien citó dos veces a la ministra. El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, según informó, cursó la invitación a la Comisión de Seguridad por no tratarse del área específica.

Cambiemos, a través de la radical Karina Banfi, prometió un informe de la relatoría de Libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos (CIDH), que exige límites al rastreo de las redes sociales. Prevenido, Fuks aseguró que el nuevo protocolo toma la resolución 1 de ese organismo, firmada el 8 de abril, sobre la protección de las libertades civiles durante la pandemia.

Es por eso que tiene vigencia hasta el 12 de marzo de 2021, cuando vence la emergencia sanitaria. Si se lo propusiera, el Congreso podría tener listo una ley que regule el control al ciberdelito, que el mundo que combate el Covid 19 será cada vez más alto y encuentra algunos problemas instrumentales.

El principal es que los delitos son interjurisdiccionales, esto es, la acción que atraviesa las provincias y obliga a una coordinación de las fuerzas locales que nunca aparece y deja vía libre a estafas, grooming y las más complejas asociaciones ilícitas coordinadas por internet, sin policías a la vista.