La mitad de los rosarinos tiene algún tipo de deuda y unas 120 mil personas ya no podrían afrontarla, según las cifras expuestas durante la Jornada Pública sobre Emergencia Crediticia que se realizó esta tarde de lunes en el Concejo Municipal. El encuentro reunió a concejales, legisladores nacionales y provinciales, organizaciones sociales, docentes y vecinos que le pusieron voz y rostro a las consecuencias del sobreendeudamiento.

La jornada fue convocada por bloques opositores con el objetivo de visibilizar el problema y respaldar proyectos legislativos nacionales orientados a limitar abusos financieros y promover medidas de desendeudamiento. El diagnóstico compartido por los participantes fue que el deterioro de los ingresos, el uso creciente de tarjetas y préstamos para cubrir gastos corrientes y el avance de la usura transformaron una situación que no es un problema individual sino de alcance colectivo.

El concejal de Ciudad Futura Juan Monteverde planteó que el primer paso debía ser sacar la deuda del ámbito privado y de la culpa individual. “Una cosa es que sean 120.000 personas y otra cosa es escuchar de primera mano cada una de esas historias y de esos dramas”, señaló. Según sostuvo, las deudas no sólo absorben parte de los salarios sino también tiempo, tranquilidad y capacidad de proyectar el futuro.

Monteverde cuestionó además el argumento de que se trata exclusivamente de un conflicto entre privados. “La respuesta no puede ser que es un problema entre privados y que nos la tenemos que arreglar solos”, sostuvo, y reclamó una respuesta estatal frente a una situación que, según afirmó, afecta a buena parte de la población.

Entre tantos testimonios crispados de angustia estuvo el de José Dipietro, quien contó que quedó endeudado después de que hackearan su cuenta de una billetera virtual. Aseguró que le adjudicaron un crédito que no había solicitado y que, además, quedó imposibilitado de utilizar la cuenta. “Me siento desamparado”, expresó, y reclamó la presencia de concejales de otros sectores políticos. Es que fue notoria la ausencia de referentes del interbloque Unidos como de La Libertad Avanza.

Facundo Rivero, docente de zona sur e integrante de un colectivo de endeudados nucleados en Amsafé Rosario, describió situaciones de compañeros que llegan al gremio “con la angustia a cuestas” y que deben enfrentar amenazas y prácticas de cobranza que involucran incluso a familiares. “Somos pobres, no estúpidos”, afirmó, al reclamar límites a lo que definió como una “usura leonina”.

El docente Juan Pablo Milito relató cómo pasó de utilizar tarjetas de crédito como una herramienta de consumo a quedar atrapado en una espiral de refinanciaciones. Contó que después del decreto 70 se produjo un deterioro de su salario y que comenzó a quedarse sin dinero a pocos días de cobrar, por lo que recurrió al crédito para gastos cotidianos. El pago del mínimo de las tarjetas, explicó, derivó luego en intereses cada vez mayores.

Milito también relató que durante siete meses Banco de Santa Fe le debitaba la totalidad de su sueldo para cubrir deudas y que debió buscar trabajos adicionales para intentar recomponer su situación. “El Estado es cómplice de los bancos”, sostuvo, y advirtió sobre el impacto que el endeudamiento tiene entre los trabajadores.

Otra de las expositoras, la maestra Gabriela Pirovi, contó que tiene 47 años, dos hijos, alquila y que el deterioro de su salario la llevó al pluriempleo y al endeudamiento. Explicó que comenzó a acumular deudas cuando tuvo que hacerse cargo del cuidado de su padre enfermo. “Todo este infierno me trajo secuelas: ahora soy hipertensa”, relató.

Trinidad Núñez, en tanto, contó que entre enero y mayo no cobró su sueldo y que el banco la obligó a refinanciar una deuda que hasta entonces llevaba al día. En esa operación, relató, incorporaron también la tarjeta de crédito. La situación terminó llevándola a tramitar una quiebra personal para poder volver a cobrar parte de sus ingresos y mantener a sus dos hijos.

El jubilado Miguel Ángel Gómez expuso otra dimensión del problema. Dijo que el 75 por ciento de su haber jubilatorio está comprometido por el pago de tres préstamos. Junto con su esposa, que es docente y también alquila, debe afrontar además los gastos de medicamentos. “Pedaleamos como podemos”, resumió, y reclamó: “Dejen de ahorcarnos”.

Desde la comunidad Qom, Daniel Naporichi advirtió sobre otra modalidad de endeudamiento que afecta a los sectores populares: los préstamos otorgados por prestamistas barriales, que pueden derivar en situaciones de usura y dependencia financiera.

Reclamo político

La discusión también tuvo su correlato legislativo. El diputado nacional Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, vinculó la jornada con el debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados en torno a la declaración de la emergencia por sobreendeudamiento. Según explicó, la oposición busca avanzar con medidas de alivio y justicia financiera para los deudores, mientras que el oficialismo procura limitar el alcance de esa respuesta.

La diputada nacional Caren Tepp, también de Unión por la Patria, puso el acento en la necesidad de transformar la angustia individual en una demanda colectiva, tal como pregona el “Manual de autodefensa financiera” que editó Ciudad Futura. En su intervención remarcó que las estadísticas permiten dimensionar el fenómeno, pero que los testimonios permiten comprender su profundidad y urgencia.

Desde el Concejo, la vicepresidenta Norma López, del bloque Comunidad-PJ, sostuvo que “el endeudamiento ya no es un problema privado” y que se convirtió en “un problema social”. Señaló que cuando una familia debe recurrir al crédito para comer, pagar el alquiler o llegar a fin de mes, el Estado no debería desentenderse.

López describió una cadena que comienza con el uso de la tarjeta, continúa con la venta de bienes del hogar y puede terminar en préstamos informales, usura y situaciones vinculadas con organizaciones delictivas. “Nadie debería endeudarse para comer”, afirmó, y reclamó políticas destinadas a prevenir el endeudamiento y acompañar a las familias para salir de esa situación.

La diputada provincial Lucila De Ponti, del PJ, aportó una mirada sobre Santa Fe. Afirmó que el 15 por ciento de la población provincial se encuentra en mora crediticia y cuestionó que el problema sea presentado como una cuestión de educación financiera. “Presuponer que esto es un problema de educación financiera es suponer que la gente es tonta”, planteó.

Con distintos matices, los testimonios confluyeron en una misma advertencia: para miles de familias, el crédito dejó de ser una herramienta para afrontar una compra o una emergencia puntual y pasó a convertirse en un mecanismo para sostener gastos básicos.

La jornada pública buscó –dentro de los límites que un estado municipal tiene en la materia– instalar esa discusión en la agenda institucional y trasladarla del ámbito privado de cada hogar al terreno de las políticas públicas.