Los concesionarios deberán presentar los argumentos técnicos, financieros, laborales paritarios, de insumos, inflacionarios y hasta comerciales para determinar cuáles son los niveles exactos de incrementos de costos de los últimos 12 meses; período que obviamente incluye la pandemia y el último trimestre de 2020. De esas argumentaciones se tomará cuál es el porcentaje que correspondería para incrementar las tarifas durante este ejercicio, y en qué sectores determinados.
En algún momento entre noviembre y diciembre, el tema apareció en las negociaciones; y había dejado un buen clima entre las partes. Argentina se comprometía a analizar, al menos, una indexación tarifaria en 2021 que, al menos, acompañe la inflación acumulada; para, luego, hablar de un plan de subas negociado al largo plazo y que acompañe el cronograma de pagos firmado con el FMI. Desde Washington está la certeza que dentro del propio Gobierno hay diferencias importantes. Y que una parte fuerte del “ala política” descarta cualquier tipo de incremento tarifario que supere el dígito. Como esta división interna del oficialismo sobre el tema tarifas es nueva, los hombres de Washington esperarán a tratarlo de manera directa con los negociadores criollos. Pero, otra vez, serán implacables en conocer una respuesta sustentable.
