Inquilinos Agrupados junto a Movida Ciudad elaboraron una calculadora para medir los gastos reales por hogar, con especial énfasis en el pago de alquileres y lo que se destina a cubrir deudas.
La canasta básica que mide el Indec carece de dos datos centrales que hacen a la vida diaria de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de todo el país. El organismo oficial de estadísticas no posee el registro de cuánto se paga, en promedio, por los alquileres ni tampoco calcula las actuales ratios de endeudamiento de los hogares. Sin esa información, cualquier medición de la pobreza por ingresos y ponderada según una canasta básica incompleta, presenta una información totalmente distorsionada.
Inquilinos Agrupados junto a Movida Ciudad elaboraron una calculadora de la canasta básica real para intentar una aproximación más fidedigna sobre los gastos más pesados para las familias. Del primer relevamiento realizado en función de 732 respuestas, surge que, de un ingreso hogareño promedio de 2.250.000 pesos, el 60% se va en el pago del alquiler y deudas. Entre lo que se paga de alquiler, deudas y alimentos, se iría cerca del 80% de un ingreso promedio hogareño de 2.250.000 pesos.
La canasta real
Del primer informe elaborado por Inquilinos Agrupados junto a Movida Ciudad sobresale que los dos principales componentes de una canasta familiar, el alquiler y el pago de deudas, no forman parte de las estadísticas oficiales. Según la respuesta de 732 personas, la erogación promedio de un alquiler ronda los 657.000 pesos. Para el conjunto de los ingresos dentro de un hogar (donde se supone que son varias las personas que aportan recursos), este guarismo representaría el 29,2% del total del ingreso promedio recogido en la muestra (2,2 millones de pesos).
Para el pago de deudas, tema crucial para las familias que no llegan a cubrir sus consumos mensuales, se destina cerca de 665.000 pesos mensual, el 29,5% del total de los ingresos. Entre ambas categorías, los hogares destinan el 60% del total de sus recursos. Este nivel de gastos en dos categorías claves para la vida actual debería contemplarse dentro de las estadísticas públicas para la mejor elaboración de políticas de ingresos.
El primer informe también arrojó que el gasto promedio en alimento es de 424.000 pesos, el 18,9% del total de ingresos reunidos. La segunda conclusión es que, de acuerdo a esta muestra, las familias gastan más en el pago de deudas que lo que destinan a la compra de alimentos. O que se deben endeudar para complementar lo que gastan en comida.
Entre lo que se paga de alquiler, deudas y alimentos, se iría cerca del 80% de un ingreso promedio hogareño de 2.250.000 pesos.
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El cuarto lugar en relevancia se lo lleva educación, con un gasto promedio de 217.000 pesos (9,7% del total de ingresos), seguido por el pago de los servicios de luz y gas (6,3% del total de los ingresos) y conectividad. En salud se paga un promedio de 187.000 pesos, el 8,7% del total de los ingresos.
El transporte, otro de los temas cuestionados en las últimas semanas por el encarecimiento de los pasajes y el fin del sistema de bonificación de la SUBE, insume cerca del 5,2% de los ingresos promedios declarados.
Crisis de ingresos
Este nivel de gastos no relevado por las estadísticas oficiales para medir, entre otras cuestiones, los umbrales de pobreza, indigencia y el valor que debería tener el salario mínimo vital y móvil se suma a otro conjunto de vulnerabilidades que hacen a la pauperización planificada de la vida (otra de las matrices del saqueo de la administración Milei).
De acuerdo al análisis realizado por el Instituto Argentina Grande (IAG), en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares para el primer trimestre del año, la tasa de desprotección laboral asciende al 45,2% del total de los ocupados. “Estas personas trabajan en una tarea sin aportes ni continuidad, sin capital propio ni estructura estable: una changa”, describió el IAG.
Si se amplía la mirada sobre el total de los ingresos declarados en la Encuesta Permanente de Hogares, la situación es mucho más complejo. La desprotección laboral está asociada a los magros ingresos promedio. Según el análisis realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina Claudio Lozano, durante este primer trimestre de 2026, los ingresos en promedio rondaron los $1.076.056 mensuales.
Esta cifra es mucho menor en el caso de los cuentapropistas, con ingresos promedio de 524.000 pesos, es decir un 51% por debajo de la media. En el caso de los asalariados informales, se alcanzaron ingresos promedio de 700.000 pesos, un 35% por debajo de la media.
La desprotección impacta fuerte en los jubilados y en los jóvenes. Milei está empujando a los jubilados a volver al mercado laboral ante la escasez de recursos. “Creció un 14% la masa de activos en esa edad en los últimos dos años producto de sus bajos ingresos y quienes se suman lo hacen en tareas muy precarias”, sostuvo el IAG.
En el caso de los jóvenes, la tasa de desprotección pasó del 53% en 2024 al 62% durante este año. “Los varones jóvenes perdieron 30.000 puestos en el sector público y 96.000 puestos en el sector privado protegido. Un total de 126.000 puestos de calidad menos. Parte de esta juventud que perdió su trabajo pasó a hacer changas y tareas precarias (lo que explica el crecimiento de 65.000 desprotegidos) y otros tantos engrosan las crecientes tasas de desempleo juvenil. La reconversión prometida no llega”, concluyó el Instituto Argentina Grande.