El juez escribió un informe público donde deja en claro cuál es su postura sobre el caso.
En el escrito publicado por el Centro de Información Judicial, Bonadío sostiene «la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos» y asegura que fueron «comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido)».
El juez también delimita el período «entre los años 2008 y 2015», una fecha que no es azarosa, ya que evita involucrar a la familia Macri, que vendió un año antes la empresa IECSA a Ángelo Calcaterra.
«Procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional», asegura Bonadio en el texto.
En el informe, el juez también detalla la impresionante cantidad de allanamientos realizados y la cantidad de dinero y objetos de valor secuestrados en los mismos.