La Justicia federal busca nuevas pruebas contra Dolly Viale de Garrido, la partera de 88 años investigada por la presunta sustracción de identidad de recién nacidos y la inscripción de bebés como hijos biológicos de personas que no eran sus padres.

La Fiscalía retiró libros de nacimientos del Hospital Roque Sáenz Peña, donde trabajó la mujer, para reconstruir lo ocurrido durante el período comprendido entre 1968 y 1980 y establecer si existió una práctica sistemática de entrega de niños a cambio de dinero.

Otra novedad del caso es que la mujer apuntada por vender bebés, permitió a la justicia que se le retirara una muestra de ADN a través de un hisopado bucal, medida concretada a través de la Policia Federal.

El procedimiento se realizó este lunes por orden del juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, a pedido de la fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Las autoridades del centro de salud entregaron la documentación requerida, que comprende libros con registros de nacimientos desde 1959. En el operativo también participó la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la delegación Rosario de la Policía Federal Argentina.

La medida apunta a determinar si los registros contienen información que permita identificar nuevos casos, reconstruir las circunstancias de los nacimientos denunciados y establecer posibles conexiones entre las inscripciones cuestionadas.

La investigación busca esclarecer si la actuación de Viale de Garrido se limitó a hechos individuales o si formó parte de un mecanismo más amplio de separación de recién nacidos de sus madres biológicas y posterior inscripción con filiaciones falsas.

La mujer fue procesada por un caso ocurrido en 1970, en el que certificó que E.A.Q. y A.T.B., ambos fallecidos, eran los padres biológicos de Carmen Q. La mujer descubrió a los 42 años que no existía vínculo sanguíneo con quienes figuraban como sus progenitores.

La imputación comprende los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público.

El expediente se amplió con otras denuncias de personas que buscan conocer su origen biológico y determinar en qué circunstancias fueron inscriptas al nacer. Según los testimonios incorporados a la investigación, las presuntas entregas no se habrían producido exclusivamente dentro del hospital donde trabajaba la partera, sino también en otros lugares. Algunas de las personas denunciantes sostienen que fueron separadas de sus madres biológicas y entregadas a otras familias durante el período investigado.

La fiscalía intenta establecer si hubo una modalidad reiterada de apropiación de identidad y si existieron pagos a cambio de la entrega de recién nacidos. Viale de Garrido, de 88 años, no quedó detenida tras la imputación y el juez dispuso medidas restrictivas.

Avanzan con la indagatoria

La investigación también tuvo un avance judicial cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que Viale de Garrido fuera convocada a prestar declaración indagatoria en otra línea del expediente vinculada con la presunta sustracción de identidad de un hombre nacido en 1978, cuya partida de nacimiento lleva la firma de la partera. La víctima se presentó como querellante y busca esclarecer las circunstancias de su nacimiento y conocer su identidad biológica.

La fiscal García había solicitado la indagatoria, pero el pedido fue rechazado el 7 de abril de 2026 por el juez de primera instancia, quien fundamentó su decisión en jurisprudencia y dictámenes de casos anteriores de la jurisdicción. La Fiscalía apeló y la Sala A de la Cámara Federal hizo lugar a sus planteos.

Los camaristas consideraron que no correspondía aplicar los antecedentes invocados por el juez para rechazar la medida. También señalaron que el objeto de la causa no era determinar exclusivamente si el denunciante era hijo de personas desaparecidas durante la última dictadura.

Esa hipótesis había sido descartada mediante un cotejo con resultado negativo en el Banco Nacional de Datos Genéticos. El eje de la investigación, en cambio, es esclarecer la posible sustracción de identidad, con el impulso de la propia víctima como parte querellante.

El caso se inscribe en una serie de denuncias contra personas que se desempeñaron como parteras durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.

La hermana de Viale de Garrido, Silvia, también fue denunciada por cuatro personas por hechos relacionados con la presunta sustracción de identidad.

Además, días atrás la Fiscalía solicitó la elevación a juicio de otra partera, Olga Artale de Silva, acusada de haber firmado partidas de nacimiento apócrifas durante la misma época.

Con el secuestro de los libros del Roque Sáenz Peña, la Fiscalía busca avanzar sobre una dimensión central del expediente: contrastar los testimonios de quienes denuncian haber sido separados de sus madres biológicas con los registros oficiales de nacimientos.

El objetivo es determinar si la documentación permite identificar más casos y reconstruir las responsabilidades en la presunta alteración de identidades.