El impago orilló los mil millones de pesos y afectó tanto a productores agropecuarios como a ahorristas

El agente de Bolsa rosarino Daniel Casanovas, junto con ejecutivos vinculados a sus empresas agropecuarias y financieras, serán imputados este miércoles a la mañana por estafa, administración fraudulenta y violaciones a la reglamentación del warrant.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Miguel Moreno, lleva  adelante la investigación que tiene como querellantes a unos diez clientes del grupo que entró en default en 2019.

El grupo diversificado que lideraba Casanovas fue el segundo de la tanda de empresas agrofinancieras que cayó en 2019. Lo hizo hacia agosto de ese año, luego de la caída de Sebastián Grimaldi SA  y antes del estallido de BLD y luego Vicentin, cuando la crisis en el sector escaló de maner impresionante.

La crisis de Casanovas arrancó con el default de su agro-ganadera Cereales del Sur (CDS), que dejó impagos granos que había recibido en condición a fijar.  Pero rápidamente su cesación de pagos se extendió a su agencia de Bolsas (CGV) y a su financiera extra bursátil (Rosario E-Trader). Sus operaciones fueron suspendidas por los Mercados y comenzaron negociaciones particulares con sus clientes en busca de acuerdos privados.

Finalmente, en 2020 la cerealera CDS fue a convocatoria de acreedores por un rojo de $450 millones de pesos (de 2019). Y de la mano de la reconversión hacia el negocio ganadero generó un flujo comercial que le permite afrontar sus pasivos con fuerte quita que perjudicó seriamente a sus acreedores.

Por el lado de CDS, tenía emitido $150M en cheques garantizados con warrants de granos y allí la fórmula que encontró fue el armado de un fideicomiso (con uno de sus campos de garantía) y a los que adherían les iba pagando en cuotas lo cheques no cubiertos. Ese acuerdo se viene cumpliendo normalmente.

Pero el lado más complejo vino por sus negocios extra bursátiles, en las que tomaba dinero de clientes para trabajarlos a cambio de una renta. Allí se combinaron tanto operaciones en blanco como transacciones blue.

En ese segmento su deuda se calculó en torno a los $150M (de 2019). Allí tejió acuerdos –uno de sus abogados es Lucas Hadad- privados de pago para devolución en cuotas. Pero ya antes de la pandemia entró en un segundo default ya que dejó de abonar esos compromisos, encendiendo más la bronca de sus ahorristas.

Fue así que empezó a acumular, además de reclamos civiles, denuncias penales por parte tanto de sus clientes financieros como de parte de clientes agropecuarios que señalaron que su caída no fue por la crisis financiera del país que estalló en 2018 y negocios agropecuarios que no salieron como se esperaba (que fueron siempre sus argumentos) sino que fue una gran estafa.