El economista e investigador Daniel Azpiazu solía remarcar lo incorrecto de llamar “desregulación” a los procesos de “re-regulación” máscara bajo la cual se ocultaba legislación a favor del capital. Un ejemplo es el caso del gas, que de estar regulado en favor de los ciudadanos, pasó a estar regulado en favor de las corporaciones. De acuerdo a la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), desde la llegada al gobierno de la Alianza Cambiemos, el gas subió 1297 por ciento, lo que contribuyó a que los servicios públicos ubicaran a nuestro país como el tercero de la región de mayor gasto en tarifas en relación al salario.
Además el aumento de este mes tuvo un sesgo claramente regresivo y anti-ecológico, pues las facturas de mayor consumo subieron “solo” un 28 por ciento, mientras que las de menor consumo lo hicieron en un 40, y a la espera de otra alza definida para noviembre. Y el año próximo continuarán los aumentos, pues la re-regularización del costo en favor de las petroleras busca que el gas, que cotizaba 2,8 dólares por millón de BTU (unidad de medición) en 2015 y ya llega a 4,7, alcance el precio internacional de 6,8 dólares, costo que tiene en cuenta el flete y el costo de extracción internacional, es decir el precio que insume al país importarlo. Sin embargo, este costo solo se aplica a cerca del 20 por ciento del gas que se usa en el país, por lo cual desde el año que viene se estará abonando por este servicio un flete mayormente inexistente y un costo de extracción (costo en boca de pozo) que no es el de Argentina, pero que convenientemente las petroleras se niegan a informar, sin reclamo alguno del gobierno.