Las declaraciones del Presidente con Luis Majul, y la exorbitante cifra denunciada, desató una ola de críticas y desmentidas.
Exigen a Javier Milei que brinde precisiones formales sobre los supuestos «30.000 terroristas deportados»
Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien aseguró que su administración expulsó a 10.000 personas en 2025 y a otras 20.000 en lo que va de 2026 bajo la carátula de «terroristas», generaron un fuerte revuelo político y activaron pedidos formales de informes en el Congreso de la Nación para que el Ejecutivo detalle y compruebe los datos brindados.
La controversia se originó a partir de una entrevista concedida al periodista Luis Majul, donde el mandatario repasó los supuestos escollos y operaciones que afronta su gestión. Al respecto, el jefe de Estado afirmó: «Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000».
Ante la pregunta sobre quiénes componían ese universo, Milei sostuvo que se trataba de ciudadanos extranjeros infiltrados para «tratar de dinamitar el modelo argentino» y vinculó estas maniobras con operaciones financieras contra el país y supuestas corridas por montos millonarios.
Pedidos de informes y reclamo de transparencia a Javier Milei
Las afirmaciones motivaron inmediatas reacciones en el ámbito parlamentario. El diputado nacional Maximiliano Ferraro presentó pedidos de acceso a la información pública y solicitudes de informes ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones, exigiendo saber cuántos extranjeros fueron efectivamente expulsados o inadmitidos —discriminados por mes y categoría jurídica— y qué porcentaje de esos casos estuvo formalmente vinculado al terrorismo.
Los pedidos de la oposición ponen la lupa sobre el uso de la Ley de Migraciones, normativa que contempla restricciones a la permanencia de extranjeros vinculados a actividades terroristas, pero que exige procesos judiciales, imputaciones formales o registros específicos —como el RePET— que difieren sustancialmente de las masivas cifras mencionadas por el Presidente.
De este modo, el Gobierno quedó expuesto a la exigencia de formalizar un respaldo estadístico y legal que clarifique el alcance de los operativos migratorios enunciados por el mandatario.