El camarista federal Leopoldo Bruglia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para la audiencia que se celebrará el jueves.
En el marco de la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, el camarista federal Leopoldo Bruglia resolvió que la audiencia en la que mañana se tratará la última recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti será presencial y no se transmitirá en vivo como quería la vicepresidenta. «En atención a lo solicitado precedentemente por el Dr. (Marcos) Aldazabal y para garantizar la publicidad de la audiencia, hágase saber que el informe oral se llevará a cabo de manera presencial el día 2 del corriente mes a las 12:00 hs, en la sede de este Tribunal», determinó Bruglia.
La querella encabezada por los abogados Aldazabal y José Manuel Ubeira había pedido que la audiencia «se lleve a cabo de manera oral y pública, para que pueda ser transmitida por los medios que V.E. (vuestra excelencia) estime conveniente», aunque el objetivo era que se habilitara su difusión en vivo, que se iba a realizar por la plataforma Zoom. El planteo de la querella ante la Cámara Federal porteña había sido presentado ayer por la tarde y allí se sostenía que «la publicidad de todas las audiencias -pero más aún las que revisten tal trascendencia para la ciudadanía- de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación conduce a una mejora de la calidad institucional».
Los letrados agregaron allí que «no solo se trata de un caso al que esta Cámara ya se ha referido como de gravedad institucional, sino, además, de una circunstancia en la que se discuten temas básicos para nuestra sociedad, como lo son separación e independencia de poderes y la conducta que deben respetar los funcionarios públicos».
Días atrás, Capuchetti rechazó la última recusación presentada por la querella en la que se puso en duda su imparcialidad, luego de que trascendiera que realiza labores académicas rentadas en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la ciudad de Buenos Aires.
Esta última recusación había sido presentada por la querella de Fernández de Kirchner el 9 de enero último y allí se le achacó a la magistrada una presunta «dependencia» del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. «Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado», señaló ese día la exmandataria en sus redes sociales. Los letrados de la Vicepresidenta indicaron al solicitar esta recusación que la jueza «Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana».
Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como «irregularidades y arbitrariedades» cometidos por la jueza «desde el primer día» de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1º de septiembre de 2022. En aquella primera recusación, rechazada en dos instancias y a estudio del juez Guillermo Yacobucci de la Cámara de Casación Penal, los abogados de la querella le cuestionaban a la jueza Capuchetti no haber profundizado distintas líneas de investigación, entre las que destacaban «la pista Milman», en referencia a una supuesta conversación en la que el diputado se refirió a un eventual ataque contra CFK antes que ocurriera.
Por esta causa están detenidos y procesados los supuestos coautores de la tentativa de homicidio, Fernando André Sabag Montiel, quien gatilló una pistola frente a la cara de la Vicepresidenta, y Brenda Uliarte, quien lo acompañaba el día del hecho.