La coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Macarena Fernández Hofman, aseguró que el caso de “torturas colectivas” en la cárcel santafesina de Piñero que recogió en su informe anual el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se “mantiene aún sin condena a sus responsables, mostrando cómo la falta de respuesta judicial sostiene que se puedan seguir repitiendo situaciones de torturas y malos tratos” en las unidades penitenciarias, destinadas a la reinserción de quienes transgreden la ley penal.

Además, la abogada del Cels que se entrevistó en Ginebra, Suiza, con los comisionados del CAT para llevar los casos argentinos analizados por Naciones Unidas en su informe anual, sostuvo que “el Estado no puede violar las normas” ni “responder con violencia (ilícita), porque lo que suele pasar es que la violencia se espirale, quizá no en lo inmediato, pero sí a largo plazo”. En diálogo con Rosario/12, también cuestionó algunos aspectos del régimen penitenciario denominado de “alto perfil”, tanto el implementado en Santa Fe cuanto el que rige en las prisiones federales.

Este diario publicó parte del informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que da cuenta de los hechos de tortura ocurridos en febrero y marzo de 2024 en las cárceles santafesina de Piñero (UP11) y de Pérez (UP16), en los comienzos del Gobierno de Unidos, cuando procuraba controlar las cárceles para obtener el mismo resultado “en la calle”.

Según la ONU, entonces se aplicaron tormentos a personas privadas de la libertad que “incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o ‘al seco’ con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales”. Por esa razón, planteó al Estado que los hechos “se investiguen con prontitud, imparcialidad y eficacia todas las denuncias relativas a actos de tortura y malos tratos” a presos.

Para los comisionados, “preocupan especialmente los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o ‘al seco’ con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto”.

¿Apremios ilegales?

Por aquellos hechos fueron imputados seis meses después en diferentes audiencias, ambas extraordinariamente “secretas”, diez miembros del Servicios Penitenciario de Santa Fe por apremios ilegales.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cuestionó la calificación legal, al considerar en un informe presentado ante el propio Ministerio Público de la Acusación (MPA) “un número considerable de personas entrevistadas por la fiscalía, entre las que se encuentran personas identificadas como víctimas de las conductas delictivas imputadas a los diez agentes, expresaron haber sufrido prácticas pacíficamente reconocidas como métodos de tortura por la doctrina y la jurisprudencia, como la asfixia con bolsas, con métodos húmedos y secos, ahogamiento, sofocación, estrangulamiento; golpes con elementos contundentes en los pies (conocido como ‘falanga’); torturas de posición con posturas forzadas y sujetando a las víctimas en posiciones antinaturales para causar dolor; quemaduras con cigarrillos; amenazas de muerte; privación deliberada de alimentación, agua y atención médica; entre otras”.

La abogada del Cels, Fernández Hofman, dijo a Rosario/12 que en nuestra exposición le señalamos al Comité que como organización de la sociedad civil pedimos en reiteradas ocasiones acceso a la causa, para saber cuál era la situación, qué medidas se habían tomado, poder hacer algún tipo de señalamientos sobre medidas a tomar, y nos fue negadas en varias ocasiones”. Es que el MPA mantuvo en secreto las audiencias imputativas, que por el código de procedimientos vigente deben ser orales y públicas.

Desde lejos no se ve

“El informe del CAT es de suma importancia porque denuncia y diagnostica situaciones que quienes trabajamos en organizaciones sociales como el Cels y otros actores institucionales, venimos viendo y que sin embargo se siguen reproduciendo, sin tener respuesta”, sostuvo Fernández Hofman.

Añadió que “las observaciones del informe terminan mostrando una situación de prácticas reiteradas de torturas, sobre todo en cárceles y comisarias, que para la población están invisibilizadas porque ocurren en esos lugares”.

La abogada del Cels recordó que “las observaciones” realizadas por el Comité de la ONU “son para el Estado argentino, pero en especial para Santa Fe, donde pone de relevancia este caso de torturas colectivas que se mantiene aún sin condena a sus responsables, mostrando cómo la falta de respuesta judicial sostiene que puedan seguir repitiendo situaciones de torturas y malos tratos” a personas privadas de la libertad, que no son las que gozan de mayor empatía social.

-¿Es posible llevar adelante una política de seguridad pública que mejore los índices de criminalidad sin violar las normas por parte de las agencias del Estado?-, preguntó este diario.

-No sólo debería ser posible sino necesario. Porque no violar las normas por parte del Estado significa respetar los derechos humanos, y eso significa respetar la vida, la integridad y la dignidad de las personas. Estamos todos en ese marco del derecho aun cuando se aborda un tema de seguridad. Cuando la respuesta ante los problemas de seguridad es con violencia, como vimos en la seguidilla de hechos en marzo de 2024 en Santa Fe, lo que ocurre es que se produce una espiralada. El Estado no puede responder con violencia porque lo que suele pasar es que se espirale, quizá no en lo inmediato, pero sí a largo plazo. Ese es el horizonte cuando el Estado no se ajusta a las normas y a los estándares de derechos humanos.

El informe de la ONU aborda también los regímenes para presos de alto perfil, al señalar que “el Comité expresa su preocupación por las condiciones de vida particularmente severas a las que, según informes, están sometidas las personas privadas de libertad —incluidas aquellas que aún no han sido condenadas— bajo el régimen de ‘alto riesgo’, entre ellas el aislamiento en celdas durante más de 20 horas diarias de encierro, un acceso limitado a la atención médica y a los programas de rehabilitación existentes, restricciones de las visitas y vigilancia de las comunicaciones con los abogados defensores”.

Fernández Hofman señaló al respecto que, para el Cels, ese sistema “como existe hoy deben ser revisado y ajustado a algunas cuestiones muy puntuales que hoy no existen y que son necesarias”. En esa línea, explicó que “una de ellas es la transparencia a cerca de cómo se ingresa a esos regímenes, quién ingresa. Y tiene que ser revisado con muchísima periodicidad para que la gente no esté ahí en forma indeterminada”.

La abogada consideró, además, que “no pueden existir los regímenes como hoy existen, porque van en contra de cosas básicas como poder tener un contacto con la familia o tener acceso a educación y trabajo. Las personas están detenidas en celdas en las que no pueden tener un lápiz y un papel, no salen a un patio, eso es inhumano, independientemente de que sea un régimen especial”.