El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y los de la Unidad de Delitos Económicos Sebastián Narvaja y María Teresa Granato recibieron este martes a un grupo de ahorristas que denunciaron haber perdido su dinero, una suma total que supera los 4 millones de dólares.

La principal novedad que se llevaron del encuentro fue que los investigadores aseguraron haber accedido a nueva evidencia que están analizando y anticiparon que en los próximos días comenzará una nueva ronda de declaraciones testimoniales.

La reunión se realizó en el Centro de Justicia Penal, con ocho de los 27 denunciantes que tiene la causa. Asistió también el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), quien viene reclamando mediante pedidos de informes al Ejecutivo provincial por el avance de la pesquisa que salpica a demasiados actores reputados de la city rosarina.

Para los damnificados, sin embargo, el encuentro dejó una sensación ambivalente. Por un lado, la confirmación de que existe nueva evidencia y la decisión de retomar las declaraciones abren una instancia que podría significar un nuevo impulso para un expediente que lleva más de tres años.

Por otro, no hubo anuncios de imputaciones ni precisiones sobre qué elementos nuevos están siendo analizados. La expectativa es que Fiscalía indague e impute a Paola Allegranza, quien quedó al frente de los negocios de Ciag SRL tras la muerte de su esposo, Juan Carlos Culhane, en 2017.

“Nos llevamos la sensación de que no van a hacer demasiado. No nos dieron demasiadas precisiones”, resumió Guillermo Giordana, uno de los denunciantes, a Rosario/12.

Según relató, los fiscales explicaron que todavía no existen imputaciones porque no alcanzaron el grado de convencimiento necesario a partir de la evidencia reunida. Una explicación que los damnificados cuestionan porque, sostienen, durante estos años aportaron abundante documentación y la propia Fiscalía produjo elementos en el marco de la investigación.

Para colmo, los vaivenes del Ministerio Público de la Acusación aportan a los murmullos. Días atrás, el caso volvió a cambiar de fiscal por tercera vez, dado que Federico Aranda fue removido y asignado a la Unidad de Información Financiera. Antes de él, habían pasado el citado Narvaja, y antes Miguel Moreno, luego promovido a juez de cámara.

La expectativa de los denunciantes por ahora está puesta en qué alcance tendrá la nueva ronda de testimoniales y, eventualmente, si entre las personas convocadas estará la viuda Allegranza.

Los damnificados vienen reclamando desde hace años que la titular de la financiera fallida sea convocada para explicar el destino de los fondos que le habían confiado, y las operaciones que aparecen en la documentación incorporada al expediente. Pero, de concretarse una nueva citación, por ahora no hay indicios de que vaya a ser en calidad de imputada. La posibilidad que se desprende de lo conversado con los fiscales es que pueda ser convocada nuevamente como testigo.

También fueron llamados a prestar testimonio empleados vinculados con Rosental Inversiones, una de las firmas cuyos vínculos con Ciag forman parte de las cuestiones que los denunciantes pretenden que sean investigadas.

Cuatro millones verdes

Las denuncias fueron presentadas por 27 inversores que aseguran haber perdido alrededor de cuatro millones de dólares. Los damnificados sostienen que el dinero que habían colocado a través de Ciag fue derivado a Rosental y allí colocado en distintas inversiones de las que ya no participaron. Por eso reclaman que se reconstruya su recorrido y se determine quiénes tuvieron responsabilidad en esas operaciones.

Hasta ahora, de la tradicional firma con sede en peatonal Córdoba comparecieron Santiago Freytes y Jorgelina Vallejos, del área de inversiones inmobiliarias.

En busca del dinero que cruzó la peatonal

En el expediente se incorporaron, según los denunciantes, resúmenes de cuentas, contratos, escrituras, registros de inversiones y correos electrónicos vinculados con las operaciones. Entre los bienes mencionados aparecen lofts y cocheras en emprendimientos de Puerto Norte y Ciudad Ribera, terrenos en Casilda y participaciones en negocios gastronómicos y hoteleros en el exterior.

Ciag funcionaba en el quinto piso del Palacio Minetti, sobre la peatonal Córdoba, frente a las oficinas de Rosental. Precisamente, los denunciantes sostienen que la investigación debe profundizar en los vínculos entre ambas estructuras y en el papel que pudieron haber tenido personas relacionadas con la firma de inversiones.

Del Frade acompañó este martes a los damnificados y viene reclamando desde la Legislatura provincial información sobre el avance del expediente. Para el diputado, el dato más importante que surgió de la reunión fue que los fiscales prometieron que no permitirán que la causa prescriba.

También destacó que la Fiscalía haya informado sobre la existencia de nueva evidencia. “Han accedido a nuevas evidencias y la están estudiando”, señaló Del Frade, aunque tampoco pudo conocer durante el encuentro cuáles son concretamente esos elementos.

El legislador consideró que esa información permite esperar algún movimiento en el expediente, aunque reconoció que la última palabra la tendrán las medidas que efectivamente adopte la Fiscalía.

Mientras tanto, entre los damnificados predomina la cautela. Después de más de tres años de espera, la incorporación de nueva evidencia y una nueva ronda de testimoniales pueden representar un movimiento del expediente. Pero, sin imputaciones ni precisiones sobre el contenido de esas nuevas pruebas, la impresión que quedó entre varios de los denunciantes es que, por ahora, hay más ruido que nueces.