Un grupo de instituciones de la provincia, que trabajan en el acompañamiento de personas con discapacidad, podrían dejar de funcionar en julio por el recorte del gobierno nacional. Algunas ya cerraron sus puertas y otras cancelaron parte de su actividad por falta de recursos, mientras que otros espacios ven el primero de julio como fecha límite. El pasado viernes se reunieron con legisladores, en el marco de una propuesta del diputado provincial Carlos Del Frade, que plantea crear un fondo provincial de emergencia para el sector.

De la actividad participaron funcionarios provinciales a quienes las organizaciones demandaron medidas para evitar el cierre de los espacios. “Nosotros sabemos que la solución está a nivel nacional, pero la provincia puede aportar paliativos hasta que esta pesadilla se termine. Necesitamos un posicionamiento claro del gobierno provincial en este tema”, planteó Pablo Bolego, referente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes).

Representantes de instituciones, transportistas, profesionales, trabajadores, usuarios y familiares vinculados al sistema de atención a personas con discapacidad advierten que la situación es compleja.

Por eso, la semana pasada se reunieron en el Colegio de Psicólogos de Rosario para evaluar la situación derivada ante las demoras y dificultades en torno al pago de las prestaciones, producto del ajuste del gobierno nacional. En ese contexto, aparece un reclamo de acompañamiento al gobierno provincial para el sostenimiento de los espacios.

En Rosario son cinco las instituciones en una situación dramática. Uno es el centro de día Alas (Oroño 3417), donde sus responsables avisaron que de no mediar una actualización en los pagos deberán cerrar sus puertas en julio. El otro es el centro de día Integrarte (San Lorenzo 3641) que entró en cese de pagos, mientras que el centro de formación El Aprendiz (Darragueira 3257) también se encuentra al borde del cierre. A esos se le suman los centros educativos terapéuticos El Cruce y Abrasoles que ya cerraron sus puertas en diciembre. Otros espacios de la provincia como Bitácora (Venado Tuerto) y Todos los chicos (Casilda) atraviesan un panorama similar.

“Tenemos instituciones que están ante un cierre inminente el próximo mes si no entra un pago del programa federal Incluir Salud. Los equipos terapéuticos de esas instituciones están prácticamente desmembrados, trabajan menos días y sin la posibilidad de comprar la comida para los concurrentes”, explicó Bolego en diálogo con Rosario/12.

“Hay una situación límite en varias instituciones de la ciudad y la provincia. Y venimos denunciando hace un tiempo que esto iba a suceder. Seguimos peleando para que el gobierno nacional cumpla con la ley, pero necesitamos respuestas urgentes para las instituciones”, añadió.

En ese marco, los representantes de las instituciones demandan un mayor acompañamiento del gobierno provincial. No solo con el reclamo a Nación, sino con la implementación de medidas que puedan aliviar el panorama para los espacios que están al borde del cierre en el territorio santafesino.

Durante el encuentro en el Colegio de Psicólogos estuvieron presentes dos representantes del gobierno santafesino: la secretaría de Políticas Sociales e Integración Social, Viviana Foresi, y el director provincial de la Secretaría de Inclusión, Federico de los Reyes.

“Nosotros primero impulsamos una serie de propuestas que no afectarían las arcas de la provincia, como la posibilidad de proveer alimentos a través de la cocina centralizada a las instituciones que atienden a personas con discapacidad, o por ejemplo, el boleto gratuito para todos los terapeutas y trabajadores que laburan en estas instituciones. También la exención impositiva de algunos tributos, como puede ser el DReI a nivel local, o Ingresos Brutos a nivel provincial”, detalló Bolego y remarcó que la situación es verdaderamente crítica: “Necesitamos que ejecuten lo que sea y por la vía que sea, como un paliativo para sostener los espacios”.

En paralelo, el diputado provincial Carlos Del Frade impulsa la creación de un “Fondo Provincial de Emergencia para Organizaciones Prestadoras de Servicios para Personas con Discapacidad”. La iniciativa busca garantizar la continuidad de las prestaciones, servicios y apoyos esenciales brindados por diversas instituciones y espacios de la provincia, vinculadas al sistema de atención integral de personas con discapacidad. Parte del reclamo a provincia también tiene que ver con acompañar el proyecto legislativo desde el oficialismo.

“La propuesta de Del Frade es interesante porque recoge lo que se hizo en otras provincias, como Mendoza o Córdoba, donde los ejecutivos provinciales inyectaron dinero a las instituciones que estaban al borde del quiebre”, indicó Bolego. “Nosotros sabemos que la solución está a nivel nacional, pero la provincia puede aportar paliativos hasta que esta pesadilla se termine. Necesitamos un posicionamiento claro del gobierno provincial en este tema”, insistió.