La caída judicial del ex juez federal Marcelo Bailaque sumó este martes un golpe decisivo. Gabriel Mizzau, el contador que manejó durante años las cuentas personales del magistrado y al mismo tiempo certificó balances y operaciones de empresas del narcotraficante Esteban Alvarado, aceptó su culpabilidad, acordó una condena y se convirtió en imputado colaborador en la causa que investiga una trama de corrupción, lavado y protección judicial al narco más poderoso que tuvo Rosario en la última década.

La revelación sacudió la audiencia de control de acusación que se realizó en la Cámara Federal de Rosario y dejó al ex magistrado más cerca del juicio oral. El fiscal jefe de Procunar, Diego Iglesias, informó que Mizzau firmó un acuerdo pleno de colaboración bajo la figura del artículo 41 ter del Código Penal, que habilita reducción de pena a cambio de información relevante para la investigación. El convenio ya fue admitido por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz.

“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, sostuvo Iglesias ante el tribunal. Con esa admisión, la discusión sobre la responsabilidad penal del contador quedó cerrada y sólo resta la homologación de la pena.

La decisión del contador golpeó de lleno a Bailaque, que cumple prisión domiciliaria y enfrenta pedidos de condena por diez años de cárcel. Los fiscales federales lo acusan de haber frenado deliberadamente investigaciones contra Esteban Alvarado mientras mantenía una relación personal y profesional con el hombre que administraba las empresas utilizadas para lavar dinero del narcotráfico.

La acusación federal reconstruyó un esquema de protección judicial que se desplegó entre 2013 y 2015, cuando Rosario atravesaba una escalada de violencia narco y la estructura de Alvarado se consolidaba con asesinatos, lavado de activos y vínculos policiales.

Según los fiscales de Procunar, Procelac y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Bailaque bloqueó medidas decisivas en dos expedientes federales contra Alvarado y su entorno. El requerimiento señala rechazos reiterados a pedidos de intervenciones telefónicas, negativas a medidas patrimoniales y demoras de hasta once meses para resolver solicitudes de la fiscalía.

El expediente sostiene que esas decisiones impactaron “directamente en el avance de la investigación” y terminaron paralizando pesquisas clave sobre una organización criminal que ya aparecía vinculada al narcotráfico, lavado de dinero y protección estatal.

Uno de los puntos centrales de la acusación apunta a la interrupción de escuchas telefónicas sobre Rosa Natalí Capuano, expareja de Alvarado y señalada como integrante de la organización. Los investigadores sostuvieron que esas líneas permitían acceder a las órdenes que el jefe narco impartía desde prisión. Pese a eso, Bailaque rechazó nuevas intervenciones y prórrogas durante 2015.

Para la fiscalía, esa resolución produjo “un quiebre sustancial en la dinámica investigativa” y desarticuló el seguimiento de la estructura criminal.

El otro vértice de la causa es Gabriel Mizzau. Los fiscales lo acusaron de lavado de activos agravado por haber operado como contador de Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, firmas señaladas como pantallas societarias de la organización de Alvarado. La investigación le atribuye confección de balances adulterados, subvaluación de activos, uso de facturas apócrifas y maniobras destinadas a ocultar el origen narco de los fondos.

Mizzau firmaba los estados contables de Logística Santino y gestionó habilitaciones municipales para el geriátrico Sagrado Corazón de María, empresa integrada formalmente por allegados al jefe narco. Para los fiscales y jueces provinciales que condenaron a Alvarado, esas firmas funcionaban como engranajes de lavado.

La relación entre el contador y el ex juez aparece como uno de los núcleos más comprometedores del expediente. Bailaque reconoció que Mizzau llevaba sus cuentas personales y era amigo suyo desde la época escolar. Aun así, jamás se apartó de expedientes donde aparecía el mismo contador trabajando para empresas ligadas a Alvarado.

La acusación también expuso otro vínculo sensible: Sebastián Mizzau, hijo del contador, ingresó en 2017 al juzgado federal de Bailaque sin concurso y trabajó allí hasta 2024, cuando fue trasladado al Tribunal Oral Federal 3 de Rosario.

Con la incorporación de Mizzau, ya son tres los imputados ligados a Bailaque que se plegaron a la figura del arrepentido. Antes lo hicieron el ex titular regional de AFIP Carlos Vaudagna y el financista rosarino Fernando Whpei.

Vaudagna declaró que en una reunión realizada en el quincho del juez se organizó una causa armada contra los empresarios bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto para exigirles dinero a cambio de frenar la persecución judicial. Según la acusación, Iglesias terminó pagando 140 mil dólares.

Whpei, por su parte, comprometió a Bailaque en la maniobra que derivó en la transferencia de más de mil millones de pesos pertenecientes a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín hacia una mutual controlada por el Grupo Unión, propiedad de los hermanos Guillermo y Fernando Whpei.

La fiscalía sostiene que Bailaque permitió ese movimiento pese a que los fondos provenían de una causa por lavado de dinero y debían quedar bajo custodia de entidades oficiales.

El ex magistrado también quedó bajo la lupa por allanamiento ilegal, prevaricato, abuso de autoridad, recepción de dádivas, falsedad ideológica, extorsión y lavado de activos.

Acorralado por las investigaciones penales y por el avance del Consejo de la Magistratura, Bailaque presentó su renuncia en junio del año pasado. El gobierno de Javier Milei la aceptó antes de que avanzara el proceso de juicio político que podía terminar con su destitución.

Ahora, con tres arrepentidos declarando en su contra y la acusación fiscal formalizada, el ex juez federal quedó a un paso del juicio oral en una causa que expuso el nivel de contaminación que alcanzó durante años la justicia federal rosarina en pleno auge del narcotráfico.