La Justicia Federal de Rosario investiga una compleja maniobra de lavado de dinero que utilizó el Puerto de Rosario como plataforma para ocultar fondos de origen ilícito, alejarlos de su verdadero origen y devolverlos al circuito legal. En el centro de la investigación aparecen el empresario y contador Gustavo Shanahan, integrantes de su familia y el catalán Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, sobre quien pesa un pedido de captura internacional.

La hipótesis de los fiscales es que parte del dinero llegó desde España y estaba vinculado con una investigación por corrupción que involucraba a la familia Pujol. A eso se suman fondos que, según la pesquisa, tenían origen en actividades vinculadas al narcotráfico.

En diciembre de 2023 Gustavo Pedro Shanahan fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario a 7 años de prisión como partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientesen la modalidad de comercio, pena que cumple en forma domiciliaria.

El fiscal federal Federico Reynares Solari explicó que la nueva investigación tomó como antecedente una causa de la Audiencia Nacional de Madrid. “Hay un entramado societario que se arma para difuminar ese dinero ilícito”, sostuvo. Según el funcionario, el objetivo era poner distancia entre los fondos y su origen y después devolverles una apariencia de legalidad.

Ese es el punto central de la investigación: el Puerto de Rosario no habría sido el negocio que justificaba la llegada del dinero, sino una herramienta para hacerlo circular y ocultarlo.

Una fachada de negocios

La maniobra se apoyó en un conjunto de sociedades vinculadas con la actividad portuaria. Shanahan aparece como uno de los principales operadores de esa estructura. A través de esas empresas se movieron acciones, se generaron deudas y se firmaron contratos que, en los papeles, mostraban operaciones comerciales normales.

Para los investigadores, detrás de esa fachada había otra finalidad: desplazar el dinero y dificultar que pudiera seguirse su recorrido.

Una de las operaciones investigadas fue el traspaso de acciones de Terminal Puerto Rosario. También aparece Vicentin en la reconstrucción: la agroexportadora intervino en operaciones vinculadas con esas acciones y en movimientos de dinero que los fiscales ahora analizan como parte de una secuencia mayor.

Pero el mecanismo más revelador fue la utilización de contratos para justificar pagos. Según la investigación, se creó una deuda que se presentó como el resultado de supuestas gestiones comerciales realizadas por Shanahan. Esos trabajos, sostienen los fiscales, nunca existieron.

De esa manera, dinero que necesitaba una explicación podía aparecer formalmente como el pago de una deuda o de un servicio.

Los fondos después circularon por cuentas y entidades financieras del exterior. El objetivo, según la acusación, era que el dinero perdiera las huellas de su origen y pudiera regresar con apariencia legítima.

Reynares Solari fue contundente al explicar la hipótesis: “Nosotros sostenemos que esa inversión no era una inversión genuina”. Y agregó que la utilización de sociedades y operaciones comerciales permitía “poner mayor distancia con el origen de ese dinero”.

La investigación alcanza también a familiares de Shanahan, que aparecen vinculados a las sociedades y a distintos movimientos patrimoniales. Para la Fiscalía, no se trató de una estructura armada alrededor de una única empresa, sino de una red destinada a mover activos y dinero de un lugar a otro.

El fiscal reconoció además que durante años no hubo alertas suficientes. “No saltó ninguna alerta”, admitió. Y explicó que justamente una característica del lavado es que las operaciones buscan parecer legales hasta que el dinero queda integrado a la economía formal.

Ahora la Justicia intenta determinar quiénes participaron de esa estructura, qué papel cumplió cada uno y cuánto dinero fue efectivamente lavado. Pero la hipótesis central ya está planteada: sociedades, negocios y activos del Puerto de Rosario habrían sido utilizados como una fachada para transformar dinero de origen ilícito en fondos con apariencia legal.