Los fiscales federales Juan Argibay Molina y Franco Benetti imputaron ayer a los miembros de una red de lavado de dinero encabezada por Matías Andrés Bruzzoni y Marco Leonel Gutiérrez. Los bienes investigados —vehículos e inmuebles de alto valor— superan los 200 millones de pesos y habrían sido adquiridos con fondos provenientes del tráfico de estupefacientes.

La Justicia Federal de Rosario formalizó así la imputación contra siete personas acusadas de integrar una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los fiscales Argibay Molina, titular de la sede Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y Benetti, de la Oficina de Narcocriminalidad (PROCUNAR), presentaron la acusación ante el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien tuvo por formalizada la investigación.

Los imputados son Matías Andrés Bruzzoni y Marco Leonel Gutiérrez —ambos actualmente condenados y detenidos por tráfico de estupefacientes— junto a Brisa del Rocío Medina, Eliana Noelia Fernández, Micaela Brenda Villarreal, Mariano L. y Melisa M.. Según la fiscalía, desde enero de 2021 estas personas habrían participado, de manera organizada y habitual, en operaciones destinadas a ocultar y reinvertir ganancias ilícitas derivadas de la venta de drogas.

La pesquisa se desprende de la causa FRO 1635/21, caratulada “Villareal, Aylen Anabella y otros s/ infracción ley 23.737”, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Rosario. En ese expediente, el 27 de diciembre de 2024 se homologó un juicio abreviado que condenó a Gutiérrez como coautor del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, y a Bruzzoni como autor del mismo delito, aunque sin el agravante.

A partir de esa sentencia, la Procelac y la Procunar detectaron un patrón de operaciones financieras y patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados de ambos condenados y de su entorno, lo que dio origen a la causa por lavado de activos.

La investigación patrimonial reconstruyó 29 operaciones entre 2021 y 2024, que incluyen adquisiciones, transferencias y administración de vehículos e inmuebles.

Entre los bienes más relevantes figuran: un Toyota SW4 SRX 4×4 año 2016, dominio POY724, adquirido por Bruzzoni en enero de 2022 por $7.500.000 y vendido en abril de 2024, cuando la DNRPA lo valuaba en $29.849.000.

También un terreno en Campo Timbó (Oliveros) identificado como lote D256, comprado por Bruzzoni en abril de 2021, donde construyó mejoras antes de venderlo a Mariano L. en noviembre de 2021 por USD 10.000 y una camioneta Dodge Journey.

De igual modo una Dodge Journey R/T, dominio JDF210, que fue transferida a nombre de Bruzzoni en diciembre de 2021 y valuada en $2.839.900 al momento de su venta en junio de 2024. Asi como diversos vehículos de alta gama administrados o registrados a nombre de terceros, entre ellos un Audi A5, un Peugeot RCZ, un Volkswagen Fox, y un Ford Fiesta Titanium, todos vinculados a Bruzzoni.

En el caso de Gutiérrez, se le atribuyen la administración o adquisición de ocho vehículos —entre ellos un Audi TT, un BMW 323 Ti, un Peugeot 208 GT, un Fiat Toro, y un Volkswagen Polo—, además de la inversión en una vivienda en calle Aurora 3851 de Rosario, valuada en $7.461.477.

A Mariano L. y Melisa M. se les atribuyen operaciones inmobiliarias y automotores de alta gama, como un Ford Territory Titanium 2022, valuado en más de $12 millones al momento de la venta, una Volkswagen Taos y una Ford Ranger Raptor, valuada en $43.526.500 al momento de la compra.

En conjunto, los bienes bajo investigación superan los 150 salarios mínimos vitales y móviles, equivalentes a más de $200 millones, y reflejan —según la fiscalía— una maniobra sistemática de blanqueo y reinversión de activos a través de familiar.

Bruzzoni –un hombre ligado a la representación de jugadores de fútbol y a la industria de la música tropical, integrante del grupo Musiqueros de Santa Fe– y Gutiérrez ya habían sido condenados por tráfico de estupefacientes en un juicio abreviado poco publicitado a 6 y 4 años de prisión, respectivamente, en diciembre del año pasado.

En ese expediente, la Policía Federal había investigado actividades de narcodelivery en varias localidades del Cordón Industrial, donde la banda operaba con cobertura de la policía local, según dijo un investigador a este diario.

En los eslabones menores de esa organización narco se encontraba el malogrado Eber Ramos, un joven transa que en enero de 2023 fue una de las víctimas del triple homicidio de Capitán Bermúdez, cometido con una maza. Ramos y las otras dos víctimas –dos jugadores de fútbol barriales– fueron a un domicilio a realizar una operación informal de compraventa de divisas que salió mal y terminó en una masacre.

La banda también contaba en sus filas con el soldadito Nicolás Caffeína, quien a mediados de 2022 fue protagonista de un escándalo mediático junto con sus padres, empleados municipales de la Comuna de Ricardone. Por esos días trascendieron escuchas judicializadas donde Caffeína afirmaba que asesinaba personas por 30 mil pesos y pedía que lo internaran para “dejar de matar gente”.