Por unanimidad, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe completó la sanción de una ley que convalida un decreto que aceptó la donación del inmueble, conocido como la Quinta La Calamita, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar, entre 1976 y 1978, en la ciudad de Granadero Baigorria.

La casona era un casco de estancia amplio, que más tarde se usó con fines recreativos, hasta su siniestro destino. Se encuentra en las afueras de esa ciudad cercana a Rosario y en ella sufrieron torturas y desapariciones cientos de personas, según entidades de defensa de los derechos humanos y los sucesivos gobiernos provinciales que tomaron el tema.

Numerosos testimonios señalan que entre los detenidos-desaparecidos hubo embarazadas cuyo destino y el de sus bebés nacidos en cautiverio siguen siendo investigados, en causas judiciales reabiertas en el fuero federal a partir de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El predio finalmente fue donado por un particular al Estado provincial y aceptado por el entonces gobernador Omar Perotti, mediante el decreto 1211/23 que dispone también que allí se construya un Museo de la Memoria. Como es de práctica en estos casos, el entonces titular del Poder Ejecutivo Provincial remitió un mensaje a la Legislatura para perfeccionar la aceptación mediante una ley, a fines del año pasado. Esta semana terminó su proceso de sanción en ambas Cámaras. Primero la aprobó Diputados, con su actual composición y el propio Perotti entre sus integrantes, y esta semana el Senado sancionó la norma.

La donación deja sin efecto un proceso de expropiación que había iniciado mediante un proyecto de ley, hace casi diez años, el por entonces gobernador Antonio Bonfatti, hoy diputado provincial, que como el resto de sus pares acompañó la ratificación del decreto.

La «Quinta La Calamita» fue uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Un decreto de Bonfatti de 2013 señaló a ese inmueble como uno de los «Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado» donde «sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal» durante «la última dictadura militar».

En los fundamentos, el ex gobernador Perotti, y la ex ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Isabel Arena, hoy diputada provincial, señalan que el decreto fue firmado en aceptación del inmueble «donado por Adriana Albina Alvares»