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La Asamblea Legislativa aprobó 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Consenso de por medio, senadores y diputados santafesinos habilitaron la cobertura de vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación

La Asamblea Legislativa les dio luz verde este jueves a más de 80 pliegos remitidos por el Ejecutivo santafesino, un récord histórico, para la designación de magistrados, fiscales, defensores y funcionarios judiciales para cubrir la mayoría de las vacantes que venía reclamando la Corte Suprema de la provincia.

El debate en el recinto de la Cámara baja, signado por un amplio consenso entre el oficialismo y la mayoría de la oposición, quedó habilitado una vez consumadas las entrevistas correspondientes en la comisión bicameral de Acuerdos. La medida apunta a revertir las demoras causadas por la acumulación de vacantes en la Justicia.

Los pliegos

Los pliegos incluyeron candidatos a jueces comunitarios a lo largo y ancho de la provincia y magistrados penales, fiscales (titulares y adjuntos).

Lo propio ocurrió con postulantes a la Justicia Civil, Comercial y Laboral y la candidatura de Marcelo Terenzio al Tribunal de Cuentas (cupo para los profesionales del Derecho).

 

Uno de los principales objetivos del paquete de 88 pliegos es completar las vacantes en dos fueros clave en la provincia: Penal y Laboral. Se priorizaron los perfiles profesionales y el equilibrio de género (en la nominación final predominaron las mujeres).

En ese marco, la Casa Gris buscó sellar acuerdos políticos, instancia que incluyó consultas los Colegios de Magistrados y de Abogados, que aseguraran la aprobación de los pliegos durante la Asamblea Legislativa.

Revés para un exfiscal

Paralelamente, la sesión conjunta de senadores y diputados provinciales rechazó el planteo de inconstitucionalidad del exfiscal de Reconquista Alejandro Rodríguez.

Previamente, la comisión de Acuerdos había emitido un dictamen de mayoría que aconsejaba declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Rodríguez.

El 12 de junio pasado, la Asamblea Legislativa había destituido a Rodríguez como fiscal de Reconquista por mal desempeño de sus funciones. También le impuso la prohibición de ingresar a cualquier edificio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por el plazo de diez años.

Rodríguez fue denunciado por presunto dolo en la prescripción de causas gravísimas. En ese sentido, se lo acusa de dejar caer tres expedientes ligados a abusos sexuales y otro vinculado con un homicidio múltiple.

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