Ante el inminente anuncio de medidas contra la inflación, el presidente Alberto Fernández enfrenta la amenaza de protestas del agro.
En política no hay decisiones gratis. El gobierno de Alberto Fernández volverá a comprobarlo esta semana, cuando su vocación acuerdista choque contra el rechazo de sectores chacareros reactivos a las retenciones y las amenazas de productores de alimentos que consideran a la comida como una mercancía destinada al que mejor la pague.
Los aprietes contra la decisión oficial de suspender en dos puntos el diferencial de derechos de exportación para dos derivados de soja vendrán en distintos formatos. Productores “autoconvocados” se movilizan desde hace una semana por Santa Fe y Córdoba alentando distintas formas de protestas, desde el cese de comercialización a piquetes ruteros, pasando por caravanas en los pueblos y hasta una posible “marcha federal” con acto frente a la Casa Rosada. Presionados hasta el insulto en asambleas intervenidas por militantes del macrismo vestidos de gauchos, los dirigentes de las sociedades patronales agrupadas en la Mesa de Enlace instaron a sus representantes en el Congreso -esencialmente legisladores de Juntos por el Cambio, pero también peronistas “federales” y algunos integrantes del Frente de Todos- para que los convoquen al parlamento a expresar su disgusto.
En paralelo, las agroexportadoras van por una mano del Poder Judicial. El sábado por la mañana, apenas se oficializó el incremento de los derechos de exportación, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) opinó que “la suba de derechos de exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral”. Y añadió: “Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho decreto”. Durante el fin de semana se elaboraron media docena de presentaciones judiciales que en breve florecerán: sobran los tribunales sensibles al poder del dinero dispuestos a extender una cautelar.
Pruebas al canto: de las once empresas a las que aludió el ministro, solo nueve representaron el 80% de las exportaciones de granos y derivados en 2021. De esa élite, cinco son estadounidenses (ADM, Bunge, Cargill, Glencore y Louis Dreyfus), una china (Cofco) y tres en apariencia «nacionales» (Aceitera General Deheza, ACA y la división agro de Pérez Companc, Molinos Río de la Plata en el mercado interno y Molinos Agro para la exportación). Ese oligopolio se distribuyó la autorización de exportar 14 de las 22 millones de toneladas de la cosecha récord del año pasado. Según esos números, debieran haber quedado disponibles 8 millones de toneladas para cubrir el mercado interno, que demanda entre 600 mil y 650 mil toneladas de trigo por mes. La ecuación indica que debiera sobrar trigo para la demanda doméstica a precios «argentinos», pero el oligopolio hace valer su posición de poder, remarcando la bolsa de harina a valores internacionales.
Así las cosas, en la primera semana de guerra en Ucrania la bolsa de 25 kg de harina saltó de $1300 a $2500 en el AMBA y cerca de $3000 en localidades del interior. «¿Por qué tenemos que pagar precios internacionales cuando tenemos costos nacionales?» se preguntó el economista Horacio Rovelli en un documento que el fin de semana circuló entre militantes y dirigentes del Frente de Todos. «Porque el objetivo del gobierno y del FMI es dolarizar todo lo que se pueda, aumentar los saldos exportables a como de lugar», se respondió Rovelli, asociando la inflación doméstica de los commodities al acuerdo con el Fondo.
El razonamiento del economista es similar al que realizan en la trinchera K. «Exigido por el FMI y por el resto de los acreedores para pagar una deuda externa acrecentada en más de cien mil millones de dólares en la gestión de Cambiemos, (el gobierno) depende del ingreso de las divisas para pagarla», sostuvo Rovelli, quien estuvo cerca de secundar a Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio pero quedó en gateras por sus diferencias con el titular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El ministro, precisamente, es uno de los ejecutores de la política de acuerdos que pregona el presidente y desagrada al kirchnerismo por idiosincrasia y resultados. Punto para los K: el consenso permitió que las empresas recuperen los márgenes de ganancias de la pre pandemia -e incluso más-, pero se mostró impotente para frenar la escalada de precios.
La persistente y creciente inflación en alimentos pega de lleno en los bolsillos y la conciencia política de las mayorías populares. La ampliación de la brecha entre canasta básica y salario mínimo angustia tanto como irrita la distancia de 15,9 veces entre los hogares de mayores y menores ingresos. Imposible conformar a todos cuando la mitad de la población sobrevive bajo la línea de pobreza, seis de cada diez hogares tienen problemas de ingresos y siete de cada diez jóvenes transitan la marginalidad económica y laboral. Gobernar es afectar intereses. Los gobiernos, en tal caso, se definen por los intereses que afectan o protegen. Para el gobierno de Fernández, la «guerra contra la inflación» representa una oportunidad -quizá la definitiva- para mostrar de qué está hecho.