La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó auditar los registros de los juzgados federales 3 y 4 después de detectar una disparidad entre las estadísticas de esos tribunales y las informadas por el Ministerio Público Fiscal. La acordada firmada por el presidente de la Cámara, Aníbal Pineda, dispone que los secretarios expliquen en 48 horas cómo confeccionaron sus estadísticas y ordena después cotejar expediente por expediente los registros judiciales con los fiscales. El primer universo concreto alcanza a 1.180 causas, aunque el relevamiento preliminar plantea que podrían existir alrededor de 8.000 expedientes cuyo estado deberá determinarse. El juzgado N° 3 está en manos de Carlos Vera Barros y el N ° 4 estaba a cargo de Marcelo Bailaque, hoy jubilado y con prisión domiciliaria acusado por tres delitos en el desempeño de ese cargo.

La decisión de la Cámara Federal es la primera respuesta institucional frente a una situación que comenzó a quedar expuesta cuando las fiscalías recibieron expedientes iniciados varios años atrás que nunca habían llegado a su conocimiento. En algunos casos, las denuncias habían sido presentadas en 2020 o 2021 y recién ahora fueron remitidas al MPF. La demora, en determinados expedientes, llegó a cinco o seis años. El dato fue puesto a la luz por un artículo de Hernán Lascano en el portal La Politica online.

La acordada establece que los secretarios de los juzgados 3 y 4 deberán informar los criterios utilizados para elaborar las estadísticas y revisarlas conforme a las pautas fijadas por la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Vencido el plazo de 48 horas, la Cámara cotejará esa información con los diferentes registros existentes. Además, solicitó al MPF que entregue el listado de las 1.180 causas denunciadas, con carátula y número de FRO, para confrontarlas individualmente con los expedientes judiciales.

La precisión es importante: las 8.000 causas constituyen por ahora una estimación surgida del desfasaje detectado. Las 1.180 son, en cambio, el conjunto identificado por las fiscalías que la Cámara ordenó revisar una por una. La auditoría deberá establecer si detrás de la diferencia existe un problema estadístico, expedientes archivados que continúan computándose como vigentes, errores de gestión o investigaciones que efectivamente quedaron sin impulso.

Una alta fuente de la Justicia Federal rosarina con injerencia directa en el proceso explicó que se investigarán “dos problemas distintos”. El primero corresponde a las estadísticas. Según describió, los juzgados pueden conservar expedientes cerrados como activos para evitar una reducción de la cantidad de empleados asignados a esas dependencias.

“A medida que los juzgados van perdiendo volúmenes de causas, porque se van cerrando, paulatinamente se les va pasando a los empleados que están en los juzgados de instrucción, pasan a los juzgados civiles o pasan a la Oficina de Gestión Judicial”, explicó. Por esa razón, agregó, “hay cientos o miles de causas que se van archivando y que en verdad las siguen teniendo en los registros como que las tienen vigentes”.

La misma fuente aclaró que ese problema estadístico no explica necesariamente la existencia de expedientes que nunca fueron impulsados. Esa es la segunda cuestión que la Cámara deberá investigar.

“Hay unas causas, como te digo, que ingresaron 2020, 2021, principalmente en el juzgado que estaba a cargo de Bailaque, y entraba la denuncia y no las trabajaban, no las movían”, señaló. En algunos casos, dijo, no se hacía el primer decreto ni se notificaba a la fiscalía. En otros, se dictaba el decreto de inicio pero tampoco se comunicaba al MPF.

“En el mejor de los casos, por una mala gestión; en el peor de los casos, se verá”, sostuvo la fuente. La auditoría deberá determinar ahora cuántos expedientes se encuentran en esa situación y por qué.

El dato adquiere una dimensión particular por el contexto en el que se produjo parte de ese atraso. Marcelo Bailaque, quien estuvo al frente de uno de los juzgados federales rosarinos, es actualmente investigado en distintas causas por presuntas irregularidades vinculadas con su desempeño como magistrado. Entre esas investigaciones aparecen cuestionamientos por el tratamiento de expedientes relacionados con narcotráfico y por presuntas maniobras incompatibles con empresarios que tuvieron causas bajo su órbita.

La auditoría, sin embargo, deberá determinar caso por caso si existe alguna relación entre esas investigaciones y los expedientes ahora detectados. La acordada de la Cámara no atribuye responsabilidades y concentra la intervención inicial en la reconstrucción documental de los registros.

El problema apareció durante la transición entre el viejo sistema procesal y el modelo acusatorio, vigente en Rosario desde mayo de 2024. Con el sistema anterior, los juzgados federales concentraban el inicio y la dirección de las investigaciones. Con el nuevo esquema, esa función corresponde al Ministerio Público Fiscal.

El desfasaje se hizo visible precisamente al revisar las causas residuales del sistema anterior. Las fiscalías comenzaron a recibir expedientes que desconocían y que, en algunos casos, llevaban años registrados en los juzgados. El fenómeno se concentró en Rosario y, particularmente, en los juzgados 3 y 4.

La Cámara Federal decidió ahora reconstruir la situación desde los propios registros. Primero exigirá a los secretarios que expliquen las estadísticas. Después confrontará esa información con los listados fiscales y realizará el cotejo individual de las causas.

La cuestión que deberá responder esa auditoría no es solamente cuántos expedientes estaban mal contabilizados. También deberá establecer cuántas denuncias penales ingresaron a los juzgados, quedaron allí durante años y nunca fueron puestas en conocimiento de los fiscales encargados de investigarlas.

El resultado permitirá determinar finalmente si el desfasaje es una distorsión administrativa de las estadísticas o si, detrás de miles de expedientes que aparecen ahora, existió una acumulación de investigaciones que permanecieron sin trámite durante años.