Personal de la Dirección Nacional de Migraciones, junto a la Policía Federal Argentina (PFA), desplegaron este martes un operativo inédito en pleno centro de Rosario. Los agentes se instalaron en la esquina de San Luis y San Martín para pedir documentación a los transeúntes, pero el foco estuvo puesto en personas de nacionalidad extranjera que tienen comercios en la zona. Al menos tres ciudadanos de origen chino fueron retenidos para corroborar su situación.

Según explicaron de manera informal a los medios presentes, se trató de un operativo de rutina que se repetirá durante la semana en otros puntos de la ciudad. El despliegue se produce el mismo día que el gobierno nacional anunció el arancelamiento de la atención sanitaria para extranjeros no residentes, en los hospitales públicos nacionales.

El operativo irrumpió en el centro de la ciudad cerca del mediodía. El móvil de Migraciones quedó estacionado en la esquina de San Luis y San Martín, frente a la Plaza Montenegro, pero los agentes recorrieron la zona pidiendo documentación a los transeúntes que circulaban por el centro de la ciudad. Incluso se dispuso un vallado sobre la peatonal San Martín. Según informaron, alrededor de 60 efectivos arribaron a Rosario desde Buenos Aires para realizar la inspección. Operativos del mismo calibre se realizaron en distintos barrios de Capital Federal.

De manera informal, los agentes explicaron que se trata de operativos de rutina enmarcados en la ley 25.871, que regula el ingreso, la permanencia y los derechos de los extranjeros en el país. Durante la jornada, los agentes de Migraciones solicitaron la documentación correspondiente a distintos ciudadanos extranjeros en la zona, con la intención de corroborar datos de ingreso al país o posibles antecedentes. En paralelo, los agentes de la PFA abordaron a los transeúntes que circulaban por el lugar.

El operativo puso el foco en algunos comercios que son propiedad, o están atendidos, por ciudadanos extranjeros. En ese marco, ingresaron a un bazar de origen chino ubicado en San Juan y San Martín. Durante la redada, al menos tres ciudadanos chinos fueron retenidos por los agentes y trasladados a una dependencia federal para corroborar la documentación correspondiente. Los agentes aclararon que el despliegue responde a una política del gobierno nacional y adelantaron que podría haber otros operativos durante la semana, en diversos puntos de la ciudad.

El operativo no pasó desapercibido entre los vecinos del centro, que se aglomeraron en el lugar, algunos pidiendo explicaciones por el amplio despliegue de oficiales. “Empezamos a ver a un grupo de agentes interrogando a unas personas chinas, que conocemos en el barrio. Hace bastante tiempo que vive un muchacho en un edificio de la cuadra, creo que tiene un supermercado cercano”, describió a Rosario/12 una vecina, sorprendida por la dimensión del operativo. “Parece propio de una estrategia para tentar al odio”, completó.

Con la salud también

El operativo en Rosario se dio el mismo día en que el gobierno nacional anunció que comenzará a cobrar la atención sanitaria a extranjeros sin residencia permanente, que se atiendan en hospitales que dependan del Estado nacional.

Se trata de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, vinculada al Decreto de Necesidad y Urgencia 366, que el año pasado introdujo una serie de modificaciones a la Ley de Migraciones.

En principio, la medida se limita a los cinco hospitales nacionales ubicados en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, sin impacto concreto en Rosario.

En un comunicado, el gobierno nacional informó que no podrá negarse la atención en caso de emergencia, independientemente de su situación migratoria. Y remarca que los extranjeros con residencia permanente en el país podrán acceder al sistema de salud público “en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.

La situación cambia para las personas sin residencia permanente, donde se establecen “dos procedimientos posibles” para la atención.

“Cuando el paciente cuente con un seguro de salud, el establecimiento deberá conformar el legajo correspondiente, notificar a la aseguradora dentro de las 24 horas y emitir la factura electrónica para el recupero de los costos. En los casos en que los pacientes no dispongan de dicha cobertura, el hospital deberá elaborar un presupuesto y percibir el pago de la prestación antes de su realización”, describe el comunicado publicado por el gobierno de Javier Milei.