La Justicia puso la lupa sobre empresas de taxis aéreos por presunta sobrefacturación en la compra de las aeronaves.
Ese listado demuestra que en un lapso de dos años más de 300 aeronaves fueron matriculadas. Tan solo cinco de ese total tuvieron como destinatario el Estado nacional para uso oficial, con tres aviones comprados por Gendarmería, otro avión para el gobierno de La Pampa y un helicóptero registrado bajo propiedad de la provincia de Buenos Aires.
El foco de la sospecha para Marijuán radica en el resto de las adquisiciones, las cuales fueron realizadas por empresas privadas y del sector aeronáutico. La hipótesis que se maneja es la de “sobrefacturación” en la compra en origen. Allí el comprador pide una factura con un precio “inflado”, es decir, superior al verdadero.
Las operaciones bajo la lupa de la justicia involucran mayormente a empresas de taxis aéreos y en los listados de las 289 aeronaves adquiridas entre 2020 y 2022 figura la matrícula, el modelo del avión o helicóptero, la marca y el titular que lo registra. Sin embargo no figura entre los datos el valor declarado ni el tampoco el valor real de cada aeronave.
