Unión de piezas para definir el escenario para el próximo Consejo de la Magistratura. El metamensaje de Rosatti, tan obvio que abruma. La exploración sísmica, a punto de destrabarse (dólares).
Hay otro conflicto que orbita en torno al Consejo y que ya arribó a instancias de la Corte: el procurador Eduardo Casal dictaminó que el fallo que confirmó la designación del kirchnerista Martín Doñate como consejero senador resultó arbitrario. Eso deja con vida la posición de los cambiemitas Luis Juez y el misionero Humberto Schiavoni. Pero va en contrario al precedente Tonelli. Como será, tarea para la Corte que puede o no acelerar el trámite para ponerle picante a la definición real que será en noviembre. Esta semana el Consejo deberá dirimir en su faceta disciplinaria si convoca por el artículo 20 al juez federal de Entre Ríos Edgardo Alonso al que la propia Corte, entre otros, denunció por haber intentado sabotear su fallo de puesta en vigencia del Consejo en formato de 20, en abril pasado. Pobre “Cachi” Martínez.
La semana pasada, la Corte hizo pasar por debajo del radar público dos definiciones en causas gravitantes pero cuya interpretación es expansiva. Tanto en la causa Telecom como Telecentro rechazaron la recusación del vicepresidente Carlos Rosenkrantz por haber fungido como abogado de empresas relacionadas a las litigantes, en el caso del DNU presidencial que había fijado topes al aumento de los servicios. Pero esta decisión tiene un impacto adicional que debería proyectarse al pleito por la Coparticipación que enfrenta a la Nación contra la Ciudad de Buenos Aires y que está a punto de cumplir dos años. El mensaje es que el revoleo de recusaciones puede traer contraindicaciones.
El discurso de Horacio Rosatti -de gira por La Rioja y Catamarca- fue otra pieza para el test de interpretaciones libres. Pero el corazón del enunciado fue directo al blanco de un problema que el oficialismo sufre en la práctica: las reformas judiciales que el gobierno de Alberto Fernández intentó en todo su mandato naufragaron por la ausencia de consensos políticos antes de ser fulminadas por fallos judiciales. Rosatti postuló que el Poder Judicial tenía voz para opinar de las reformas que le conciernan, en una apreciación que desató las críticas del kirchnerismo. Para el mundo judicial, el metamensaje fue otro: diálogo interpoderes sí; injerencia, no. Escuchar al Poder Judicial a la hora de implementar cambios que terminarán aplicando los mismos jueces. En la Argentina de hoy, un llamado al diálogo constituye una excentricidad que hay que explicar.
No todas son malas para el Gobierno: en las próximas horas, un fallo de la justicia federal de Mar del Plata puede destrabar definitivamente la exploración sísmica offshore en busca de petróleo que había sido objetada por ambientalistas y mantenía frenado un proyecto desde febrero, cuyo manantial de divisas es ambicionado. En representación del Estado, la fiscalía de Juan Manuel Pettigiani dictaminó que se encontraban cumplidos los requisitos por parte de Ambiente de Nación para dar luz verde al proyecto. En su escrito, remarcó la importancia estratégica para el país de su puesta en marcha. Poner en perspectiva su rol obligaría a repensar por qué el fiscal fue centro de duros cuestionamientos por parte del oficialismo en base a su intervención en otras causas de la agenda superficial. Analizar por qué la justicia siempre da una buena mano en los casos que son realmente gravitantes para la economía argentina dejaría demasiado atrás al panelismo que relata constantes desventuras en la guerra contra el “Partido Judicial” por ser una “máquina de impedir”.
